López Aguilar acepta la petición de urgencia de Vox de debatir la amnistía en la comisión de Justicia

La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo ha aceptado la petición de urgencia de Vox para que se adelante el debate sobre los efectos de la ley de amnistía sobre el Estado de derecho.

Dicho debate ya estaba agendado pero para llevarse a cabo el 30 de noviembre, tres días después de la fecha límite para la investidura de Pedro Sánchez. Por el momento no ha habido comunicado oficial de la nueva fecha, el límite es este próximo miercóles.

Según fuentes del partido de Santiago Abascal en Europa, no contaban con que se aceptara la petición de adelanto, ya que la comisión de LIBE está presidida por el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar.

En su mano está determinar los tiempos y plazos del debate. Que se haya aceptado lo consideran los verdes como una «muy buena noticia» al considerar que hay «un claro riesgo de incumplimiento grave del Estado de derecho en España».

Este pasado lunes, Jorge Buxadé solicitó por escrito a López-Aguilar la modificación del calendario. En la anterior propuesta se había pedido la participación de la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourová y del comisario de Justicia, Didier Reynders.

Para darle peso a la solicitud, Vox incluyó en la petición la declaración del Consejo General del Poder Judicial y de otras asociaciones que en los últimos días se han sumado a alarmar del daño que supondría una amnistía para el orden actual europeo.

El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo ha expuesto en el texto que la ley de amnistía no es «solo una grave degradación, sino el fin del Estado de derecho en España». Sostiene que esta ley «infringe abiertamente la Constitución española y, por ende, los valores europeos del artículo 2 del Tratado de la Unión, poniendo fin a la separación de poderes».

Han incidido en el conflicto directo que supondría con los principios de la Unión al «eliminar graves delitos de corrupción, desobediencia a la autoridad, atentados a la autoridad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e incluso causas abiertas por terrorismo».

La decisión de López Aguilar se publicó poco después de que Josep Borrell expresara sus preocupaciones por la ley de amnistía. Si bien no dio su opinión al ser el máximo representante de la diplomacia europea, sí señaló que su posición «es bien conocida» en referencia a sus declaraciones durante las manifestaciones posteriores al 1 de octubre de 2017.