Supremo y Tribunal de Cuentas empañan el posible pacto de Sánchez con Puigdemont para volver gratis a España

A medida que pasan los días desde el pasado 23-J se ha ido apagando el mensaje triunfalista del PSOE de Ferraz la noche electoral en la que los socialistas se presentaban como ganadores de unos comicios en los que, en realidad, fueron la segunda fuerza política por detrás del PP, que obtuvo, en solitario, catorce escaños más que su inmediato rival.

Más allá de las conversaciones de ambos bloques ideológicos, para tratar de formar Gobierno antes que el contrario, en el plazo legal previsto para ello, la Justicia sigue su curso contra el principal protagonista del laberíntico y endemoniado escenario político que han arrojado las urnas, Carles Puigdemont. Así las cosas, Supremo y Tribunal de Cuentas –donde será interrogado como demandado en el marco del proceso contable señalado el próximo 17 de noviembre– tendrán un papel fundamental en la responsabilidad penal y administrativa del prófugo separatista de quien, a priori, parece depender el futuro de todo un país del que, paradójicamente, se quiere independizar. Una realidad que, al margen de las promesas ilimitadas, Pedro Sánchez deberá tener en cuenta para negociar.

El Supremo reclama judicialmente a Puigdemont desde 2018, año en el que el que fuera presidente de la Generalitat con Junts, abandonó suelo español fugándose dentro del maletero de un coche que cruza la frontera de Francia sin papeles en la guantera.

El Alto Tribunal ha dictado, y retirado, varias órdenes de detención sobre el político separatista, tanto europeas (OEDE) como internacionales, pero han sido varios los tribunales comunitarios –el de Schleswig-Holstein, en Alemania y el de Apelación de Sassari en Cerdeña, Italia– que descartaron su entrega a la espera de un doble pronunciamiento: el del Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) que tendrá la última palabra; y, el Tribunal General (TGUE) que, al igual que el anterior, quitaban la razón al todavía hoy europarlamentario sobre una inmunidad que ha utilizado, hasta la fecha, para eludir su regreso a España.

El tiempo, sin embargo, juega en contra de Puigdemont al que tan sólo le queda un posible recurso ante el TJUE, que podrá interponer hasta el próximo mes de septiembre y que de no significar la adopción de medidas cautelares, acelerará su vuelta a nuestro país para ser juzgado por desobediencia y malversación agravada por el referéndum inconstitucional del 1-O. El juez instructor del Supremo encargado de la causa del procés, Pablo Llarena, esperará la decisión del órgano comunitario antes de reactivar los mecanismos legales para su puesta a disposición judicial, pese a que la Fiscalía opina que deberían ponerse en marcha ya.

Sea como fuere, Puigdemont está abocado a una futura y no tardía entrega a España por los delitos cometidos y a sentarse en el banquillo para responder por los mismos. Tanto él como el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, son conscientes de este último extremo por el que ha de pasar, necesariamente, el prófugo catalán antes de asomarse a la posibilidad de un indulto de las penas de cárcel a las que se enfrenta y que, en todo caso, supondrían una ineludible estancia en prisión provisional desde su llegada hasta el comienzo del juicio oral. Una idea que fue, precisamente, la que motivó su huida 6 años atrás.

Puigdemont tendría, y Sánchez lo sabe, que ser juzgado y condenado antes de beneficiarse de un hipotético indulto que requeriría una condena previa ya que la posibilidad de amnistiarle se aleja de los parámetros constitucionales, por mucho que haya sido una de las exigencias previas de su abogado, Gonzalo Boye, tanto para él como para otros 4.000 implicados en el procés. Una posición de salida de máximos en las negociaciones para el apoyo a la investidura del todavía presidente del Gobierno en funciones.

El dinero del procés, la clave final

Por su parte, en junio de este mismo año, el Tribunal de Cuentas fijaba el 17 de noviembre como la fecha clave para la celebración de la vista fiscalizadora relativa a los gastos de la Generalitat para la promoción exterior del procés, en el denominado caso Diplocat.

En dicha fecha un total de 35 ex altos cargos y funcionarios del Gobierno autonómico -Carles Puigdemont y Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, su exconsejero de Acción Exterior, Raül Romeva, y otros seis antiguos miembros del Ejecutivo catalán, entre ellos- rendirán cuentas, ante el departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento del TC, por su presunta responsabilidad contable por valor de 3,4 millones de euros, si atendemos a los cálculos de la Fiscalía. La acusación ejercida por Sociedad Civil Catalana eleva la cifra a 5,3 millones en total.

La principal novedad respecto de los datos conocidos hasta la fecha es que, finalmente, se ha admitido el interrogatorio de Puigdemont, como demandado en el proceso contable, discutida en la audiencia previa celebrada a finales del año pasado, ya que el Tribunal ha descartado que, a varios de los investigados, se les reconociera la inmunidad que, según sus defensas, deriva de su condición de eurodiputados.

Una condición que, de mantenerse vigente hasta entonces, pendiente de la decisión final del TJUE sobre la ejecución de la entrega de Puigdemont a España, podría operar, en todo caso, en la jurisdicción penal, pero no el marco de causas donde lo que se persigue es la devolución de dinero público supuestamente utilizado de forma irregular para promover tanto el referéndum del 1-O como la acción de propaganda exterior de la Generalitat a favor del proceso independentista.

Sánchez es consciente de todo ello. Y de cómo, desde su arranque, la actuación del Tribunal de Cuentas contra los separatistas catalanes causó fuertes tensiones políticas, porque desde los círculos del independentismo catalán se entendió el procedimiento fiscalizador como una herramienta orientada a menoscabar, sin justificación, el patrimonio, los bienes y propiedades personales de los líderes del procés.

Fue el propio órgano el que terminó por admitir que los demandados se valieran de los avales de la Generalitat para hacer frente a la supuesta responsabilidad económica que se les exige, una vez que se hubo renovado el TC con un pacto entre PSOE y PP. La maniobra del Gobierno de Sánchez con el entonces presidente de los populares, Pablo Casado, garantizó a los expedientados la posibilidad de tener que hacer frente a las fianzas que se les reclamaban por su responsabilidad conjunta y solidaria en el procedimiento.

Ahora, el líder de los socialistas tendrá que moverse con pies de plomo durante las negociaciones con Junts y los interlocutores de Puigdemont en un terreno más que pantanoso para sus intereses.