El Tribunal de Cuentas seguirá reclamando el dinero malversado en el 'procés' pese al intento de Sánchez por evitarlo

de poco o de nada servirán a Pedro Sánchez los intentos por satisfacer las aspiraciones legales de sus socios de legislatura de Esquerra (ERC) en relación al procés. Ni la reforma del Código Penal a la carta fraguada a la medida de las exigencias de los sediciosos catalanes para suprimir el delito por el que Oriol Junqueras y varios exconsejeros fueron condenados en el Supremo, ni los retoques a la malversación que se presentará –vía enmienda al texto legal modificado– este viernes en sede parlamentaria, evitarán la reclamación en curso contra más de veintiocho políticos y ex altos cargos de la Generalitat por su responsabilidad en el desvío de fondos públicos de todos los españoles para su proyecto de independencia unilateral. El Tribunal de Cuentas avanza, implacable y ajeno a las maniobras del Gobierno, en el procedimiento por el que el órgano fiscalizador está llamado a recuperar para el erario público los más de 3,4 millones de euros presuntamente malversados por los cabecillas del 1-O para preparar la consulta inconstitucional celebrada en otoño de 2017. «La acción contable continuará», pase lo que pase con la rebaja de la malversación, han confirmado a El Debate fuentes próximas al órgano fiscalizador.

No en vano, la función del Tribunal «más allá de si los hechos cometidos para desviar fondos públicos», hacia un fin diferente de aquel para el que fueron aprobados, «es delito o no», pasa por «tratar de recuperar» el importe malversado por los líderes separatistas del procés.

«La base de la actuación en el procedimiento de naturaleza civil» se asienta en «el daño causado a las arcas públicas» por una mala gestión de sus responsables directos «incluso aunque no haya una condena penal» contra ellos, explican los expertos conocedores del caso. Un escenario similar al actual que ya cuenta con el precedente de la consulta plebiscitaria celebrada el 9-N, de 2014, también en Cataluña, por valor de los 5 millones de euros reclamados en aquella ocasión.

Así las cosas, la audiencia previa señalada el próximo día 16 de diciembre en el TC, tras quedar rechazados todos los recursos planteados de arranque por las defensas de los 28 investigados, seguirá su curso para tratar las cuestiones procesales formuladas por los demandados por un total de 3,4 millones de euros presuntamente destinados por el entonces presidente del Govern Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los suyos a la promoción exterior del procés, a través del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat).

Aunque la aceptación de los avales de la Generalitat a favor de los procesados para evitar las millonarias fianzas que Cuentas les pedía que depositaran, alivió un poco la tensión de la causa el pasado mes de febrero, ahora, en plena reforma del delito de sedición por parte del Gobierno –que mira de reojo a la malversación– la cita se presenta, por el momento, inevitable en los dos frentes hacia los que se dirige la reclamación del Tribunal fiscalizador.

Por una parte, recuperar la parte del dinero que la sentencia firme dictada por el Supremo tras el referéndum ilegal del 1-O castigó, expresamente, como malversación medial quedando en manos de la Administración la potestad de cuantificar el importe de la misma y el encargo de reclamarlo para reintegrarlo al erario público. Por otra, exigir la devolución de las cantidades destinadas por el separatismo, desde sus respectivos cargos al frente del Ejecutivo catalán, para promocionar más allá de nuestras fronteras el relato victimista de la independencia territorial, a través de una red de embajadas catalanas abiertas en el extranjero y coordinadas por el Diplocat.

El TC admitió, en este sentido, las dos demandas planteadas por la Abogacía del Estado y la entidad Sociedad Civil Catalana (SCC), respectivamente, en el marco de la instrucción en curso y fijaba la primera vista del juicio contable, para «tratar las cuestiones preliminares», el próximo día dieciséis de diciembre.

Así las cosas, el primer gran avance del Tribunal de Cuentas desde que, el pasado mes de marzo, la Sección de Enjuiciamiento decidiese aceptar, no sin una amplia polémica, los avales presentados por el actual Govern de Cataluña, presidido por Pere Aragonès, para hacer frente a las fianzas impuestas a los denunciados con el respaldo del Instituto catalán de Finanzas, coincidirá en el tiempo con los intentos de Pedro Sánchez por despenalizar la malversación «impropia». Es decir, aquella que no suponga un «lucro personal» directo para quienes la hubiesen cometido.