La Mesa del Congreso auxilia a Batet en su decisión de ocultar si Sánchez, Díaz y cuatro ministros tienen sobresueldos

Meritxell Batet ha impuesto la «ley del silencio» en la Mesa del Congreso, controlada por el Gobierno, para mantener en secreto los posibles sobresueldos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y de los ministros de Hacienda, Igualdad, Asuntos Sociales y Consumo; María Jesús Montero, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, respectivamente.

En una resolución a la que ha accedido El Debate, la Mesa muestra su respaldo a la decisión previa de la Secretaría General del Congreso, controlada por Batet, de esconder si Sánchez y hasta cinco ministros cobran un sueldo como miembros del Gobierno y, además, un «sobresueldo» mensual como diputados, bajo el concepto de «indemnización», que elevaría su retribución anual a una cifra cercana a los 100.000 euros.

El órgano, controlado por el PSOE y Unidas Podemos, se ampara en una supuesta «singularidad constitucional» de la Cámara para proteger algo tan elemental como el coste real para el erario de Pedro Sánchez y los ministros que, al ostentar también un escaño, pueden optar a un ingreso extra.

La resolución, en propiedad de este periódico y fechada a 18 de abril, reconoce que es de interés público conocer la totalidad del gasto que soporta la Cámara en beneficio de los diputados pero, a la vez, se niega a personalizarlos amparándose en la protección de sus datos individuales.

«Se considera que debe prevalecer la garantía de tal intimidad sobre el interés público a la divulgación, pues conocer las cuantías abonadas a cada uno de los diputados no es un dato necesario a efectos del control del gasto público de la Cámara en esta materia», argumentó Meritxell Batet a través de la Secretaría General del Congreso.

Los mismos partidos que exigen transparencia al Rey se niegan a explicar si hay ministros con dos ingresos mensuales distintos

Esta indemnización por vivienda, más conocida con el sobrenombre «dietas», se mueve en una horquilla de entre 1.959,62 euros mensuales para los electos por circunscripciones ajenas a Madrid, como es el caso de la andaluza Montero; y los 935,37 euros para los que fueron elegidos en la capital, como Sánchez, lo que supone un elevado montante extra que se sumaría a los 80.000 euros de media que cobra un miembro del Gobierno.

Sin embargo, no es posible conocer si los ministros acceden a ellos, o si por el contrario ha renunciado, ya que la Mesa ha optado por mantener el secreto más allá de los muros del Congreso.

El órgano en cuestión está compuesto por el presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios. En la actualidad, ostenta una mayoría de izquierda, con tres representantes del PSOE: la presidenta, Meritxell Batet; el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; y la secretaria segunda, Sofía Hernanz.

El grupo confederal de Unidas Podemos dispone de otros tres, que garantizan el control absoluto por parte del Gobierno: la vicepresidenta tercera, Gloria Elizo; el secretario primero, Gerardo Pisarello; y el secretario tercero, Javier Sánchez Serna.

La oposición, por el contrario, solo dispone de tres miembros en el órgano, en inferioridad: dos pertenecen al PP, Ana Pastor y Carmen Navarro, y uno a Vox, Ignacio Gil Lázaro. Al cierre de estas líneas, ambos partidos no habían confirmado si secundaron o no la resolución a favor de Sánchez, aunque su voto en todo caso era irrelevante a efectos prácticos.

En todo caso, la Mesa acordó, en una resolución rubricada por la directora de Asistencia Técnico-parlamentaria, Ángeles González, a la que ha accedido El Debate, no facilitar la información individualizada, ya que considera que «no es necesario revelar el dato personal de los diputados» pues se puede «obtener del resto de datos de los diputados que aparecen en la web de la Cámara», dando por buenas las cantidades consignadas en el 'Régimen económico y ayudas de los miembros de la Cámara'.

Todo indica que sí cobran

Es decir, no reconoce por escrito si las cobran o no, aunque de la resolución se puede inducir que es así, pues recalca que «la Cámara, en todas las ocasiones en las que ha sido consultada sobre retribuciones y ayudas económicas que perciben los diputados, ha proporcionado el enlace a este apartado», en referencia a una cifra total para el conjunto de los parlamentarios.

Además, asegura que «el dato identificativo del diputado, no es necesario para obtener la información» pues las retribuciones y su división por conceptos que ya están publicadas en la web «permiten saber al interesado, con una simple operación de cálculo, el importe total de las retribuciones del diputado».

De esta manera, intenta hacer creer que se puede «individualizar el importe que tiene derecho a percibir cada uno de los diputados que menciona, ya que, (…) la indemnización por la que se interesa se recibe por su condición de parlamentario, independientemente de otras consideraciones, diferenciadas según la circunscripción» por la que cada uno fue elegido.

Esto supone dar por hecho, de algún modo, que todos los diputados perciben todas las cantidades registradas en el régimen económico de la Cámara, lo que implicaría que, tanto el presidente del Gobierno como los ministros que son diputados, cobrarían dicha indemnización por vivienda. Además, impide saber si, como han asegurado en algunas ocasiones los miembros de Podemos, han renunciado a estas dietas.

De ser así, los miembros del Gobierno verían incrementada su nómina de forma notable, pese a que en algunos casos estos ministros ya tienen a su disposición una residencia propiedad del Estado. Es el caso del propio Sánchez, residente en la Moncloa, o de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que tal y como informó El Debate, «dispone de una zona privativa» en el propio ministerio, en la que además ha hecho una reforma integral de la cocina.

La negativa encabezada por Batet a explicar si hay o no sobresueldos se suma a la de los propios afectados a difundir sus nóminas o a detallar, en muchos casos, qué coste tienen para el erario las viviendas públicas que utilizan, de manera gratuita y con todos los suministros pagados.

Quienes sí lo hacen dan a conocer gastos de decenas de miles de euros en jardinería, menaje, reformas y hasta cocinas nuevas, como son los casos de las ministras de Hacienda, Transportes y Ciencia: Montero, García y Morant dedicaron entre las tres cerca de 200.000 euros a dejarse sus viviendas gratis a su gusto, a lo que hay que sumarle el coste cero que para ellas tiene la calefacción, el aire acondicionado, el agua o las comunicaciones.