La última promesa incumplida de Sánchez: «traer de vuelta» a Puigdemont antes del fin de la legislatura

Durante el cara a cara celebrado, en 2019, por Pedro Sánchez y Pablo Casado, durante la campaña electoral del 10-N, el socialista reprochó, públicamente, al popular que bajo un Gobierno de su partido fue con el que el ex presidente de Cataluña se había escapado del país: «A usted, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia española».

Una promesa que, sin embargo, más de tres años y medio después continúa pendiente y que, pese a las recientes sentencias europeas dictadas a favor de la causa judicial española, y en contra del político separatista, podría tardar todavía un tiempo en cumplirse. De aceptarse las medidas cautelares solicitadas en el recurso anunciado por su defensa contra la resolución del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se retrasará, al menos en unos meses, la fotografía más buscada de los últimos años.

Sea como sea, la realidad es que la vuelta de Puigdemont se producirá, gracias a Sánchez, en unas condiciones mucho más favorables de lo que, inicialmente, planteaba el Supremo que, en 2018, procesó al expresidente catalán y a sus exconsejeros por un doble delito de sedición y de malversación agravada. Desde la reforma del Código Penal a la carta, con el que el Ejecutivo socialista logró el apoyo de Esquerra Republicana (ERC) a sus últimos Presupuestos Generales del Estado, el político separatista sólo está procesado por la malversación de fondos públicos.

No en vano, el juez Pablo Llarena, instructor del juicio al procés, adaptó, el pasado mes de enero, la calificación jurídica de la acusación que pesa sobre los responsables políticos del referendum inconstitucional del 1-O. El magistrado de la Sala Penal del Supremo desestimó, además, por segunda vez, en marzo de este mismo año todos los recursos de reforma planteados contra su decisión de aplicar cualquier beneficio penal asociado a la malversación suavizada.

Ahora, a la espera de que la Fiscalía inste la reactivación de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) que permita poner en marcha el procedimiento para exigir a Bélgica la extradición de Puigdemont, Clara Ponsatí –sobre quien ya pesa una orden interna de puesta a disposición judicial, tras negarse a declarar de manera voluntaria por desobediencia, un delito que no conlleva pena de prisión-.

Así las cosas, Puigdemont ha regresado a la casilla de salida en la que se encontraba antes de acceder a la condición de eurodiputado tras levantarse, de acuerdo con la decisión del TGUE, su inmunidad. Lo que significa que, una vez activa la euroorden no podrá salir de Bélgica –como sí hiciera en su día para visitar Alemania y Cerdeña, sin consecuencias sobre su situación personal– sin arriesgarse a ser detenido por ello. Precisamente, el precedente sentado por la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) al admitir, en julio de 2018, la extradición del expresidente catalán por malversación complicad mucho una futura y eventual negativa de las autoridades belgas para devolverlo a España.