El manifiesto de Foro España Cívica que llama a los españoles a protestar contra la amnistía y el referéndum

España atraviesa un período histórico de extraordinaria gravedad. Está en peligro el sistema político, jurídico, institucional y social diseñado en la Transición y plasmado en la Constitución. La obra de una ejemplar generación que, a diferencia de lo que acontece ahora, antepuso el interés general de los españoles a sus apetencias personales o a sus objetivos partidistas, se encuentra amenazada.

Por primera vez en los cuarenta y cinco años transcurridos desde aquellos días decisivos, uno de los dos grandes partidos nacionales ha abandonado su deber de defender el orden constitucional y, en estrecha alianza con los enemigos declarados de la Nación, se dispone a aprobar leyes de imposible encaje en la Norma Fundamental a cambio de mantenerse en el poder. Semejante propósito, que sólo puede calificarse como traición, socaba la democracia y pone en serio riesgo la unidad nacional y la existencia misma de España como entidad histórica multisecular y espacio de garantía de nuestros derechos y libertades.

Ni la amnistía de los encausados por el intento de golpe de Estado en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 ni el ejercicio de un inexistente derecho de autodeterminación para esa parte irrenunciable de España son, ni por asomo, compatibles con las previsiones de nuestra Ley de leyes. Numerosos juristas del máximo prestigio han puesto de relieve a lo largo de las últimas semanas que la primera de esas pretensiones representa la vulneración flagrante de principios superiores del ordenamiento constitucional como el de igualdad de todos los españoles, el de separación de poderes o la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. En cuanto a la segunda exigencia de los separatistas, basta la lectura de los dos artículos de nuestra Carta Magna que encabezan su Título Preliminar para comprender que la sola idea de una consulta a un fragmento del cuerpo constituyente sobre la posibilidad de desgajarse del conjunto del pueblo español, sujeto indivisible de la soberanía nacional, entra de lleno en el delirio.

Más allá de las consideraciones técnicas sobre la inconstitucionalidad de los desaforados planes del Gobierno, hemos de poner el acento en el hecho insoslayable de que, si su intenciones se plasmasen en una nueva arquitectura institucional, jurídica y territorial acorde con los deseos de los que se empeñan en dinamitar la magna obra de la Transición, España desaparecería como Nación de ciudadanos libres e iguales para transformarse en un agregado informe e inestable de entidades políticas artificiales, inviables y hostiles entre sí, sometidas únicamente al límite del circunstancial equilibrio de poderes de cada momento. Por increíble que resulte, esta es la dura realidad del momento actual y hemos de tomar conciencia como sociedad del alcance y de las consecuencias de este desafío a la racionalidad más elemental y al orden legal en vigor.

A la hora de afrontar esta situación, no debemos olvidar que a ella nos han conducido, por acción o por omisión, los grandes partidos nacionales, encargados de administrar y desarrollar el sistema de 1978 durante las cuatro décadas largas transcurridas desde el paso del régimen autoritario surgido de la Guerra Civil a la democracia presente. Y, por consiguiente, no serán ellos por sí solos los que reviertan la deriva de decadencia y disgregación a la que nos enfrentamos. En esta hora determinante en que los españoles nos jugamos el ser o el no ser, resulta inaplazable la acción de la sociedad civil.

Las organizaciones que promovimos la gran concentración ciudadana del pasado 21 de enero en la plaza de La Cibeles de Madrid bajo el lema «Por España, la democracia y la Constitución» declaramos solemnemente que nos consideramos movilizadas y que acometeremos todas las iniciativas necesarias para preservar y defender la unidad nacional, la integridad territorial de España y nuestros derechos y libertades fundamentales. No consentiremos de ninguna manera que minorías transgresoras, por agresivas y violentas que se muestren, dobleguen la voluntad mayoritaria de millones de ciudadanos que quieren vivir juntos en libertad, justicia e igualdad, en un país regido por el imperio de la ley y la separación de poderes.

El Gobierno ha emprendido un camino que es, además de democráticamente intransitable, extraordinariamente peligroso. Si las elites políticas tratan de privarnos a los españoles de la protección de un orden legal que emane legítimamente de nuestra voluntad soberana, estarán dinamitando las bases de la convivencia libre y pacífica y asumirán una responsabilidad con la historia ante las consecuencias que esa inexplorada situación pueda generar.

Si el Gobierno continúa avanzando en la ejecución de un proyecto disolvente y antidemocrático, haciendo saltar por los aires el Estado de Derecho y la igualdad de los ciudadanos, los españoles, como en 1808, estaremos legitimados para sostener la Nación con todos los medios legítimos a nuestro alcance. Nuestra democracia constitucional se encuentra en evidente riesgo de ser destruida. Los que abrigan tal designio han de saber que no lo permitiremos.