El presidente del CGPJ plantea cambiar el sistema de elección de los magistrados del Supremo para «diluir» su politización

Una de las consecuencias más graves del actual bloqueo del Gobierno a los nombramientos discrecionales de jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que crecen sin solución posible el número de vacantes de magistrados del Supremo que está al borde del colapso desde hace meses. Tras el reciente aval del Constitucional a la reforma legal del PSOE y Podemos que permitió congelar las designaciones del Consejo para la cúpula de la Judicatura española, el presidente interino del máximo órgano de los jueces, Vicente Guilarte, ha propuesto modificar el sistema de elección de los magistrados del Alto Tribunal para diluir «enormemente» el interés de los partidos políticos en controlar a los vocales que, posteriormente, elegirán a los jueces.

No en vano, en declaraciones públicas durante una entrevista, ha reiterado que su objetivo es que el CGPJ se renueve «desde la independencia» porque «lo que no tiene mucho sentido es que la renovación se produzca en una negociación entre dos o cuatro partidos poniendo diez militantes tú y diez militantes yo».

El actual responsable del Consejo ha asegurado, además, que el órgano de gobierno de los jueces «funciona perfectamente», señalando como «el gran problema» los nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, en concreto los del Tribunal Supremo, porque es ahí donde «la política ha puesto sus manos».

Ahora mismo, se designan «bajo una especie de amparo pretendido en el mérito y la capacidad» pero «la discrecionalidad es amplísima», ha indicado. De ahí que, a su juicio, los magistrados del TS deberían elegirse a través de «unos concursos medianamente reglados» donde se fijen cuáles son los requisitos y que sea un «tribunal especializado» quien decida.

Guilarte ha precisado que, como «previsiblemente en el CGPJ no habría cinco personas cualificadas para valorar una plaza de la Sala de lo Civil (del TS)», si un vocal fuera experto en la materia en cuestión podría presidir ese tribunal especializado, que se conformaría con «abogados del Estado, catedráticos o lo que sea».

En cuanto a lo que ha denominado «Poder Judicial territorial», esto es, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales, ha contado que dejaría que sus miembros fueran elegidos por los jueces del territorio.

Con todo esto, ha sostenido, «diluiríamos enormemente el interés de los partidos en hacerse con los vocales» del CGPJ. Y, aunque se ha mostrado consciente de que «nadie lo va a comprar», ha considerado que al menos «hay que mover el árbol»: «No podemos estar indolentes».

Por otro lado, se ha referido a la propuesta del PP y de las asociaciones judiciales para que sean los propios jueces quienes elijan a los doce vocales procedentes del turno judicial, ya que los otros ocho son competencia de las Cortes Generales por encargo directo de la Constitución. Para Guilarte, «es mejor la designación parlamentaria pero con unos filtros», de antigüedad, mérito y capacidad.

No obstante, ha advertido de que «mucho peor» le parecería «la fórmula para eludir el control del PP» derivando la designación parlamentaria de los vocales judiciales al Congreso de los Diputados, sin contar con el Senado. Una vía que dejaba abierta la reciente sentencia del TC con la que el Pleno de la Corte, por 7 votos de la izquierda frente a 4 del bloque conservador, respaldaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez en su decisión de congelar los nombramientos de los jueces por parte de su Consejo, una vez que éste hubiese concluido su mandato legal sin renovar.

«Entonces habría que quitar las letras del CGPJ y poner Gobierno de España Sección Judicial», ha ilustrado, razonando que sería «un modelo muy distinto, que no sería de separación de poderes, sino de coordinación de poderes». «Sería un modelo, pero a mí me parece un disparate», ha declarado.

Una amnistía «coyuntural»

Asimismo, se ha referido a una eventual amnistía para reiterar que «objetivamente no hay duda de que obedece a un interés coyuntural», cuando «siempre se ha dicho que la amnistía primero debe atender al interés general».

Pese a ello, ha rehusado pronunciarse en profundidad sobre la amnistía para no posicionarse políticamente, algo que quiere evitar como presidente interino del CGPJ. «No soy partidario de que nos pronunciemos, yo lo que pretendo es aislarnos de la política» para lograr la renovación, ha expuesto.