Conde-Pumpido entra en campaña electoral: el presidente del TC incluye la parálisis del CGPJ en el próximo Pleno

El varapalo de Europa al Tribunal Constitucional que se hacía público esta semana al hilo de la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prorrogado desde 2018, ha sido la excusa del presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, para tratar de colar por la puerta de atrás un asunto con el que afear al Partido Popular su posición de bloqueo en la renovación pendiente del Consejo.

Así las cosas, aprovechando la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la que se declararon vulnerados los derechos de un total de seis magistrados españoles que aspiraban a incorporarse como vocales del CGPJ, y cuyas expectativas profesionales se vieron frustradas por la inacción de Congreso y Senado, el jurista afín al Gobierno de Pedro Sánchez incluía, en las últimas horas, una adición al orden del día de la Sala Primera, comunicada el 29 de junio de 2023, entre el conjunto de los asuntos inicialmente previstos para la reunión del próximo lunes 3 de julio.

Según ha podido saber El Debate en primicia, Conde-Pumpido ha incorporado in extremis –en el apartado B.1 de la convocatoria «Asuntos a resolver por Auto en primera deliberación»– el recurso de amparo 4834-2020 promovido por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y otros, pese a que ya fue inadmitido por providencia de la Sección Primera de 28 de abril de 2021, al entender que el mismo había sido presentado fuera de plazo. Además, por una providencia posterior, del 1 de junio de 2021, también se les denegó la aclaración solicitada sobre la providencia de inadmisión que es firme.

Cabe recordar que, en su petición, los recurrentes de la AJFV denunciaban que desde que tuvo entrada en las Cortes Generales la lista de candidatos remitida por el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para la renovación de este órgano constitucional habían transcurrido más de dos años sin que se hubieran convocado los plenos del Congreso y del Senado para proceder a la votación y nombramiento de los seis vocales del turno judicial por cada Cámara.

Es decir, los afectados impugnaban de manera directa la inactividad u omisión de las Cortes Generales en el cumplimiento de su deber de renovación de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial. Un asunto sobre el que, hace unos días, ha recaído la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de junio de 2023, caso Lorenzo Bragado y otros c. España, que por 4 votos contra 3 estimó la demanda de los recurrentes por vulneración del art. 6.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), en relación con la decisión de inadmisión del recurso de amparo decretado, previamente, por el TC español.

Por la misma diferencia de votos, en su punto quinto, la sentencia del Tribunal Europeo estableció para los seis magistrados perjudicados que «la declaración de una violación» de sus derechos constituía «por sí misma satisfacción equitativa suficiente para cualquier daño no pecuniario sufrido por los demandantes». Unos demandantes que tan sólo habían solicitado un euro de indemnización para cada uno de ellos y cuyo deseo, en este punto, fue desestimado por el TEDH en base al anterior argumento.

Ahora, según la información a la que ha tenido acceso El Debate, en el auto que Conde-Pumpido pretende incorporar en la deliberación de la Sala Primera del próximo lunes se propone la anulación de oficio de la referida providencia de la Sección Primera de 28 de abril de 2021, y la admisión a trámite del recurso de amparo 4834-2020, entonces rechazado.

Tres magistrados exigen su retirada

Un escenario al que se oponen tres de los magistrados que integran la Corte de Garantías que ya han solicitado a Conde-Pumpido que dicho asunto sea retirado del orden del día de la Sala Primera de la Corte, del lunes 3 de julio de 2023, «en atención a que no existen razones de urgencia para debatir el auto que se propone».

No en vano, «el auto propuesto fundamenta la decisión de revocar la providencia de inadmisión en el fallo de la citada sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de junio de 2023, caso Lorenzo Bragado y otros c. España. Sin entrar en este momento en la discusión de si de esa sentencia se deriva para este Tribunal la obligación de darle efecto interno, es lo cierto que dicha sentencia no es todavía firme, por cuanto es susceptible de recurso ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el plazo de tres meses, en los términos del art. 43 CEDH».

Solicitamos que el asunto en cuestión sea retirado del orden del día de la próxima Sala PrimeraEnrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo EnríquezMagistrados del Tribunal Constitucional

Sin embargo, Concepción Espejel, Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo consideran que la materia de fondo del asunto, que se refiere a la renovación del CGPJ «es una cuestión sujeta al debate público entre las fuerzas políticas, incluso en el periodo electoral en el que ahora nos encontramos tras la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. En fin, resulta igualmente notorio que es práctica consolidada de este Tribunal no interferir en los procesos electorales en curso con la deliberación de asuntos que pudieran tener incidencia en tales procesos».

Más aún, a la vista de que la sentencia del TEDH ha sido aprobada por un estrecho margen de cuatro votos frente a tres, por lo que «cabría incluso preguntarse si no sería conveniente que el Tribunal Constitucional, en cuanto interpelado» por la decisión europea, «solicitase al Ministerio de Justicia que instruyese oportunamente a la Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que interpusiese ante la Gran Sala el recurso a que se refiere el citado art. 43 CEDH», han apuntado los tres magistrados críticos.

«No debe olvidarse que, como señala el art. 4 LOTC, el Tribunal Constitucional adoptará cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicción», han añadido en su texto.

Arnaldo, Espejel y Enríquez han hecho constar a Conde-Pumpido, también, cómo «el recurso de amparo que fue inadmitido por la providencia de la Sección Primera de 28 de abril de 2021, se interpuso contra la inactividad u omisión de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) de proceder a la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuya mandato expiraba el día 4 de diciembre de 2018».

«Es notorio que en este momento no se ha procedido aún a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato debía de haber expirado en la citada fecha», apuntan. Y, precisamente, por esto, «pocas dudas pueden caber de que éste es precisamente uno de esos asuntos con incidencia más que evidente en el debate político, a la vista de las distintas posturas mantenidas reiteradamente por los partidos y los grupos con representación parlamentaria, que muestran las dificultades para alcanzar el necesario acuerdo de las Cámaras para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial».