Montero destituyó al director de Inspección de Hacienda tras llevar un informe sobre el caso PSOE al juzgado

Javier Hurtado Puerta, director del Departamento de Inspección de Hacienda, junto a su equipo, fue recopilando durante cinco meses toda la información que encontraron sobre el caso PSOE –los negocios de la empresa Soluciones de Gestión desde 2020 y todas las actividades supuestamente delictivas de esta y del líder de la trama Víctor de Aldama– y la remitió al Juzgado de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional. Días después, su nombre aparecía en el Boletín Oficial del Estado como cesado, según avanzan Cope y TRECE.

De acuerdo con esta información y la documentación que la acompaña, esta destitución se produjo concretamente el 5 de febrero, solo tres días después de la entrega de la documentación a la Audiencia Nacional.

En el documento publicado por la cadena Cope se observa que Hurtado advierte de «la posible existencia de cuota defraudada (...) en el ejercicio fiscal 2020» por parte de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa S. L. y a Víctor de Aldama, dos de los nombres propios del caso que cerca a varios nombres clave del Gobierno.

Según esta información, el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, acusa de la destitución de Hurtado directamente a la ministra de Hacienda María Jesús Montero puesto que «no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo que conoció, se lo guarde en un cajón», manifiesta. Ruiz-Jarabo opina que esta destitución días después de la entrega del informe al juzgado «pone de manifiesto que quien lo cesa no le gusta que se haya colaborado con la Justicia».

En el informe al que ha tenido acceso TRECE se indica que todas las administraciones implicadas en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión son del PSOE: Canarias y Baleares, además del Ministerio de Interior, Puertos del Estado, Adif y Air Europa.

La diligencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda está en entredicho por su papel durante el comienzo de la trama. Esta misma semana, tres senadores del PP preguntaron a Montero sobre el caso en la sesión de control al Gobierno en el Senado, denunciando que la vicepresidenta y ministra de Hacienda no hizo nada al respecto y que el Ministerio no investigó las supuestas comisiones ilegales en la compra de mascarillas.

Montero esquivo las preguntas alegando que «los contratos fueron legales y los procedimientos correctos» y ha asegurado que «es evidente que una persona se ha aprovechado de la relación de confianza para su beneficio propio en el peor momento de la pandemia».