El juez que investiga al marido de la exdirectora de la Guardia Civil pide a Hacienda un informe de sus «movimientos»

No hay una conexión directa entra la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que se oficializaba este miércoles, y el hecho de que, por segunda vez, su marido esté siendo investigado dentro de una de las derivadas de los ERE andaluces: el 'caso Santana Motor'. Así lo sostenía la propia Gámez en su comparecencia pública de despedida y en esa misma dirección apuntan las informaciones judiciales que maneja El Debate sobre el estado de las pesquisas en las que, hasta la fecha, «no hay nada» lo suficientemente definitivo y contundente para acusar, formalmente, a Juan Carlos Martínez.

Y, sin embargo, no es menos cierto que la instrucción sigue el rastro de una serie de «movimientos financieros extraños» que podrían salpicar a Martínez, a sus hermanos Bienvenido y Manuel, y a dos terceros ajenos a la familia, a partir del cobro de unas ayudas públicas de la Junta de Andalucía por valor de 2 millones de euros. Para determinar si alguno de ellos pudo «haber tenido algún tipo de participación material en los hechos delictivos objeto de las actuaciones», el magistrado al frente del procedimiento ha encargado un total de tres informes técnicos diferentes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AET), a la Intervención General de la Junta de Andalucía y a los investigadores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF).

No será hasta entonces, con las conclusiones de los dictámenes en la mano, cuando el juez proceda a citarles como «investigados», para prestar declaración, en el marco de un procedimiento con todas las garantías para la «mejor salvaguarda de sus derechos constitucionales» como, por ejemplo, el de no declarar contra sí mismos, tal y como consta en la Providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el pasado 16 de marzo.

Por el momento, la Justicia sigue sobre la pista de la presunta concesión irregular de préstamos por un valor total de 36,1 millones de euros a una factoría de Linares, Santana Motor, por parte de la Agencia IDEA –vinculada a la Junta de Andalucía– para impulsar la fabricación de un nuevo modelo de vehículo todoterreno en dicha planta. Será cuestión de tiempo que el instructor del caso pueda confirmar si, como en un primer momento, apuntó la UDEF, en dicha operación pudo existir un «lucro injusto» tanto por parte del marido de la exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, como de dos de los cuñados de ésta, a través de la sociedad Job Management Liberty SL.

La Hacienda andaluza dispone, en buena medida, de la clave sobre el origen y el destino de los pagos realizados, en 2009, ya que, a pesar de las suculentas inyecciones de dinero público recibidas, la empresa automovilística ubicada en Jaén terminó cerrando dos años después, en 2011, con una deuda viva de más de 270 millones de euros.

Pase lo que pase, sobre la mesa del juez descansa la obligación de investigar varios presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación que podrían salpicar al marido de la exdirectora de la Guardia Civil, Juan Carlos Martínez, quien por aquel entonces era el director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA. Esto es, la entidad pagadora de los ERE declarados de forma irregular.