El CGPJ mueve ficha y apoyará la subida salarial de los jueces frente al Ministerio de Justicia ​

El próximo día 3 de mayo, el Ministerio de Justicia se sentará, tras más de cuatro años de sequía, con los representantes de los jueces para celebrar la Mesa de Retribuciones que canceló el pasado octubre, «sin explicaciones», pese a estar obligado por ley a una convocatoria anual. La cita no es una reunión cualquiera porque, a la luz de lo que ocurra las principales asociaciones profesionales de la Magistratura han avanzado su intención de arrancar una huelga indefinida el día 16 de mayo.

Ante tal escenario, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se ha celebrado este jueves aprobaba, por unanimidad, preparar una propuesta de revisión y actualización de los sueldos de jueces y magistrados, en un gesto de apoyo explícito a sus reivindicaciones. «La idea es asistir» y decirle al Ministerio que «como piden los jueces, debe cumplir la ley».

No en vano, el régimen retributivo de los miembros del Poder Judicial, «establecido en el artículo 403» de su Ley Orgánica, constituye «un elemento vertebrador de su independencia económica, íntimamente vinculada a la independencia en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que se consagra en el artículo 117.1 de la Constitución, y a la realización de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, función pública de especial importancia que está encomendada de forma exclusiva y excluyente a los jueces y magistrados» que lo integran, recoge el comunicado oficial con el que el Consejo ha movido ficha sobre la cuestión.

Y es que, por su propia naturaleza, el Consejo General del Poder Judicial tiene la misión de velar por los intereses de la Magistratura y garantizar la integridad e independencia de los Tribunales en el desempeño de su función de administrar Justicia. También corresponde al CGPJ recordar que el régimen retributivo de los miembros de la Carrera constituye un elemento configurador de su independencia económica, lo que impone «no sólo su regulación mediante una ley» concreta, sino «una especial atención en el tratamiento de esta materia, en consonancia con su posición institucional y el severo régimen de incompatibilidades que rige su actividad».

La ministra Pilar Llop podría convertirse en la primera y única contra la que se han manifestado, simultáneamente, los Letrados, jueces y fiscales, funcionarios y abogados

«El Poder Judicial desempeña un papel esencial en un Estado democrático de Derecho», afirmaban los vocales del CGPJ en su nota. Y es que, como ha señalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia de 2018, refiriéndose a jueces y magistrados, los Estados comunitarios tienen el deber, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, de garantizar la independencia de los miembros de los Poderes Judiciales nacionales, también en su dimensión económica.

«El hecho de que éstos perciban un nivel de retribuciones en consonancia con la importancia de las funciones que ejercen constituye una garantía inherente a la independencia judicial», recoge el pronunciamiento europeo en el que se apoyará el Consejo para respaldar, frente al Ministerio de Justicia, las reivindicaciones de los jueces y magistrados de nuestro país.

Tres vocales participarán en la reunión

La Mesa de Retribuciones contará, por lo tanto, el próximo miércoles 3 de mayo, con tres vocales designados por el Pleno del Consejo como interlocutores, junto a las asociaciones profesionales, ante el Ministerio que dirige Pilar Llop. José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán serán los encargados de presentar la propuesta de revisión y actualización de los sueldos y salarios de los miembros de la Magistratura para adecuarlas «a los principios, cuantitativos y cualitativos», previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Según ha manifestado el propio CGPJ, su trío de representantes acudirá a la cita con el propósito de «efectuar propuestas de revisión y actualización de las retribuciones de la carrera judicial conforme a los principios contenidos en la citada Ley 15/2003 mediante un sistema retributivo objetivo, equitativo, transparente y estable que reconozca, adecuadamente, la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados».

La huelga, latente

Aunque según ha podido saber El Debate, en el transcurso del Pleno de este jueves los vocales del Consejo han dejado a un margen la huelga –«todavía no declarada en firme»– que jueces y fiscales planean convocar el día 16 de mayo si fracasa la Mesa de Retribuciones del próximo lunes, lo cierto es que, una vez iniciada, es muy posible que tengan que pronunciarse sobre la misma en los mismos términos en los que ya lo hicieron en 2018.

En aquella ocasión, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) dirigieron al Consejo un escrito con un calendario de paros a través del cual le solicitaron la adopción de servicios mínimos.

El Consejo General del Poder Judicial resolvió, entonces, como lo había hecho en otras ocasiones, en 2011, 2012 y 2013 que ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni ninguna otra norma vigente atribuye a sus órganos la competencia «para establecer servicios mínimos, ni ofrecen soporte alguno para definir su contenido ni, en definitiva, su adopción».

La Comisión Permanente rechazó, por lo tanto, la procedencia de la adopción de servicios mínimos por su parte y todo apunta a que si finalmente en unos días se produce una declaración de huelga de los jueces y fiscales, el pronunciamiento seguirá la misma pauta.