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08 de septiembre de 2024

Dolores Delgado, exfiscal general del Estado y exministra de Justicia con Alvaro García Ortiz, su sucesor en el cargo

Dolores Delgado, exfiscal general del Estado y exministra de Justicia con Alvaro García Ortiz, su sucesor en el cargoEuropa Press

Causas Pendientes

Los mandatos de Dolores Delgado y García Ortiz sumen a la Fiscalía en la mayor crisis de su historia

El estilo de «autoritario» de ambos fiscales generales, con decisiones y nombramientos polémicos, han generado un amplio malestar entre los miembros de base de la institución

Una Fiscalía en claro desprestigio. Desde que Álvaro García Ortiz se convirtiese, formal y plenamente, en nuevo fiscal general del Estado –tras la dimisión de Dolores Delgado, por razones de salud, y amadrinado por ésta, en julio de 2022– el Ministerio Público se ha resentido, todavía más, por la «falta de imparcialidad» de quienes, al frente del mismo, han supuesto un grave problema para la imagen de la institución. La polémica llegaba a la cúspide de la Fiscalía de la mano de la que fuera ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que su sucesor se comprometía a abordar su nueva etapa como «continuista» en el seno de un Ministerio Público que, en nuestro país, está a cargo de la defensa de la legalidad en el procedimiento judicial.

No en vano, la llegada de Delgado al Ejecutivo socialista, su participación en los actos de campaña del PSOE y su inclusión en las listas de diputados del partido, fueron objeto de agrias críticas, como lo fue el hecho de que García Ortiz hubiese incurrido en los mismos comportamientos en actos del socialismo gallego, antes de su ascenso al número dos del escalafón de la Carrera, aupado por Delgado como secretario técnico, las veces fiscal general en la somba, durante su mandato.

Tal fue así que, si Delgado fue duramente criticada por sus maniobras en el cargo, la falta de motivación en los nombramientos y la mecánica de una Fiscalía que, tras ella, quedaba sumida en la «peor» etapa de la democracia, la llegada del que fuera su mano derecha y brazo ejecutor en las labores técnicas al frente de la misma, tampoco mejoraba el escenario.

El favor con el que Álvaro García Ortiz premiaba a su mentora, hasta en dos ocasiones en el último año, consolidando primero su ascenso a fiscal de Sala de los Militar del Supremo –con seis votos en contra y tan sólo cuatro a favor, en el Consejo Fiscal, estos últimos de cargos nombrados por la propia Delgado en su anterior etapa– y, recientemente, esta misma semana, como titular de la nueva plaza de Memoria Democrática, bajo sospechas de «conflicto de intereses» y con siete consejeros al margen del despropósito, no han hecho más que contribuir a la indignación entre los fiscales de base.

Hasta los más afines se han pronunciado en contra de las «impúdicas» maniobras en las que ambos han sido cómplices. Y, en las últimas horas, tras consumarse el nuevo despropósito, varios de los candidatos al puesto de Memoria, se han dado de baja de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto Delgado como García Ortiz antes de su entrada política en la cúpula de la Fiscalía.

Al cargo aspiraban el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro; el titular Antidroga Luis Ibáñez y el fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Castresana. Este último ha encabezado el pelotón de bajas en la UPF tras defender la posición de García Ortiz que se negaba, hasta en tres ocasiones distintas, a suspender o aplazar el Pleno extraordinario de este jueves para analizar la idoneidad de Delgado, tras las dudas de «incompatibilidad» suscitadas por la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, como abogado especialista en Derechos Humanos.

El rodillo de Delgado y García Ortiz ha sido tal que, entre los dos, han conseguido situar más de una veintena de fiscales de Sala, de entre los miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –que cuenta con 225 asociados en total– y a la que ellos mismos pertenecieron antes de su entrada en política, en la cúpula de la Fiscalía.

Frente a esta cifra, tan sólo una decena de los 36 representantes de la máxima categoría del Ministerio Público pertenecen, hoy por hoy, a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) –con 578 asociados– y, otros tantos, son puestos en mano de fiscales no afiliados a ninguna asociación. Quince de de la UPFlos más de veinte profesionales situados en la cúspide, gracias al tándem Delgado-García Ortiz, han sido promocionados pese a su juventud y escasa formación técnica en las áreas de referencia.

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