García Ortiz veta a los fiscales de Sala del Supremo en la toma de posesión de Delgado en Memoria Democrática

Más leña al fuego. Si la designación de Dolores Delgado como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática provocó una agria polémica en el seno de una Carrera muy molesta con los desmanes «autoritarios» de su actual titular, Álvaro García Ortiz, la toma de posesión de la que fuera su predecesora en el cargo no parece que vaya a contribuir en suavizarla.

El acto formal por el que Delgado accederá a su nuevo puesto, y que tendrá lugar este viernes 16 de junio en la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), se celebrará «a puerta cerrada». Según ha podido saber El Debate en primicia, los fiscales de Sala del Tribunal Supremo no han sido invitados por García Ortiz . Algo que «no había ocurrido nunca», hasta ahora, «por muy polémico que fuese el nombramiento», aseguran en el seno de la institución.

A diferencia de lo que sucediera en las dos ocasiones anteriores en las que Delgado ha tenido que presentarse ante sus excompañeros de profesión, una vez oficialmente designada como fiscal general, en 2020, y como titular de la Sala de lo Militar del Supremo, en 2022, en ésta nueva cita, la intercesión de su sucesor y amigo, García Ortiz, le ha evitado el trago de exponerse ante quienes más han criticado esta nueva maniobra de promoción a su favor. Fuentes próximas a la institución califican la actuación del fiscal general de «vergonzosa» e «indignante». «Querrán pasar desapercibidos, algo imposible», añaden.

No en vano, Delgado ha llegado al último trámite antes de estrenarse en sus nuevas funciones, en una plaza de nueva creación diseñada «a su medida», de la mano de un Pleno extraordinario anticipado del Consejo Fiscal, tras el rechazo de hasta dos peticiones de suspensión del mismo –a instancia de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)–y la negativa del propio García Ortiz para abstenerse en la votación.

Tampoco sirvió de nada que siete de los vocales del órgano consultivo se negasen a informar sobre el perfil de los candidatos a dicha vacante, una vez se les denegaba la posibilidad de posponer el cónclave para resolver la cuestión preliminar de la «incompatibilidad» de funciones de la «elegida» con la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, abogado especialista en Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Curiosamente, él fue uno de los ideólogos de la plaza en cuestión que aglutina, como mínimo, dos de las competencias contenidas en el nuevo cargo de la que fuera exministra de Justicia.

Pese a que el Consejo de Ministros fue informado de este extremo y pese a la petición expresa de dos de las entidades profesionales para que, atendiendo a la anomalía de una designación «nula de pleno Derecho», no confirmase la misma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez nombró a Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática.

De esta forma, la última palabra sobre la polémica designación la tendrá la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ya que, una vez la misma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el fiscal antidroga Luis Ibáñez y aspirante a dicho cargo, impugnará el Real Decreto ministerial ante el Alto Tribunal. Una posición a la que se sumarán, con casi total probabilidad, la Asociación de Fiscales (AF) y la APIF.