Sánchez sienta las bases de una Cataluña semiindependiente con gobernantes por encima de la ley

Nunca nadie sacó más rentabilidad a 392.634 votos en unas elecciones generales, tan solo el 1,6 % del total, que la que Carles Puigdemont ha sacado a los de Junts. El prófugo –tal vez por poco tiempo– tenía motivos de sobra para comparecer este jueves como lo hizo en Bruselas, con el semblante de quien se sabe ganador. Ganador hoy, mañana y siempre, porque de ahora en adelante el respirador al que vivirá políticamente conectado Pedro Sánchez lo controlan sus siete diputados.

En apenas tres folios y medio, el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts sienta las estructuras de una Cataluña semiindependiente con una Hacienda propia, participación directa en las instituciones europeas e internacionales y un verificador extranjero cuya identidad se desconoce por el momento, en ese afán del independentismo por «internacionalizar el conflicto».

Además, sitúa al secesionismo por encima de la ley: por una parte, con la amnistía; por la otra, otorgándole la potestad de revisar las decisiones de los jueces en el Parlamento y de acusarlos de prevaricación (el famoso «lawfare»). «Es una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes», clamaron este jueves todas las asociaciones judiciales en un comunicado conjunto. También mostraron su oposición la Comisión Permanente del CGPJ y las principales asociaciones de fiscales.

Tal fue el escándalo que, a última hora de la tarde, el PSOE emitió un comunicado para aclarar que el acuerdo no pone lo que pone, que no va a suponer la «revisión de ninguna sentencia o resolución judicial» en el Congreso. «El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado», aseguró.

Y, sobre todo, pone los cimientos de un futuro «referéndum de autodeterminación», que así lo define Junts en el documento con todas las letras, sin necesidad de eufemismos. Pero esta vez un referéndum legal, convocado por el Rey, propuesto por el presidente del Gobierno y autorizado por el Congreso de los Diputados, tal y como estipula el artículo 92 de la Constitución.

Para que solo voten los catalanes, y no todos los españoles, ni siquiera haría falta reformar la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum (que data de 1980), puesto que el artículo 5.1 de esa ley ya contempla que vote una parte y no el todo, explican los juristas consultados por El Debate: «El referéndum se decidirá por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en el ámbito que corresponda a la consulta», estipula. Otra cosa sería que la pregunta tuviera encaje en la Constitución.

La legislatura pasará también, así lo exige Junts, por una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que facilite la cesión del 100 % de los tributos que se pagan en Cataluña, una especie de cupo catalán que atenta contra el principio de solidaridad interterritorial y abona una guerra entre comunidades. Porque permite «la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y de segunda», según alertó la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.

Lo paradójico es que el pasado martes, en el Senado, la ministra de Hacienda cargó duramente contra Isabel Díaz Ayuso por pretender que lo recaudado por el impuesto sobre el patrimonio a las grandes fortunas vaya a las arcas madrileñas y no a las del Estado. Un impuesto que el Tribunal Constitucional ha obligado a la Comunidad de Madrid a cobrar, aun cuando no quería y lo recurrió.

En el acuerdo, el PSOE se compromete además a diseñar un plan «para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», en contra de la libertad de empresa que reconoce el artículo 38 de la Constitución. Y obviando, además, que las empresas que se marcharon lo hicieron tras la declaración unilateral de independencia de Puigdemont, jaleada por ERC.

Un relato al dictado de Puigdemont

Esa DUI no aparece siquiera mencionada en los Antecedentes que describe el pacto, como tampoco las llamadas «leyes de desconexión» aprobadas por el Parlamento de Cataluña en septiembre de 2017. En el documento se produce un salto temporal entre el 1 de octubre y la aprobación del 155 en el Senado, como si no hubiera ocurrido nada entre medias.

En él, el PSOE reescribe la historia del procés, y de una década de asedio secesionista, al dictado de Puigdemont. «El documento que hemos firmado significa un cambio de enfoque de la narrativa oficial», se jactó éste en su comparecencia de este jueves. Los socialistas también asumen la realidad paralela de que el 1 de octubre hubo «una participación masiva en favor de la independencia», cuando en verdad solo votó el 43 % del censo.

El Poder Judicial y su independencia se convierte, probablemente, en el mayo trofeo de caza de Junts en su acuerdo con Sánchez. El independentismo siempre ha tenido entre sus prioridades la creación de una Justicia propia, mediante la transformación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una especie de Tribunal Supremo catalán (sería la máxima instancia judicial en todos los órdenes). Ello para no tener que responder ante la española, a la que acusan de persecución y cuya legitimidad no reconocen. Investigar el supuesto «lawfare» de los jueces españoles es darles la coartada.

Las terminales del PSOE y de la Moncloa se apresuraron a desmentir que el pacto con Junts suponga una claudicación en todos los órdenes, una entrega de España a plazos. Es más, según su versión, Carles Puigdemont ha entrado en el redil de la real politik porque renuncia a la vía unilateral. El matiz es que renuncia a ella a cambio de obtener más de Pedro Sánchez por las buenas.