La UE necesita una política medioambiental dialogada, eficaz y realista

Europa está actuando contra el cambio climático, tomando medidas y obteniendo resultados tangibles. Desde el Partido Popular Europeo nos sentimos orgullos de estar impulsando en la Unión Europea una política medioambiental eficaz y realista. Creemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de nuestra generación y debemos combatirlo con diálogo, rigor y unidad. Precisamente por eso rechazamos la actual propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza. Necesitamos trabajar en una nueva ley que tenga en cuenta a todos y que esté basada en la realidad en la que vivimos.

La polémica sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza ha puesto de manifiesto una profunda división entre los grupos de izquierdas que criminalizan a agricultores, ganaderos y pescadores responsabilizándolos del cambio climático, y grupos como el Partido Popular Europeo, que defendemos que el sector primario es el que mejor cuida del medio rural y defendemos que la política medioambiental tiene que estar consensuada con ellos, con los que viven del campo y para el campo. El debate, que se ha enmarcado falsamente como una oposición entre partidarios y enemigos de la naturaleza, trata en realidad del impacto de las políticas de cambio climático en la vida de los europeos.

La vehemencia de las acusaciones contra nosotros así lo refleja. Después de que tres comisiones del Parlamento Europeo (Agricultura, Pesca y Medio Ambiente) rechazaran la propuesta de Ley de Restauración de la Naturaleza, la izquierda nos ha llamado el movimiento Trump europeo, cuando son ellos quienes no aceptan el legítimo resultado del parlamentarismo. Lo que recuerda a la negativa de Trump a aceptar el resultado electoral en las elecciones estadounidenses. Es, precisamente, la misma narrativa que tiene Pedro Sánchez: si no estás de acuerdo conmigo y criticas mis políticas, no eres un demócrata. Desde el PP criticamos que este es un discurso absurdo y extremadamente preocupante para el futuro de nuestra democracia parlamentaria en Europa.

El objetivo de la ley es devolver la naturaleza a su estado en 1950. Reta a los gobiernos locales y regionales a hacer lo imposible: hacer retroceder 70 años de cambios en la naturaleza en unos 25 años. Estos objetivos van mucho más allá de los compromisos internacionales que firmamos y quiere alcanzar este objetivo reduciendo las zonas de producción terrestres, forestales o marinas sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas.

El problema es que no sabemos qué zonas se verían afectadas y la Comisión Europea se niega a decírnoslo. Lo que sí sabemos es que la definición es tan amplia que podría afectar a casi todo el territorio europeo y tendría consecuencias masivas para la actividad agroalimentaria y la planificación, así como para los permisos que han de conceder autoridades locales y regionales.

El principal instrumento que propone la ley es reducir las zonas productivas terrestres, forestales y marinas para permitir la restauración, una idea que obliga a los agricultores a no utilizar el 4 % de sus tierras, lo que reduciría la producción de alimentos, haciendo subir los precios. De hecho, esta retirada de tierras ya la contempla la Política Agraria Común y fue interrumpida inmediatamente cuando la invasión rusa de Ucrania amenazó la seguridad alimentaria mundial. Nuestros agricultores deben producir todo lo posible para ayudarnos a absorber las consecuencias negativas de la guerra.

No podemos ponerles más palos en las ruedas cuando ya se enfrentan a enormes dificultades. Menos, en un contexto en el que los europeos ya estamos sufriendo una inflación desmedida. En algunos países europeos como España, los precios de los alimentos han subido más de un 20 %. En estas circunstancias es sencillamente irresponsable reducir de cualquier manera la producción de alimentos. En la Ley de Restauración de la Naturaleza, la Comisión propone reducir las zonas productivas terrestres, forestales y marinas en un 10 % y la Comisión admite que esto reducirá la producción de alimentos. Nos negamos a aceptarlo.

Las consecuencias negativas de la ley serían muchas a lo largo de toda Europa. Podríamos perder el 25 % de la producción pesquera, a pesar de los grandes avances que ha hecho el sector en la protección del medio marino. En Francia, Portugal y España significaría dejar la madera muerta en el suelo de los bosques, aumentando el riesgo de incendios forestales. También se dificultaría la expansión de la energía renovable en un momento en el que Europa apuesta por la descarbonización.

La Ley de Restauración de la Naturaleza tiene buenas intenciones, pero la realidad es que sería un desastre para las comunidades rurales, los agricultores y pescadores y las autoridades que tuvieran que hacer frente a las consecuencias legales. Por eso estamos convencidos de que al votar en contra de la propuesta de la Comisión estamos defendiendo el interés general de los europeos. Nos basamos en la evidencia científica y en la realidad social y económica que vivimos cientos de millones de personas en Europa. Pedimos a la izquierda que desista de su empeño de cargar al sector primario con las culpas del cambio climático y a la Comisión Europea que proponga una nueva Ley de Restauración de la Naturaleza dialogada, eficaz y realista.