El etarra 'Txapote' y su pareja Irantzu Gallastegi
Audiencia Nacional
El juez Pedraz estrecha el cerco contra Txapote y otros dos exjefes de ETA por el asesinato del juez Querol
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha decretado la detención instrumental de un total de cuatro exterroristas como presuntos «autores mediatos» del atentado que acabó con la vida del exmagistrado del Tribunal Supremo
que se libren «las oportunas Ordenes Europeas de Detención contra los investigados» Ainhoa Múgica, Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', Juan Luis Rubench y Juan Antonio Olarra Guridi por su presunta participación, como parte del comando Madrid, en el atentado perpetrado, en octubre de 2000, contra el juez Querol Lombardero, su escolta y su chófer. Los tres hombres resultaron asesinados por la banda terrorista con un coche bomba.
Según consta en el auto judicial y han confirmado a El Debate fuentes próximas a la causa, la nueva actuación decretada por el magistrado Pedraz tiene una razón de ser «netamente procesal», ya que algunos de ellos se encuentran actualmente cumpliendo condena en cárceles francesas. El propio Txapote lo hace en el centro penitenciario de Zaballa (Álava). Sin embargo, esta reclamación es formalmente necesaria para pedir los permisos previos a Francia y, llegado el caso, «proceder a su posterior enjuiciamiento» en nuestro país sin cortapisas en su entrega por parte de nuestro vecino galo.
Las pesquisas que se siguen en la Audiencia Nacional contra Txapote, Rubench, Múgica y Olarra Guridi tratan de esclarecer el grado de participación de los cuatro terroristas en varios delitos de promoción y dirección de banda armada u organización terrorista y como cooperadores necesarios de un delito de asesinato terrorista.
El pasado mes de julio era su compañero del Instrucción Central Número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quien acordaba dictar un doble auto de prisión provisional, también instrumental, contra los exjefes etarras Ignacio de Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería', y María Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto', ambos investigados por el caso Miguel Ángel Blanco, el concejal popular de Ermua (Vizcaya) secuestrado y asesinado en julio de 1997.
Según adelantó, entonces, en primicia El Debate, la decisión que afecta a los dos ex dirigentes de la banda armada -quienes en todo momento se han negado a prestar declaración sobre el asunto, reabierto a instancia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada como acusación particular en la causa- agrava, así, las medidas cautelares que desde el pasado febrero ya pesaban sobre Iñaki de Rentería en el marco de la investigación de éste y otro atentado, el del concejal del PP Gregorio Ordóñez en San Sebastián, en 1995, y que le impedían salir de España.
Así las cosas, el pasado año, se admitieron a trámite varias querellas interpuestas por dicha entidad civil contra una serie de personas, entre ellas Ignacio Miguel Gracia Arregui alias 'Iñaki de Rentería' o Javier García Gaztelu, alias 'Txapote' como exmiembros del Aparato Militar ETA y su Comité Ejecutivo, por los atentados perpetrados en la época de la «socialización» de su estrategia del dolor entre políticos, jueces y miembros de la sociedad civil española que pasaron a estar en el punto de mira de la banda terrorista, más allá de los miembros y fuerzas de seguridad del Estado que, hasta entonces, eran sus únicos objetivos.
