Justicia pide a jueces y fiscales que aplacen la huelga pero se mantiene inmóvil en su oferta de 46 millones

Más de cinco horas de reunión y una negociación que se ha estancado en la oferta económica del Ministerio. Justicia pide a los jueces y fiscales un gesto de buena voluntad y que retrasen «un par de días» la convocatoria de huelga general notificada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por cinco de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales para el próximo dia 16 de mayo. La tercera reunión, este miércoles, arrancaba a las 16.00 horas con la propuesta en firme de 46 millones de euros para mejorar las retribuciones de los profesionales de la Magistratura de la que, según ha podido saber El Debate, el Departamento de Pilar Llop no se ha movido «, ni un céntimo». El Gobierno, sin embargo, ha pedido una prórroga a los portavoces de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales sentadas entorno a la Mesa de Retribuciones «para darles tiempo a redactar una nueva propuesta» de pacto en la que, sin embargo, sólo se incluirán «otros conceptos» diferentes del económico.

Un escenario en el que no se recupera, salvo parcialmente, la «pérdida de poder adquisitivo» que jueces y fiscales denuncian desde 2009. Los representantes de las entidades asociativas habían consultado a los suyos, en las últimas cuarenta y ocho horas, antes de consensuar una respuesta en unidad de acción al Ministerio. Y, por el monento, el conflicto colectivo sigue adelante.

Ya el pasado lunes, cuando tuvo lugar la segunda reunión de la Mesa de Retribuciones, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, aseguró en declaraciones a la prensa que este miércoles volverían para seguir debatiendo, «que es lo que toca», y asi lo han hecho.,

Carbonero incidió en que durante las negociaciones se ha hablado de mejoras «lineales y progresivas», dado que «el objeto propiamente dicho» de la reunión «no es tanto una cuestión monetaria, sino un problema de la estructura retributiva de la carrera». «Llevamos 20 años en los que no se nos ha llamado para nada», subrayó para luego aplaudir la decisión del Gobierno de convocar estos encuentros.

Sobre la huelga indefinida fijada a partir del 16 de mayo, el portavoz de la APM indicó que aún estaba «todo abierto» y que el parón todavía no se había desconvocado. La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, se pronunció en la misma línea y señaló que tras la reunión del lunes «nada» estaba «cerrado» y que había «muy buena voluntad y disposición por parte de unos y de otros de llegar a acuerdo». En especial porque la idea de una huelga general de la Magistratura y la Carrera Fiscal, en plena precampaña electoral, es «difícil de explicar».

La Mesa de Retribuciones se encara a su tercera reunión después de que el pasado 3 de mayo el equipo de Llop entregara a jueces y fiscales una propuesta económica sobre la que las asociaciones mostraron un «optimismo contenido» de cara a un posible acuerdo. No en vano, en todo momento han advertido que las posturas todavía estaban lo suficientemente «alejadas» como para hablar de plenas «satisfacciones».

Las fuentes consultadas por El Debate detallaron cómo la primera oferta de unos 44 millones de euros, posteriormente mejorada hasta los 46, era insuficiente ya que la cifra representa un escaso 6% de la pérdida del poder adquisitivo soportada por jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la misma era cercana al 20%.

A seis días de la huelga

A seis días de la fecha comunicada por jueces y fiscales al CGPJ para el arranque oficial de los paros indefinidos en la Justicia española para la Magistratura y el Ministerio Público, cabe recordar que los funcionarios de la Administración han notificado, a primera hora de la tarde, su decisión de arrancar con una huelga general a partir del próximo día 22 de mayo. Tan sólo un paso al frente del Departamento que lidera Pilar Llop y una oferta económica sobre la mesa podrían neutralizar el «colapso» que auguran los auxilios.

Así las cosas, tanto en las medidas de presión de los sindicatos como en el tono de las conversaciones con los jueces y fiscales, pesa el resultado obtenido por los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) –tras dos meses de huelga– un desembolso de 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 miembros de dicho Cuerpo.

Al margen de la propuesta económica inicial de 44 millones a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda han ofrecido a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión. Las asociaciones participantes no han alcanzado la «unanimidad» ni «una postura común» y definitiva para responder al Ministerio.