Los procuradores denuncian la «estafa piramidal» de sus jubilaciones: «Hay compañeros que se retiran con 280 €»

Los procuradores españoles están en pie de guerra para defender sus derechos. Y es que, la triste realidad para muchos de estos profesionales de la Justicia es que, tras más de cuarenta años cotizando por su trabajo, algunos de ellos están sufriendo jubilaciones que apenas llegan a los 300 euros al mes, en 12 pagas. La razón, el sistema de mutualidad obligatorio al que pertenecían hasta el año 2005 y que, una vez modificada la ley, para poder transformarse en autónomos, les condenó a perder todas las aportaciones anteriores al cambio. Es decir, a empezar desde cero, «cuando la edad media de muchos de nosotros supera los 50», se lamentan.

Y es que, la Mutua de Procuradores, pero también la de los abogados, que prometió a estos operadores jurídicos que con una aportación inferior a la del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social obtendrían mejores contraprestaciones, ha resultado ser una trampa para ellos. Y es que, una vez planteada la opción de incorporarse al sistema público oficial, con la intención de «complementar» sus ingresos, a la mayoría de ellos «no le ha dado tiempo a conseguir una pensión mínima».

Una difícil situación que obliga a muchos de los afectados a prolongar su vida laboral «hasta que ya no pueden continuar por razones físicas o de edad». «Estamos condenados a morir con la toga puesta», denuncian desesperados.

No en vano, las mutualidades que se crearon a finales de los años 40, en la posguerra, para tratar de garantizar las necesidades de provisión de servicios de este tipo de profesionales, fueron una fórmula «al estilo gremial» para gestionar fondos comunes que «permitieran prestar una asistencia a sus miembros» a partir de sus aportaciones propias y las del resto.

Sin embargo, tras la creación de la Seguridad Social, aunque algunas de las mutuas se fueron reabsorbiendo, no fue así en el caso de los procuradores y abogados que decidieron continuar de manera independiente, sin darles la opción para elegir lo más conveniente. E incluso en el caso concreto de aquellos que han elegido la «pasarela al RETA, en cuanto hemos podido», se han dado cuenta de que todo lo acumulado en su etapa anterior no lo pueden rescatar.

Desde 2005 las cajas de las mutualidades «ya no son colectivas sino individuales». O, lo que es lo mismo, han dejado de estar concebidas como «un fondo de provisión» para transformarse en «un puro fondo de inversión». De manera que «si tratas de sacar el dinero que te corresponde, te enfrentas a perder una gran parte de ello por el tipo fiscal impositivo» que Hacienda establece para este tipo de activos.

Víctimas de la «falta de información»

Por todo ello, gran parte de los procuradores de toda España han decidido dar un paso al frente para denunciar su situación y exigir «igualdad de trato» y «condiciones dignas» en su jubilación y prestaciones, «como el resto de los ciudadanos» y trabajadores.

Organizados en plataformas de afectados como Movimiento J2 han dado un paso al frente y piden poner fin a la «estafa piramidal» de la que se consideran «víctimas involuntarias», especialmente, «por la falta de información real y la opacidad con la que se ha tratado esta cuestión desde los colegios profesionales y ante la inacción del Consejo General de Procuradores de España», por el que se sienten «abandonados».

De momento ya han conseguido que los parlamentos autonómicos de Andalucía, Galicia, Cataluña, Madrid, Extremadura, Canarias, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La Mancha, aprueben varias Proposiciones No de Ley (PNL) para elevarlas al Gobierno central y que «se tomen medidas concretas más allá de las buenas palabras». Si algo queda claro es que están decididos a dar la batalla para poner fin a esta «estafa piramidal» en la que están atrapados.