Críticas a los cambios de posición del presidente interino del CGPJ en pleno choque con el Gobierno

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se sumaba este lunes a los cinco vocales del órgano que han emitido un voto particular para defender que Álvaro García Ortiz sí reúne los méritos y requisitos para continuar como fiscal general del Estado, a propuesta del Gobierno. Guilarte se adhería al texto redactado por la vocal de la izquierda judicial Roser Bach que también suscribían sus compañeros Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.

Un gesto que no ha gustado entre la mayoría de los miembros del Consejo que critican la posición del presidente interino y el hecho de que en el pasado Pleno, del que salió el dictamen contrario al candidato a la Fiscalía General, no adelantase en ningún momento su intención de desmarcarse en un voto conjunto con quienes aseguran que su papel «debería haberse limitado a la verificación de su idoneidad». De hecho, fuentes consultadas por El Debate apuntan cómo al menos, en los últimos diez años, «cuesta encontrar un precedente de voto particular discrepante del presidente contra la mayoría».

Cabe recordar que el Consejo afeó a García Ortiz su política de nombramientos discrecionales –cuyo máximo exponente era, hace unos días, el duro fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre Dolores Delgado–, su criterio con la ley del 'solo sí es sí' o su «inactividad» para defender a los fiscales del procés de las acusaciones de lawfare.

Sin embargo, apenas dos días después, el presidente interino se ha desmarcado para apoyar a los vocales más afines al Gobierno para quienes con el informe emitido se ha desbordado el «enjuiciamiento limitado» del perfil propuesto por el Consejo de Ministros al «cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos». Y, todo ello, en el marco de la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para analizar, como avanzaba en primicia El Debate, las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Oscar Puente, sobre la existencia de lawfare en nuestro país: «Haberlos, haylos».

En contra de sí mismo

Además, en los últimos días, Vicente Guilarte ha incrementado sus declaraciones públicas a favor de la reforma del actual sistema de elección de los vocales del CGPJ, que lleva defendiendo desde su llegada al cargo, para diluir el atractivo del mismo como instrumento político de los partidos.

Frente a la disyuntiva entre las dos opciones contrapuestas que tienen sobre la mesa el PSOE y el PP, a quienes se ha ofrecido a actuar como mediador, el presidente interino apuesta porque el Consejo renuncie a su principal competencia: los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial. Un cambio que, a su juicio, ayudaría a la renovación pero que para sus detractores significa «desvirtuar» una de las «principales razones de ser» del órgano y actuar en contra de sí mismo.

De hecho, para la mayoría de los vocales del CGPJ si las Cortes Generales, Congreso y Senado, respetasen «el mandato constitucional que les obliga a poner en marca los mecanismos de renovación» el problema se hubiese «diluido hace mucho». Y es que «no se puede culpar» a los miembros del Consejo por continuar en unos puestos para los que fueron designados, en tiempo y forma, porque haya «otro tipo de intereses» vinculados con la actualidad política para los que conviene «poner el foco en el Poder Judicial» y, con ello, «contribuir un poco más en el desprestigio institucional» que nace de las referencias del Ejecutivo al lawfare.

De hecho, el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez apuntaba, en una entrevista concedida al programa Hoy por hoy de la Cadena SER, cómo «en España no hay un problema de división o separación de poderes, sino que el problema es que el principal partido de la oposición tiene capturado al poder judicial», en referencia al Partido Popular.

Sánchez reconocía, además, que «hay una acepción del lawfare que es una politización de la justicia», y acusaba a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de secuestrar el poder judicial español: «No hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la Justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder judicial».

Un choque frontal del Gobierno hacia el CGPJ que, al contrario de lo que está sucediendo, hace necesaria «una defensa a ultranza de la legalidad vigente» y del papel «constitucionalmente previsto» para el Consejo, «alejarse de experimentos» y que el presidente, aún interino, actúe «en consecuencia».