El presidente del CGPJ niega haber solicitado informes para seguir en el cargo tras su jubilación obligatoria

No ha sido un Pleno ordinario cualquiera. El cónclave de este jueves en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha tornado complicado y hasta tenso, por momentos, a dos meses de la próxima jubilación de su presidente interino, el vocal de izquierdas Rafael Mozo. Mozo ha negado a preguntas de sus compañeros, y así lo ha hecho constar «expresamente» en el acta de la sesión, haber solicitado informes para justificar su continuidad en el cargo tras su salida obligatoria del mismo, el próximo 19 de julio, tras cumplir 72 años, la edad legal máxima permitida para los miembros del Poder Judicial en activo. Se irá en la fecha prevista no sin antes enfrentarse, según apuntan fuentes próximas a la institución, a la cuestión de los 151.000 euros, presuntamente, indebidos que cobró durante los primeros meses de su mandato, sin tener derecho a los mismos.

La paciencia de una buena parte de los miembros del Consejo ha llegado a su fin con el que todavía es su presidente quien, en las últimas horas, ha tenido que convocar y desconvocar un Pleno extraordinario sobre el pacto de retribuciones alcanzado entre las asociaciones de jueces y magistrados y el Ministerio de Justicia. Y todo porque la excusa para justificar «el ridículo mayúsculo con ese tema» fue «que no contestó» a los mensajes de quienes le pidieron durante el fin de semana, de manera informal, que se anticipase a los acontecimientos «porque la cobertura» móvil «no llega bien en Cuenca».

Así las cosas, y siempre antes del mes de julio, tal y como ha podido saber El Debate, tendrá que «celebrarse un Pleno extraordinario», para tratar la sucesión de la Presidencia de un CGPJ prorrogado, desde 2018, que verá ampliada su actual mayoría conservadora, sin grandes problemas y, «si no hay ningún movimiento extraño» con un nuevo presidente, del mismo signo, el catedrático de Derecho Civil Vicente Guilarte.

Y es que antes del verano ya serán sólo 16 los miembros en activo del órgano, de los 20 que deberían conformarlo en circunstancias ordinarias, y el balance total de vocales quedará seis a diez a favor de los designados, por última vez hace cinco años, a propuesta del Partido Popular, a la espera de una renovación que no parece que vaya a consumarse, pese a las advertencias de Europa, antes de las próximas elecciones generales de final de año.

Fracasa la votación de las retribuciones

Tampoco el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha alcanzado un consenso para pronunciarse sobre el acuerdo de adecuación de retribuciones de los jueces y magistrados firmado, el pasado martes día 23, por el Ministerio de Justicia y tres de las cuatro asociaciones profesionales, al no haber alcanzado la mayoría absoluta necesaria para ser aprobada ninguna de las dos propuestas sometidas a votación.

La primera de ellas ha sido presentada por el vocal Gerardo Martínez Tristán con el siguiente texto: «En la medida en que el CGPJ no ha sido convocado a la Comisión prevista en la disposición adicional primera de la Ley 15/2003 celebrada el pasado 23 de mayo para refrendar los acuerdos a los que se había llegado en las sesiones anteriores, considerar que la formación de la voluntad del órgano no se ajustó a lo dispuesto en la ley, lo que constituye un vicio esencial; y, por ello, no refrendar aquellos acuerdos».

«Entender que la subida del complemento de destino propuesto por los Ministerios es positiva, si se entiende como un principio de adecuación de las retribuciones, pero que solo con ella no puede considerarse que la propuesta refleje la adecuación de la retribución a la responsabilidad del ejercicio de la jurisdicción y a los principios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley 15/2003 y, por ende, no contribuye a la independencia económica, como instrumento de la independencia judicial, a los que se refiere la LOPJ y ha sido reseñada por las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)», ha concluido.

Aunque ha recibido cinco votos a favor –los de Ángeles Carmona, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart–, los diez en contra de Nuria Díaz, Roser Bach, Mar Cabrejas, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Juan Manuel Fernández, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte y Rafael Mozo-, han frustrado el éxito del pronunciamiento. Los vocales Enrique Lucas y Wenceslao Olea han votado en blanco.

Tras confirmarse el rechazo, los vocales que han votado a favor de la misma anunciaban que presentarán el texto como voto particular a la decisión mayoritaria. Por su parte, los vocales Nuria Díaz, Juan Martínez Moya y Juan Manuel Fernández harán una explicación del sentido de su voto.

La segunda de las opciones que recaía en el próximo presidente del órgano, Vicente Guilarte, no ha corrido mejor suerte. El jurista considera que «habiendo intervenido el CGPJ en las reuniones de la Mesa de retribuciones, entendemos que debería haber sido convocado para el refrendo del acuerdo» suscrito entre Justicia y los representantes de los jueces, magistrados y fiscales.

En este caso, han sido ocho los avales recibidos por parte de Ángeles Carmona, José María Macías, Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte. Pero los siete en contrario más los dos en blanco de las vocales Roser Bach y Mar Cabrejas han hecho insuficiente el respaldo para validar la propuesta.