Sánchez comparece en el Congreso seis meses después para la investidura más cara de la democracia

«No se va a romper España. No se va a romper la Constitución». Así empezó Pedro Sánchez el discurso de investidura que pronunció el 4 de enero de 2020, al comienzo de una legislatura marcada por su pacto de coalición con Pablo Iglesias y la mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán que Esquerra le arrancó a cambio de sus 13 abstenciones. «El diálogo siempre dentro de la Constitución será una prioridad absoluta para alcanzar fórmulas de entendimiento y de encuentro», afirmó también durante su transcurso.

Este miércoles Sánchez vuelve a subir a la tribuna para pronunciar un nuevo discurso de investidura, en el que reiterará lo mismo que entonces, con palabras parecidas o casi idénticas. El presidente del Gobierno pedirá a los españoles que confíen en él y en que no hará nada fuera de los límites de la Carta Magna, a pesar de la naturaleza de sus pactos con independentistas y nacionalistas catalanes, vascos y gallegos.

Le hizo de avanzadilla este martes la portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, que se jactó de que la literalidad de la proposición de ley de amnistía ha dejado «sin argumentos» a quienes vaticinaban el fin del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Porque es, según ella, «impecable desde el punto de vista jurídico».

Aunque a los primeros que tendrá que demostrárselo Sánchez es a los miembros de la Comisión Europea. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, envió este martes la proposición de ley a Bruselas ante la preocupación del Ejecutivo comunitario y pidió una reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta Věra Jourová.

Las otras letras de la hipoteca

La amnistía no es el único pago de la investidura más cara de la democracia, cuantitativa y cualitativamente. Lo son también el traspaso de Rodalies a Cataluña y de Cercanías al País Vasco; la asunción de prácticas de lawfare por parte de los jueces españoles; una quita de la deuda catalana con el FLA del 20 %; el referéndum catalán; el reconocimiento de las naciones vasca y gallega; la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco; el blindaje del autogobierno vasco ante leyes de aplicación nacional; 3.500 millones de euros comprometidos con Canarias y, a mayores, la figura de un verificador internacional que, en realidad, serán cuatro. A este último respecto, la portavoz del Gobierno se negó a responder ayer si la primera reunión entre el PSOE y Junts en Suiza será este mismo mes de noviembre.

El debate de investidura de este miércoles dará la oportunidad de volver a escuchar la voz de Sánchez en el Congreso, algo que no ocurre desde el 17 de mayo, hace seis meses. Aquel día se produjo la última sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja antes de las elecciones municipales y autonómicas, que a su vez desencadenaron la disolución de las Cortes y la convocatoria de generales.

Con el Gobierno en funciones, el líder socialista ha rehuido el control de Congreso, escudándose en eso. A mayores, rehusó intervenir en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en septiembre y delegó en el polémico Óscar Puente. Como Sánchez no habló, tampoco lo hizo entonces Yolanda Díaz. Por el contrario, este miércoles la líder de Sumar acaparará todo el tiempo que le corresponde a su grupo parlamentario, 40 minutos entre la intervención inicial y la réplica. No habrá reparto entre las confluencias de Sumar.

El tándem Sánchez & Díaz

Ello anticipa que Sánchez y su socia harán pinza contra Feijóo, al que los líderes del PSOE y Sumar quieren retratar en soledad, con la única compañía de Santiago Abascal. De ahí que los socialistas buscaran la semana pasada el acuerdo de investidura con Coalición Canaria, aun cuando no necesitaban su voto.

Él y ella, presidente y vicepresidenta –aún en funciones–, recriminarán al PP y a Vox que no hayan aceptado el resultado de las elecciones ni que Sánchez haya armado una mayoría parlamentaria de 179 escaños, que son los votos que tendrá el jueves.

Se espera un debate bronco, en medio de un clima de descontento social que ha llevado al Ministerio del Interior a desplegar más de 1.600 agentes en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo. Son unos 600 más de los que custodiaron la Cámara Baja en la última investidura de Mariano Rajoy, la del 29 de octubre de 2016, cuando la izquierda radical llamó a rodear el Congreso.

No hay que olvidar que la cita parlamentaria se produce solo 72 horas después de las masivas manifestaciones que, el domingo, sacaron a las calles de toda España a cientos de miles de personas a protestar contra la amnistía. Y también tras 12 jornadas ininterrumpidas de protestas en la sede socialista de Ferraz, con algunos altercados.

El discurso de Sánchez empezará al mediodía. El candidato trazará las líneas maestras de su nueva legislatura –que no pocos auguran ingobernable– y hará varios anuncios de corte económico y social. No en vano, le interesa desviar la atención de la amnistía y centrarla en las primeras decisiones de ese nuevo «Gobierno progresista», como lo llaman el PSOE y Sumar. Aunque esté parlamentariamente asistido por dos partidos de derechas como Junts y el PNV.

Aunque el candidato a la investidura intente que se hable lo menos posible de sus cesiones al independentismo, le será imposible. Porque Feijóo y Santiago Abascal van a centrar sus respectivas intervenciones precisamente en ello. «El presidente del PP recordará que Sánchez se presentó a las elecciones prometiendo que no haría exactamente lo que va a hacer. No es convivencia, es conveniencia», adelantaron fuentes populares este martes.

Pero es que también por esos derroteros transitarán los portavoces de ERC y Junts, Gabriel Rufián y Míriam Nogueras, cuyas intervenciones serán –previsiblemente– también este miércoles, después de las de Sánchez, Feijóo, Abascal y Díaz. Ambos recordarán a Sánchez que la legislatura depende de sus 14 votos. Y sus 14 votos, a su vez, de que Sánchez cumpla lo firmado.