El PP votará en contra del nuevo letrado mayor del Congreso que el Gobierno ha colocado para informar sobre la amnistía

No habrá unanimidad este viernes en la votación de la Mesa del Congreso de los Diputados que se reúne, a partir de las 10.00 horas, para formalizar la designación del nuevo letrado mayor de las Cortes Generales, Fernando Galindo, a propuesta de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Los cuatro miembros del Partido Popular en el órgano colegiado vetarán la elección del que fuera subsecretario del Ministerio de Política Territorial, hasta hace dos días, sentando un precedente que, además, es el paso previo imprescindible para una futura y eventual impugnación de esta polémica designación.

El nombramiento de Galindo, con el que el Armengol culminaba la transformación del Congreso en una sucursal de la Moncloa, se conocía el pasado lunes tras desvelar El Debate las dificultades que, durante los últimos meses desde su llegada al Congreso, había afrontado Armengol ante la negativa de, al menos, cuatro de los candidatos, a los que se lo había ofrecido para sustituir a Carlos Gutiérrez Vicén quien dejaba el puesto vacante cumplidos diez años de servicio.

El nombre de Galindo quien rechazó en un primer intento el nuevo cargo de letrado mayor –al igual que su mujer, Mercedes Cabrera, directora general de Relaciones con las Cortes que dimitía al hacerse oficial el nuevo cargo de letrado mayor de su marido– trascendía, sin embargo, al margen de todos los usos y costumbres parlamentarios, sin que la presidenta socialista de la Mesa tratase de alcanzar un consenso previo sobre la idoneidad del perfil con el resto de los miembros de la misma, antes de hacer su nombre público y efectivo.

No en vano, el artículo 35 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevé que el nombramiento del letrado mayor de las Cortes y secretario general del hemiciclo se realice «por la Mesa (...) a propuesta de su presidente» que, hasta la fecha, siempre había negociado al elegido, en una reunión previa que no se ha producido en esta ocasión.

Pese a que el nombramiento de Galindo no corre peligro en tanto en cuanto contará, de entrada, con cinco votos favorables (los tres del PSOE y dos de Sumar) en la Mesa que se reúne, formalmente, este viernes a partir de las 10.00 horas, lo cierto es que la ausencia de una posición en bloque de los nueve miembros del órgano colegiado abre un escenario institucional sin precedentes. Cabe recordar que el nuevo figura del letrado mayor tendrá que asumir el informe técnico de la ley de amnistía que el Gobierno ha pactado con el separatismo catalán para asegurarse la investidura de Pedro Sánchez durante cuatro años más.

El marcado perfil político de este letrado

La llegada de Galindo como nuevo letrado mayor de las Cortes Generales y secretario general del Congreso de los Diputados ha estado envuelta en la polémica, desde el minuto uno. Y es que es la primera vez en democracia que el candidato accede al cargo directamente desde el Ejecutivo y, además, tras rechazar en una primera ocasión la propuesta de la presidenta de la Mesa parlamentaria, Francina Armengol.

A Fernando Galindo no le quedaba más remedio que aceptar el encargo de la socialista pese a que el 'papelón' que le espera pasa, inevitablemente, por firmar el informe técnico sobre la proposición de ley de amnistía que llegará al Congreso para asegurar el borrado penal de todos los delitos cometidos por los cabecillas políticos del procés.

Galindo está llamado a encabezar la Asesoría Jurídica de las Cortes desde la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, sin solución de continuidad, en una designación «inédita» hasta la fecha. Nunca hasta ahora se había producido «un vuelco tan descarado» para un papel tan relevante como el del máximo responsable, entre otras, de la «interpretación auténtica del Reglamento» del Congreso, denunciaban algunos expertos en la materia consultados por El Debate, nada más conocerse la elección de Armengol.

La procedencia política de Galindo que desembarca desde un alto cargo del Gobierno en el Legislativo –y no cualquier Legislativo, sino el llamado a asesorar en Derecho a la sede de la soberanía nacional– desacredita el «estatuto de neutralidad» que reclama una figura como la del letrado mayor de las Cortes, apuntan los juristas.