Javier Martínez Marfil, María Jesús Del Barco y Maite Pagazaurtundúa
Jueces españoles, desde Bruselas: «el lawfare quiebra el principio más importante de la Unión Europea»
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF), expresaron su preocupación y desacuerdo con la ley de amnistía en una conferencia en Bruselas
El Parlamento Europeo ha vuelto a hacer de escenario para un debate sobre el Estado de derecho en España, centrado en las profundas preocupaciones políticas y legales sobre la amnistía y el 'lawfare' propuestos por el PSOE.
Se trató del evento ' Amenazas al Estado de derecho de la UE: El caso de España, los ataques al poder judicial', organizado por Maite Pagaza, eurodiputada de Ciudadanos.
Contó con la participación de destacados miembros del ámbito judicial español: María Jesús Del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Javier Martínez Marfil, de Comité Ejecutivo Nacional de la APM, y Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, que acudieron a las instituciones europeas para pedir ayuda y amparo a la autoridad de la Unión Europea.
Durante el evento, Del Barco denunció la creación de comisiones parlamentarias para revisar sentencias judiciales, especialmente las del procés, afirmando que esto «quiebra el principio más importante de nuestro ordenamiento constitucional y de la Unión Europea, que es la igualdad de todos ante la ley».
Subrayó la gravedad de esta situación al recordar que esto «supone poner sobre la cabeza del juez la espada de Damocles y estar pendientes de qué va a pasar con sus decisiones. Eso afecta la independencia del juez, lo único que tiene un juez en su función es la Constitución y la ley».
Solo un juicio justo podrá velar por sus derechos y libertadesPresidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura
Además, hizo hincapié en la importancia de la protección europea contra estas amenazas, declarando: «Solo desde Europa se van a poder poner los topes a esta desestabilización del Estado de derecho, como ha pasado ya en Hungría y Polonia. Como jueces españoles, somos jueces europeos, y tenemos consciencia de que nuestro ordenamiento jurídico, cada una de las leyes, deben respetar los tratados de la Unión Europea».
Del Barco también advirtió sobre el peligro de ampliar este tipo de prácticas, preguntando de forma retórica: «¿Por qué no crear comisiones parlamentarias para investigar los delitos de terrorismo que vivimos en el País Vasco o aquellos jueces que hayan condenado a políticos por corrupción?».
Concluyó enfatizando la esencia de la independencia judicial: «Los jueces no reclamamos que se preserve nuestra independencia para estar detrás de un escudo y que nadie nos ataque. Cuando hablamos de la independencia judicial, hablamos del derecho que tienen los ciudadanos a un juez independiente porque solo un juicio justo podrá velar por sus derechos y libertades».
La deriva populista
Por su parte, la eurodiputada Maite Pagaza censuró el intento de convertir a los jueces en adversarios: «El intento de convertir a los jueces en adversarios por una mala comprensión de lo que es la soberanía popular».
Agregó: «En cualquier deriva populista el primer rasgo es convertir al poder judicial en un chivo expiatorio. Ahora en 2023 nos vemos obligados a hablar de cómo el Gobierno ejerce una persecución al poder judicial. No hay votos por encima de las leyes».
La situación española recuerda a lo sucedido en Polonia, donde la independencia judicial se vio comprometida por el populismo. En Polonia, el gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) implementó una serie de reformas judiciales que fueron ampliamente criticadas por la Unión Europea y por organizaciones internacionales.
Estas reformas incluyeron cambios en el nombramiento y en la jubilación de los jueces, lo que generó preocupaciones sobre la posibilidad de ejercer un control político sobre el poder judicial, de una manera que recuerda al 'lawfare'. También se introdujeron nuevos órganos disciplinarios para los jueces, lo que fue visto como una herramienta para silenciar a los jueces críticos con el gobierno.
Los jueces polacos resistieron. Organizaron protestas, se unieron en declaraciones públicas y buscaron apoyo internacional.
La Asociación de Jueces Polacos 'Iustitia' jugó un papel crucial en esta resistencia, defendiendo la independencia judicial y denunciando las reformas como una violación de la Constitución polaca y de los estándares democráticos europeos. Además, varios jueces desafiaron las reformas en los tribunales, lo que llevó a casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión Europea, por su parte, inició procedimientos legales contra Polonia por estas reformas. El Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en varios casos que las reformas polacas violaban el derecho de la UE, especialmente en lo que respecta a la independencia judicial y al principio de la separación de poderes.
