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El abogado y economista Luis Sanchez-Merlo

El abogado y economista Luis Sanchez-MerloPaula Argüelles

Entrevistas Jurídicas

Luis Sánchez-Merlo: «La amnistía es la quiebra de la igualdad»

El que fuera secretario de la Presidencia del Gobierno con Leopoldo Calvo-Sotelo analiza para El Debate las claves de su quinto libro sobre la salud del Estado de Derecho en España

Luis Sánchez-Merlo, (Valladolid, 1947), es abogado y economista por la Universidad de Deusto, máster en Economía por la Universidad de Lovaina y en Derecho por el Colegio de Europa (Brujas), además de visiting fellow en la Fletcher School of Law and Diplomacy, de la Tufts University de Boston. En su amplia carrera profesional ha ocupado los puestos de director general del Ministerio de Relaciones con la Comunidad Europea y la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, así como la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en los años 1981 y 1982.

Es autor de un total de cinco libros, el último publicado bajo el título «Tiempos recios para el Estado de Derecho» en el que analiza los problemas de rabiosa actualidad a los que se enfrenta el Estado de Derecho en España. En especial, tras la publicación del texto de la Ley de Amnistía que, a su juicio, «es la quiebra de la igualdad».

El abogado y economista Luis Sanchez-Merlo

El abogado y economista Luis Sanchez-MerloPaula Argüelles

«No se puede sumar al trabajo que ya de por sí tienen los magistrados del Tribunal Supremo la intranquilidad de pensar que la primacía de la ley no está por encima de ninguna otra consideración», reflexiona Sánchez-Merlo para El Debate. «El imperio de la ley es decisivo para el orden y el buen funcionamiento institucional», asegura con la contundente voz de la experiencia de quien ha vivido el traspaso de poder en la Moncloa en primera persona.

Luis Sánchez-Merlo apela al sentido común y afea que, en este momento, en nuestro país se haya perdido la «serenidad» institucional «que empieza por el cumplimiento de la Constitución, el respeto a la separación de poderes y la independencia de la Justicia». «Cuando todo lo anterior está en cuestión, esa serenidad desaparece y se evidencia el malestar» al que «hemos llegado en España». En líneas generales, y como titular, para el veterano jurista «el motor está gripado».

El lawfare o «señalamiento de jueces»

Sánchez-Merlo ha sido especialmente crítico con la figura del lawfare que, en las últimas semanas, ha permitido a diferentes miembros del Gobierno y de la política recurrir al «señalamiento personal de los representantes de la Justicia que velan por el cumplimiento de las leyes». Y, sin embargo, en relación con esta polémica figura, es optimista: «Está enterrado y va a ser marginal».

No sólo porque «la unanimidad de la biosfera jurídica que, desde hacía muchísimo tiempo no confluía en nuestro país», ha puesto de acuerdo a todas las asociaciones de magistrados, fiscales, despachos, etc. «para decir que por ahí no, ha obligado al Gobierno a plegar velas». Sino porque «los señalamientos en sede parlamentaria para sentar en el banquillo, mediante comisiones de investigación, a jueces, magistrados y fiscales son impropios de una democracia», subraya Sánchez-Merlo.

Las autoridades civiles han de abstenerse de intimidar a los jueces y magistrados o de convocarlos para que den explicaciones en su presencia

«Sin embargo» el primer intento del Poder Ejecutivo y el Legislativo por fiscalizar al Judicial «no ha tenido en cuenta que la Ley Orgánica» que rige a este último «impide a los jueces comparecer ante cualquier tipo de comisión orientada a depurar responsabilidades profesionales». Las «autoridades civiles han de abstenerse de intimidar a los magistrados» o de convocarlos «para que den explicaciones en su presencia».

La «tercera autoridad del Estado», es decir, de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «no ha prestado el debido amparo», a los jueces señalados en su presencia. Y, así las cosas, «un país que tiene en cuestión a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional» que ha de pronunciarse sobre el encaje de la ley de amnistía, «es otro ingrediente más a sumar» en el cómputo total del desgaste institucional.

«Atropello jurídico, arbitrio político»

«Una amnistía sólo para acceder al Gobierno es una decisión que blinda el futuro y sus efectos van más allá de cuatro años de legislatura», advierte Sánchez-Merlo. Y es que, para el abogado y economista «la medida de gracia no puede interpretarse de otra manera que como un desmantelamiento que deja sin autoridad al Estado. En este caso, no es más que el pago previo para iniciar la negociación» que ha llevado a Pedro Sánchez a reeditar como titular del Consejo de Ministros.

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«No se puede embaucar a los españoles sobre el tanteo de una amnistía para, canjeando las palabras, cambiar el Estado, ni se puede gobernar un país sin la necesaria división de poderes cuya voladura remite a un cambio de Régimen», asegura Sánchez-Merlo. «Coquetear con el desguazamiento del orden constitucional nos sitúa al borde del abismo» como sociedad.

Prólogo del juez Manuel Marchena

El libro «Tiempos recios para el Estado de Derecho» nace dedicado a «los valientes y a los justos, a quienes se baten por conciliar la Justicia con la Libertad». Quizás por ello, el triple prólogo del que se acompaña corresponde al magistrado del Supremo, y presidente de la Sala Segunda de lo Penal, Manuel Marchena; a uno de los fiscales del procés, Jaime Moreno; y, al también juez del Alto Tribunal Antonio del Moral.

​El juez Marchena considera que «la defensa del Estado de Derecho» no sólo «incumbe a las instituciones y a los políticos que en cada momento asumen su liderazgos y representación» sino que «se precisa algo más». «La sociedad civil está llamada a desempeñar un papel más que relevante a la hora de denunciar los abusos o los intentos de neutralizar» el equilibrio «de poderes» de cualquier democracia madura y estable. No en vano, a juicio del magistrado «la ruptura de los contrapesos que contribuyen al funcionamiento de las instituciones facilita las inmunidades del poder y, sobre todo, pone en peligro el pacto de convivencia que los españoles nos dimos al aprobar la Constitución».

​Una visión en la que coincide, plenamente, el que fuera uno de los cuatro fiscales del procés, Jaime Moreno, en el juicio celebrado contra sus responsables políticos en el Supremo. Para Moreno es «fácil encontrar en las líneas» que dan forma a la quinta publicación de Sánchez-Merlo, «el auténtico sentido político del diálogo, la responsabilidad, la altura de miras o la superación de los desencuentros por preconcebidos prejuicios» como claves para «alcanzar acuerdos en los grandes temas de Estado».

​Por su parte, el juez Antonio del Moral prologa «un peligroso fenómeno en boga y crecimiento en buena parte del mundo occidental: el descrédito de las instituciones, la degradación de la labora legislativa o el desprecio a las decisiones del Poder Judicial» que contribuyen al «cuarteamiento de la separación de poderes que tienden a ser fagocitados por el Ejecutivo». De ahí que Del Moral apueste por «defender la verdad, huir de la componenda, no mostrarse complacientes o indiferentes ante la tergiversación» sino perseguir «la verdad por encima de lo que conviene».
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