La última amenaza de Junts y el enfado del líder de CC.OO. aguan el fin de año a Sánchez

A subir los impuestos al gas y la electricidad Pedro Sánchez lo llama «salida gradual de las bonificaciones». El presidente del Gobierno compareció este miércoles en la Moncloa para anunciar el nuevo decreto anticrisis, aprobado con la misma liturgia de siempre. Las partes se habían encargado de alimentar el relato de una supuesto y encarnizado tira y afloja entre el PSOE y Yolanda Díaz hasta la hora límite.

El decreto prorroga varias de las medidas hasta ahora en vigor, como la extensión del IVA al 0 % para los alimentos básicos y al 5 % para las pastas y aceites. Y, también, las bonificaciones al transporte y los gravámenes -supuestamente- temporales a la banca y las energéticas. Pero elimina progresivamente las bajadas de impuestos de la electricidad y el gas. Porque, aunque Sánchez no lo reconociera, se acerca el final de la fiesta, una vez que en 2024 vuelve la aplicación de las reglas fiscales a la UE.

El presidente del Gobierno prometió «seguir haciendo del acuerdo su razón de ser»; «continuar con la agenda transformadora»; «consolidar y ensanchar los avances» en los próximos cuatro años; y hacer de la vivienda el «quinto pilar del Estado del Bienestar». «En cinco años, frente a cada profecía catastrofista se ha impuesto un dato positivo», presumió.

Sin embargo, su balance anual se vio empañado por la portavoz de Junts en el Congreso y por el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Hasta la Moncloa llegó el eco de las críticas al Gobierno que Sordo había hecho en RNE horas antes. «No tenemos ni idea de las medidas que está estudiando el Gobierno. No se ha dignado a ponerse en contacto con las organizaciones sindicales. De un tiempo a esta parte está pecando de una opacidad enorme y está posponiendo el papel del diálogo social», lamentó Sordo. «Se hacen políticas públicas un poco al tun tún. A veces lo que ha ocurrido es que han mejorado los márgenes de las empresas, pero no han bajado los precios», añadió.

Preguntado al respecto, Sánchez negó la mayor. «Este Gobierno está hablando con todo el mundo, no solo por convicción sino por necesidad (…). Estamos tendiendo la mano a los sindicatos», aseguró.

El segundo varapalo le vino de Junts. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció en Twitter que su partido votará en contra de la convalidación, al menos, de uno de los tres decretos ley que el Consejo de Ministros lleva aprobados en esta legislatura. Lo que lo haría decaer ipso facto.

En concreto, Nogueras se refirió al decreto ley de la semana pasada con medidas para la transformación digital y procesal de la Administración de Justicia. La nueva norma modifica el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reafirmar que la presentación de una cuestión prejudicial puede suspender un procedimiento. Y el Supremo presentará cuestión prejudicial sí o sí con la ley de amnistía.

El golpe en la mesa de Nogueras devolvió súbitamente a Sánchez al lugar donde está: presidiendo un Gobierno de coalición que hace unas semanas tenía 152 escaños y ahora tiene 147 (por la marcha de Podemos al Grupo Mixto). Y lo que es peor: que necesita a todos sus socios todo el tiempo.

Para la aprobación de leyes ordinarias y la convalidación de reales decretos ley, el Ejecutivo va a precisar siempre más votos a favor que en contra. Y, por lo tanto, al menos 172 votos, puesto que el PP, Vox y UPN suman 171. Si los siete diputados de Junts votan en contra de la convalidación de un decreto ley, el decreto decae. Si lo hace ERC, también. Si lo hace el PNV, también. Si lo hace Bildu, también. Si lo hace Podemos, también.

No obstante, todo ello pasó por alto el presidente en su balance de fin de año, en el que garantizó que estará toda la legislatura. Cuatro años más. En el corto plazo, Sánchez anunció que este mismo viernes dará a conocer al sustituto de Nadia Calviño.