El PSOE será preso de sus silencios y sus ausencias en el Senado ante los barones del PP y Aragonès

Pedro Sánchez calló sobre la amnistía en el Congreso durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y sus presidentes regionales callarán en el Senado este jueves. Más que eso, porque Emiliano García-Page, Adrián Barbón y María Chivite ni siquiera acudirán a la Comisión General de las Comunidades Autónomas convocada por el PP.

Los socialistas buscaban convertir la sesión parlamentaria en la Cámara Alta en un monólogo de los barones del PP –estarán todos ellos–, contando con que tampoco irían ni Íñigo Urkullu ni Carles Aragonès. Pero la decisión del presidente de la Generalitat catalana de acudir al Senado para ganar protagonismo frente a Carles Puigdemont ha echado por tierra el plan del PSOE. No es la primera vez que los socialistas tropiezan en la misma piedra por intentar adivinar las intenciones de Esquerra.

De entrada, Aragonès tomará la palabra en primer lugar, a las 11 de la mañana y durante 10 minutos, lo que condicionará el resto del debate. Por más que el presidente catalán no se quede a escuchar a los demás presidentes regionales, como anunció la portavoz de la Generalitat este miércoles.

El silencio sepulcral de Sánchez y de todo su partido en torno a las negociaciones para la investidura está siendo ocupado por sus potenciales socios. Este miércoles fue la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que aseguró que el líder del PSOE sabe de sobra que deberá claudicar también con la «plurinacionalidad» en esta legislatura. Y este jueves será Aragonès.

Sánchez guarda silencio y otros hablan por él. Eso es algo que ya le ocurrió al presidente en funciones en el Congreso a finales de septiembre, cuando el candidato a la investidura era Feijóo. «Quien calla otorga», le recriminó el líder de los populares entonces, porque Sánchez no intervino en ninguna de las dos jornadas.

Sánchez calla, pero otros hablarán por él, como ocurrió en el debate de investidura de Feijóo

Esta vez, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, lamentó que el representante del Gobierno de España y de su posición en el debate del Senado vaya a ser el presidente de la Generalitat. Sánchez podía haber enviado al menos a la ministra de Política Territorial, pero Isabel Rodríguez dejó muy claro el martes que no piensa contribuir a lo que calificó como una «instrumentalización» de la Cámara Alta.

Aunque en el Congreso la acusación es a la inversa. Es el PP el que acusa al PSOE y a su presidenta, Francina Armengol, de haber «secuestrado» la Cámara Baja. Armengol no ha fijado la fecha de la investidura ni hay visos de que vaya a hacerlo próximamente. Además, no convoca la Junta de Portavoces, ni las sesiones de control al Gobierno, ni ninguna comisión. «Está cerrado a cal y canto», según denunció esta semana la portavoz de los populares, Cuca Gamarra.

Juan Espadas, el portavoz del PSOE

El de la «instrumentalización» es el principal argumento que vienen semanas esgrimiendo los socialistas para saltarse la institucionalidad, y también el que utilizó el Juan Espadas el jueves de la semana pasada, cuando se reunió la Mesa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. El secretario general del PSOE de Andalucía será el encargado de defender la posición del PSOE, como portavoz en esa Comisión.

Lo hará en solitario. El reglamento estipula que los senadores autonómicos pueden intervenir en el debate si lo desean, siempre y cuando se inscriban en la lista de oradores hasta media hora antes del inicio de la sesión. Se han inscrito cuatro, pero ninguno de ellos del PSOE: Carla Delgado, Uxue Barkos, Enric Xavier Morera y Carmen Da Silva.

El presidente de la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón, adelantó este miércoles por dónde irá su discurso de este jueves. «En la Comunitat Valenciana no nos gusta jugar a los chantajes, y resulta que los de la primera velocidad son los que están en los chantajes. Eso hay que explicarlo, porque tiene que ver con la España constitucional, que tantas alegrías nos ha dado y que tanta vergüenza parece que les da a algunos», afirmó Carlos Mazón.

Por su parte, el presidente de Galicia anticipó que su tono será firme pero conciliador. «No voy en contra de ninguna comunidad autónoma, ni mucho menos en contra de Cataluña», aseguró Alfonso Rueda.

Desde Andalucía, Juanma Moreno defendió la conveniencia de celebrar esta Comisión General de Comunidades Autónomas, dado que Sánchez está negociando unos acuerdos que, según el presidente andaluz, «pueden suponer, en definitiva, la ruptura del principio de igualdad entre españoles o el agravio entre unos territorios», advirtió.

De las tres grandes ausencias socialistas destaca especialmente la del presidente de Castilla-La Mancha. Puesto que, a diferencia de sus colegas del Principado de Asturias y Navarra, García-Page sí ha sido crítico con la amnistía. «No acudir a la Cámara territorial será un grave error, una irresponsabilidad y, lo que es peor, una dejación de funciones de la que se arrepentirá siempre Emiliano García-Page», auguró el senador del PP por Toledo Vicente Tirado.

Al comienzo de la sesión intervendrán todos los presidentes regionales presentes, por un tiempo de 10 minutos. Aunque la presidenta de la Comisión, la popular Luisa Fernanda Rudi, será flexible con los tiempos. El orden lo marcará la antigüedad de aprobación de sus respectivos estatutos de autonomías. Por eso Aragonès será el primero, en ausencia del lendakari.

Después hablarán Alfonso Rueda por Galicia; Juanma Moreno por Andalucía; María José Sáenz de Buruaga por Cantabria; Gonzalo Capellán por La Rioja; Fernando López Miras por Murcia; Carlos Mazón por la Comunidad Valenciana; Jorge Azcón por Aragón; Manuel Domínguez por Canarias (el presidente, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, ha delegado en su vicepresidente); María Guardiola por Extremadura; Marga Prohens por Baleares; Isabel Díaz Ayuso por Madrid; Alfonso Fernández Mañueco por Castilla y León; Juan Vivas por Ceuta y Juan José Imbroda por Melilla.

Después será el turno de los senadores autonómicos que se hayan inscrito, por un tiempo de cinco minutos cada uno, y de los grupos parlamentarios de menor a mayor, que tendrán 10 minutos. Y todo en ausencia del Gobierno, autoexcluido de la cita.