Puigdemont teje una maraña judicial para ganar tiempo y seguir impune hasta que se apruebe la amnistía

Desde que se fugase de España en 2018, escondido en el maletero de un coche y eludiendo la acción de la Justicia española que, por aquel entonces, la ronda de imputaciones, posteriores condenas, por el procés de Cataluña, Carles Puigdemont no ha dejado de utilizar todos los mecanismos judiciales a su alcance, incluso aquellos que le brinda el Tribunal Supremo al que no le reconoce la competencia necesaria para juzgarlo, y evitar su entrega a España. Bélgica, Alemania o Cerdeña rechazaron devolverlo a nuestro país para ser juzgado por sedición. Sin embargo, la retirada de su inmunidad parlamentaria por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y la, cada vez más próxima, disolución de la Eurocámara juegan contrarreloj para el político separatista.

Consciente de ello y, también, de que tras las elecciones del pasado 23-J, los 7 diputados obtenidos por Junts en el Congreso, serán determinantes para una eventual reinvestidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Puigdemont apura los plazos judiciales a su alcance para frenar, mientras negocia la amnistía del procés y un futuro referéndum, su regreso a España con las esposas puestas. Dos recursos –uno ante el TJUE y otro en el Constitucional que la Sala de vacaciones, posteriormente rectificada por el Pleno, decidía desestimar– y una recusación contra el magistrado instructor de la causa, Pablo Llarena, han congelado momentáneamente su reclamación a las autoridades de Bruselas.

La última oportunidad ante el TJUE

El pasado mes de septiembre y rozando el larguero, en el último día del plazo legal permitido para hacerlo, las defensas de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí –para quien la Fiscalía del TS ha interesado la apertura de juicio oral por un delito de desobediencia– presentaban un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra la retirada de su inmunidad.

No en vano, en julio, y tras más de año de procedimiento, el Tribunal General falló en su contra y les retiró sus teóricos privilegios como eurodiputados por no haber acatado la Constitución española, en Madrid, a la hora de recoger sus actas como representantes públicos. Los tres políticos separatistas tenían la opción de aceptar la decisión de la Corte o recurrirla, en un plazo de dos meses y diez días, y sin duda su decisión de agotar la última oportunidad europea tenía, en gran medida, que ver, con el estado de las negociaciones que mantienen con Sánchez de cara a una posible amnistía.

A la espera de las nuevas euroórdenes

Mientras tanto, y a la vista de que la inmunidad parlamentaria que, hasta la fecha, había venido protegiendo a Puigdemont y el resto de los fugados, decaía, la Fiscalía del Supremo decidía estrechar el cerco sobre los políticos catalanes al frente del procés y, el 12 de septiembre, solicitaba al juez Llarena que reactivase, de inmediato, la euroorden contra el ex consejero Lluís Puig, procesado por sendos delitos de desobediencia y malversación, como uno de los cabecillas del referéndum ilegal del 1-O, que a diferencia de sus compañeros Puigdemont y Comín, nunca había adquirió la condición posterior de eurodiputado.

En el mismo sentido, y en un escrito del mismo corte, que podía consultar El Debate, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, al frente del Ministerio Público en la causa del 1-O ya habían solicitado al instructor, unas semanas antes, reflotar la orden de busca y captura internacional contra el resto de los fugados «por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición».

El propio magistrado Llarena había dejado sin efecto estas órdenes de detención al revisar el procesamiento de los prófugos del 1-O, tras la reforma del Gobierno que eliminó la sedición del Código Penal y rebajó la malversación. Y lo hizo, como ahora, y en su momento avanzó El Debate, mientras espera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva el último recurso posible para los reclamados y hasta estar seguro de que su requerimiento de extradición sobre ellos no recibirá ningún revés adicional.

El intento de apartar al juez Llarena

Precisamente, una vez se conocía que el magistrado Pablo Llarena daba diez días a la defensa de Puigdemont, para que le confirmase si en el último recurso planteado ante la Justicia europea se había instado la suspensión de los efectos de la retirada de su inmunidad –esto es, si se habían solicitado medidas cautelares–, el prófugo movía ficha contra el instructor.

Cuando todavía no había concluido el plazo de diez días dado por el magistrado encargado de su procesamiento para decidir si, como pide la Fiscalía, reactiva la orden de detención y entrega comunitaria contra el político separatista, Puigdemont recusaba a Llarena ante el Supremo por pronunciarse sobre la teórica «constitucionalidad» de una eventual amnistía, en un acto celebrado el pasado 11 de septiembre.

La defensa del líder de Junts insistía en un argumento que no era la primera vez que utilizaba contra el magistrado: «Su absoluta falta de imparcialidad». Y es que, para desacreditar al juez Llarena, el letrado Gonzalo Boye, ha reflejó en su escrito, y siempre de acuerdo con lo publicado en «diversos medios de comunicación», cómo el jurista habría afirmado que «puede existir un cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible ley de amnistía» que «ni tan siquiera existe».

En tanto en cuanto la Sala Segunda de lo Penal del Supremo decide sobre esta nueva solicitud de Puigdemont, el resto de las actuaciones pendientes sobre su situación procesal, en el Alto Tribunal, han quedado congeladas. Un tiempo que el político separatista utiliza para seguir disfrutando de su libertad y negociando con Sánchez para que ésta sea firme y definitiva.