Maite Pagazaurtundúa: «La reputación de España en Bruselas está disminuyendo notablemente»

Bruselas vivió con gran intensidad la última semana. El miércoles por la noche, una carta del comisario de Justicia, Didier Reynders, exigía explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su ley de amnistía.

Y el jueves por la mañana, Junts y el PSOE celebraban alegres el cierre de un pacto que hundirá a España en lo que Maite Pagazaurtundúa denomina «un escenario oscuro».

Desde la sede del Parlamento Europeo y al cierre de una de las jornadas más desmoralizadoras de la política española en la Unión Europea, Pagaza, eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta del Comité de Libertad Civil, se sentó con a El Debate para desentrañar los problemas que enfrentará ahora España.

–¿Cuál es su opinión general del acuerdo entre el PSOE y los separatistas?

–Resulta difícil creer que el Partido Socialista haya pactado algo que da la razón a secesionistas que cometieron delitos graves antes y después de 2017. Abre la puerta a una situación que seguirá degradándose. Estamos al principio de algo difícil de revertir, que me preocupa enormemente.

España enfrenta una situación complicada. Hasta 2017, había partidos que se consideraban constitucionalistas y entendían que los delitos de los secesionistas debían abordarse por la justicia. Ahora veo dos Españas: una que sigue siendo constitucional y otra que inicia un periodo de populismo, culpando a la verdad y dando la razón a secesionistas excluyentes.

Las leyes están por encima de nosotros, pero los nacionalistas populistas parecen creer lo contrario. El Partido Socialista, al alinearse con esta postura, ha creado esta división y ha convertido a Sánchez en el líder de una España populista.

–Respecto a esta segunda España, ¿cuál será el impacto social de este acuerdo?

–Este pacto puede alterar nuestra realidad y ley y desafiar el régimen constitucional. Podría llevar a una situación muy difícil. Incluso la Unión Europea podría intervenir, dado que es una unión de estados de derecho democráticos. Lo que se está gestando apunta hacia un sistema populista, que tiende a degradar y degenerar progresivamente. El primer mandato de Sánchez ya mostró signos de erosión al Estado de derecho, lo de hoy representa un salto cualitativo hacia el populismo. Implica la captura de importantes instituciones estatales, como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y la Abogacía del Estado.

Hacer política de manera responsable implica esfuerzo, buscar buenos técnicos, asumir riesgos, y estar dispuesto a asumir errores y dimitir si es necesario

–¿Cómo valora que se haya hecho tan en abierto, a cara descubierta?

–Los grandes populistas suelen ser muy descarados. Con descaro y control sobre partes del poder, pueden generar autocensura en la sociedad, atemorizando a muchos mediante la persecución de unos pocos.

–¿Hubo en Bruselas un antes y un después tras la carta de Reynders, en cuanto a concienciación sobre lo que sucede en España?

–Reynders ya expresó en la Comisión de Libertades Civiles su preocupación sobre la posible ley de amnistía en España. Bruselas está particularmente atenta a estos temas, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la corrupción.

Las modificaciones sobre la malversación en España, los indultos, y la posibilidad de que la ley de amnistía pudiera ser usada para minimizar la corrupción, suscitan gran preocupación. Anteriormente, la Comisión ya había intervenido en Rumanía para retirar una ley de amnistía similar.

En España, a diferencia de otros países, no existe la posibilidad de una amnistía constitucional, y esto es una decisión deliberada del Constituyente en 1978. Se consideró que la amnistía era apropiada solo para el cambio de régimen y se quiso evitar su mal uso en el futuro.

–¿Cuáles serán sus próximos pasos?

–Analizar en detalle cómo se plantea realmente esa ley, evaluando qué fundamentos de antijuridicidad puede tener. No solo concierne a nosotros, a nivel político, sino también a la sociedad española en general. Activará a todos los que podemos hacer algo como ciudadanos. Habrá quienes puedan realizar acciones más técnicas o comunicarse con colegas en el extranjero.

Nos espera mucho trabajo, y esto me recuerda a 2017, cuando enfrentamos una campaña de desinformación que incluso contó con la ayuda de Rusia. Se difundieron muchas mentiras, fotos falsas... Se trata de nuestro país y nuestra democracia, y no permitiremos que se derrumbe.

–Desde las instituciones, ¿cómo se percibe la maniobra de Sánchez? ¿Se entiende que ha sido una compra de un voto?

–Lo que está ocurriendo en España es único en su tipo. Creo que gradualmente se irá revelando la gravedad de estas acciones, y la gente comprenderá que no se trata de convivencia, sino de conveniencia.

Algunos han optado por ignorar la gravedad de la situación, un error. La combinación de un gobierno liderado por un presidente sin escrúpulos, con fuerzas populistas de izquierda inspiradas por modelos de países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile o Bolivia, ha llevado a que la retórica populista sea una oportunidad de negocio político para el presidente, basado en la mentira y un cierto nihilismo.

Debemos actuar como ciudadanos responsables y conscientes, no como vasallos

–Entonces, ¿en qué queda la visión de Bruselas sobre la democracia española?

–La reputación de España en Bruselas está disminuyendo notablemente. En el contexto geopolítico actual, con una situación tan delicada como la invasión de Ucrania, España parece estar desenfocada. Por ejemplo, el empeño del ejecutivo en promover las lenguas cooficiales españolas en la UE, en lugar de centrarse en temas más urgentes. Las cancillerías lo notan, y no de manera positiva. Es probable que analistas especializados estén alertando sobre la deriva peligrosa de España.

Además, la inversión extranjera en el país está disminuyendo. Las empresas españolas barajan trasladar sus operaciones, debido a la inseguridad jurídica y cambios imprevistos en legislaciones como la laboral, que no han sido hablados con los empresarios. En el extranjero, esta situación se ve como una oportunidad para otros países de atraer inversiones que España podría estar perdiendo.

–¿Este acuerdo se ha hecho pensando en el ciudadano?

–Los populistas solo buscan el poder. Algunos dicen amar la patria, otros dicen amar al pueblo y se presentan como izquierdistas, pero sus medidas económicas suelen ser perjudiciales a largo plazo, como «pan para hoy y hambre para mañana». Suelen ser perezosos, ya que un dirigente que realmente trabaja no necesita recurrir al populismo.

Hacer política de manera responsable implica esfuerzo, buscar buenos técnicos, asumir riesgos, y estar dispuesto a asumir errores y dimitir si es necesario. Los populistas, en cambio, hablan mucho y hacen poco, centrándose en vender una ideología que luego resulta en leyes y medidas chapuceras.

Suelen recurrir al endeudamiento masivo, creando una ilusión temporal de prosperidad, pero eventualmente las deudas deben pagarse. Por tanto, lo que dicen defender no es cierto; defienden su propio poder y el de sus camarillas.

–Pero al final un populista nunca se va a definir como populista. Esa podría ser la responsabilidad de la Comisión Europea.

–La Comisión Europea tiene la capacidad de detectar el populismo, ya que este va en contra de los principios básicos del Estado de derecho democrático y la separación de poderes. Los populistas suelen intentar capturar el Estado y comprometer la independencia de órganos que deberían ser independientes, como los reguladores, y también intimidar o castigar a los jueces.

Estas acciones no serán admitidas abiertamente por un populista, pero son evidentes para quienes no están dentro de su «burbuja» de creencias o temores. Afortunadamente, estamos en la Unión Europea, que puede ver estas cosas desde fuera y actuar en consecuencia.

–Entonces, al final, ¿cuál sería el antídoto?

–Enfrentamos un escenario oscuro, pero no debemos perder la esperanza de que seremos capaces de cambiar las cosas. El antídoto no es establecer un populismo de signo contrario, sino volver a los principios fundamentales de la democracia. Esto implica realizar reformas cuando son necesarias, abordar los nuevos problemas de manera adecuada y llevar a cabo políticas basadas en principios democráticos firmes y respetando la legalidad.

Es crucial recordar que los poderes, por grandes que sean, no están por encima de la ley. Debemos actuar como ciudadanos responsables y conscientes, no como vasallos.