Estas son las profesiones que ya se han manifestado en contra de la amnistía: jueces, policías, fiscales...

Jueces, abogados, fiscales, economistas, policías...Cada vez son más los colectivos que han mostrado su rechazo a la ley de amnistía para los condenados del procés. El PSOE ya ha registrado en el Congreso la proposición de ley, que se tramitará por el procedimiento de urgencia y que los socialistas, que hasta las elecciones generales aseguraban que no cabía en la Constitución, esperan aprobar en las próximas semanas. Forma parte del acuerdo que alcanzaron con los separatistas a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez este jueves.

El Poder Judicial ha advertido durante semanas de las consecuencias que tendría aprobar una ley de amnistía, pues vendría, entre otras cosas, a deslegitimar las acciones que las instituciones democráticas llevaron a cabo para frenar el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) advirtió que ahora, y después de una «constante labor de desprestigio» de la función de los jueces y de ataques a la independencia judicial, «se pretende dar un paso más y situarnos en el principio del fin de la nuestra democracia, romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de derecho».

Denunció además en su comunicado que una ley de amnistía cuestiona la labor de los jueces españoles, deslegitima el Estado de derecho y al poder legislativo y lanza «el mensaje falaz» de que «los tribunales condenan en España por delitos políticos», y, también, se vulnera con ella el principio de igualdad ante la ley «al eximir de responsabilidad a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones».

También se manifestaron en contra nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, que señalaron que supone la «abolición del Estado de derecho». «A partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», indicaron.

Asimismo, todas las asociaciones de jueces y magistrados de España, incluidas las de izquierdas, tras el acuerdo del PSOE con Junts, expresaron su rechazo a la ley de amnistía y al concepto lawfare, o judicialización de la política, que en el pacto con los de Puigdemont se recogía. Algo que, según apuntaron, podría suponer «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes». Recalcaron así que «los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley». Por otro lado, estos días, además, cientos de jueces de todo el país se han concentrado frente a los juzgados para expresar su rechazo a estos acuerdos.

Por su parte, la Asociación de Fiscales lo calificó como un «ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho». En la misma línea, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales advirtió que el acuerdo en sí mismo «encierra un cambio de modelo constitucional».

También, más de un centenar de abogados del Estado firmaron un comunicado en el que de igual modo trasladaban su oposición frontal a la ley de amnistía y a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación sobre la actividad de los jueces. «Mostramos nuestro completo e incondicional apoyo a todos los servidores públicos que, con lealtad y honestidad, defendieron nuestro Estado de derecho ante la inadmisible agresión de los partidos separatistas en 2017», subrayaron, y remarcaron su «lealtad inquebrantable» a la Constitución.

Como ellos, otros muchos funcionarios del Estado, como diplomáticos, inspectores de Hacienda, auditores del Estado, Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, funcionarios del Tribunal de Cuentas, inspectores de Trabajo... Este jueves se sumaba también a esa larga lista la Asociación de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, que manifestaron su «preocupación sobre el alcance» de esta ley, que entre otras cosas «atentaría contra los principios de igualdad y separación de poderes».

De igual manera, muchas asociaciones y sindicatos policiales han comunicado su rechazo a la amnistía, que consideran que sienta un precedente «muy peligroso» para «gobernar a golpe de ley», y han denunciado el lugar en el que se deja a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que estuvieron trabajando durante el referéndum ilegal del 1-O.

Profesores e historiadores han mostrado su disconformidad también con esta norma. Este mismo fin de semana, por ejemplo, la asociación de Historiadores de Catalunya denunciaba como «manipulado y falso» el uso de la historia que se hace en el acuerdo del PSOE y Junts, que trata de buscar el origen de «un supuesto conflicto entre España y Cataluña», y recordaba que «la manipulación, tergiversación, falseamiento y ocultación de la historia son los cimientos donde se ha construido y se construye el relato independentista catalán».