Jenni Hermoso presenta una denuncia por el beso de Rubiales y la Fiscalía anuncia la querella

La jugadora de la Selección Española de fútbol Jenni Hermoso ha declarado, esta martes, ante la teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Durántez, «para proteger» su «privacidad», y ha formalizado su denuncia contra el ahora suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, por el beso en la boca que le dio en la entrega de trofeos de la final del Mundial celebrado en el mes de agosto.

Tal y como han confirmado fuentes del propio Ministerio Público a El Debate, Hermoso presentó la «denuncia expresa» el pasado martes 5 de septiembre y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tribunal competente para conocer de la causa, decidió abrir unas diligencias preliminares de investigación, al producirse los hechos «por todos conocidos», y presuntamente delictivos, en Australia. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que, en todo este tiempo, el Ministerio Público de la AN ha recabado indicios suficientes para presentar una querella contra Rubiales «a la mayor brevedad posible».

Hermoso declaraba en la madrileña sede de la Fiscalía, en el día de ayer, por el beso no consentido que recibió del entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, durante la entrega de premios a las jugadoras que tuvo lugar tras la final del Mundial femenino. Un comportamiento que ya ha provocado la suspensión temporal de Rubiales en las funciones propias de su cargo, durante un total de 90 días, por la FIFA, mientras en sede doméstica, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) le abría expediente por 'falta grave'. Una calificación sancionadora que, al no ser muy grave, impedía que el Consejo Superior de Deportes pudiera suspenderle preventivamente.

La situación institucional y procesal de Rubiales podría cambiar sustancialmente una vez que la Fiscalía haya registrado ante la Audiencia Nacional la querella que se adelantaba hace unos minutos y que, según ha podido saber El Debate recaerá en el Juzgado de Instrucción Número 5 del que es titular el magistrado Santiago Pedraz.

Por otra parte, las reacciones políticas no se han hecho esperar. Una de las primeras en pronunciarse sobre el caso, a través de un escueto mensaje en sus redes sociales, ha sido la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero: «Jenni Hermoso, no estás sola. Somos millones contigo».

Presupuesto de perseguibilidad

De acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento, tras la reforma del Código Penal, en base a la polémica ley del 'sólo sí es sí', para proceder por los delitos contra la libertad sexual, artículo 191, «será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia».

Por su parte, y una vez cumplido con el requisito previo que asegura la perseguibilidad del autor de cualesquiera hechos punibles, el 178 del Código Penal establece que «será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Si bien es cierto que la norma permite« elevar la pena hasta los cinco años», en caso de que para coartar la libertad sexual de una víctima se utilice «violencia o intimidación sobre la misma» y hasta los ocho cuando el autor «se hubiera prevalido de una relación de superioridad» sobre ésta; no lo es menos que el legislador ha previsto la posibilidad de atenuar las condenas atendiendo a las circunstancias concretas del caso, como que el acusado carezca de antecedentes penales y en cuyo caso la misma podría quedar reducida a una multa.

De acuerdo con los expertos consultados por El Debate, «para llegar a una condena será indispensable que no quedara acreditado el consentimiento» de la víctima. Por lo que, una vez se abra la fase judicial del caso Rubiales, todo se circunscribe entorno a «un problema de prueba».