La 'kale borroka' de Tsunami y la traición condicionan la vuelta de Puigdemont pese a los cambios de la amnistía

Los acontecimientos que se avecinan en los próximos meses serán inéditos en lo jurídico. Nunca antes en nuestro país, un Gobierno había puesto la alfombra roja a un prófugo de la Justicia, procesado ante el Supremo y, pese a ello, diputado en el Parlamento europeo –condición que Carles Puigdemont repetirá, al menos como candidato de Junts a la Eurocámara– para reeditar mandato en la Moncloa. Tampoco hay precedentes de que un separatista hubiese llegado tan lejos en su intento por declarar la independencia de una parte del territorio español, desoyendo las prohibiciones del Tribunal Constitucional y, gracias a ello, convertirse en el socio principal de un Ejecutivo que ha claudicado ante todas sus exigencias.

Sin embargo, pese a la euforia de los independentistas catalanes, que ya preparan la vuelta de Carles Puigdemont en loor de multitudes, las acusaciones que pesan sobre él por el terrorismo de Tsunami y la traición del caso Voloh podrían complicar su regreso a nuestro país. El Supremo tendrá la última palabra.

Y es que la situación procesal del líder de Junts, sin una amnistía consumada todavía, una vez disuelto el Parlamento de la UE y con dos nuevos delitos sobre la mesa, será complicada. En primer lugar, por la gravedad de las sospechas que pesan sobre él, que en el supuesto de sus conexiones con el régimen de Vladimir Putin ya están bajo la lupa de Europa. En segundo, porque aún a pesar de los últimos cambios aplicados al texto inicial de la Ley de Amnistía –que esta misma semana recibía luz verde en la Comisión de Justicia del Congreso para continuar su tramitación– Puigdemont podría no quedar completamente blindado ante la Justicia española que, en cualquier caso, podrá instar la suspensión temporal de la aplicación de la norma, una vez haya entrado en vigor, a través de una inevitable cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

El texto publicado será la clave

Carles Puigdemont se fugaba a Bélgica, de noche, en el maletero de un coche, a través de la frontera con Francia, en 2018, para evitar las consecuencias de su participación y liderazgo del procés catalán. Lo hacía antes de que el instructor de la causa en el Supremo (TS), el juez Pablo Llarena, pudiese tomarle declaración.

Desde entonces, reside en Waterloo, bajo el paraguas que, hasta el pasado mes de julio de 2023, le proporcionaba su inmunidad como eurodiputado y que el Tribunal General de la UE le retiró. A pesar de ello, y ante el último recurso planteado por su abogado, Gonzalo Boye, en el Tribunal de Justicia comunitario (TJUE) instando medidas cautelares, el TS español decidía dejar congeladas las euroórdenes que ya había retirado en enero de ese mismo año y que, hoy por hoy, resulta complicado que pueda reactivar.

Todo ello dependerá de si la amnistía queda finiquitada antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán del 6 al 9 de junio próximo, y que supondrán la disolución de la Cámara un mes y medio antes de la fecha dispuesta para las votaciones en cada uno de los países miembros.

Si la norma no está aprobada, publicada, y por lo tanto no ha entrado en vigor, el Supremo podría plantearse instar su entrega, de nuevo, ante Bélgica. En caso contrario, el mecanismo podría quedar descartado en clave europea, lo que no significa que Puigdemont puede volver a España como si nada: dependerá de los términos definitivos de la amnistía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de si, para entonces, el TJUE ha resuelto –o no– el último recurso sobre el líder de Junts.

En caso afirmativo, con la orden de búsqueda y captura nacional todavía activa, las cosas se complicarían, y mucho, si Puigdemont tratase de poner un pie en suelo español. Si la amnistía no estuviera aprobada y lo intentase, sería inmediatamente detenido y enviado a prisión provisional para asegurar, al menos, su declaración ante el juez instructor Llarena. Si la amnistía entrase en vigencia pero suspendida, la situación del prófugo dependería de un doble factor: la decisión pendiente del TJUE y los términos en los que el Supremo plantee la cuestión prejudicial sobre la norma ante dicho órgano.

A priori, en el escenario más favorable al líder separatista, resulta complicado encajar una medida cautelar privativa de libertad con una amnistía aprobada y vigente, aunque congelada en su aplicación. Esto es, no cabría detenerle en nuestro país, ni su paso por la cárcel, con el borrado penal del procés en marcha. Pero los términos concretos del auto con el que el Alto Tribunal español cuestione, cuando lo haga, la constitucionalidad de la polémica norma, marcarán la diferencia.

En el caso de que la prejudicial sea genérica por el tipo de ley del que se trata, caben los matices. Si la prejudicial opera sobre aspectos concretos, por ejemplo, de los delitos de terrorismo y traición que sobrevuelan al ex presidente de la Generalitat quien a pesar del perdón total del Gobierno, puede quedar parcialmente fuera de la amnistía, la vuelta a casa no sería un camino de rosas sin espinas.

Una amnistía a la carta para Puigdemont

Consciente de ello, el separatismo ha presionado al Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus exigencias sobre una amnistía a la medida de Puigdemont, que debilite el concepto y las penas de terrorismo para salvarle en el caso Tsunami Democràtic –que ya ha sido asumido por la Sala Segunda del Supremo y continúa en la Audiencia Nacional para otra veintena de investigados– pero sabe que debe darse prisa para que la norma salga aprobada, en todo caso, antes de quedar procesalmente a la deriva.

De hecho, en el que fuera, hasta la fecha, el último capítulo del pulso interminable que el expresidente de la Generalitat mantiene con el Supremo español, el pasado mes de septiembre de 2023 –en plena negociación para el borrado penal del procés a cambio del 'sí' de Junts a la investidura– la defensa del político presentaba, en el último día del plazo permitido para hacerlo, un recurso ante la Justicia europea con el objetivo de restablecer la inmunidad parlamentaria que le retiró el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y que tanto necesita para seguir en libertad.

Horas más tarde, el propio juez del Alto Tribunal encargado de la causa, el magistrado Pablo Llarena, dictaba una providencia en la que daba 10 días a Puigdemont para que confirme si había pedido, o no, la suspensión cautelar de las consecuencias de la pérdida de su protección como miembro de la Eurocámara. De ahí que el papel del TJUE sea clave porque, sólo si confirma el fallo del TGUE dejaría al prófugo sin el paraguas del aforamiento que, por norma general, de acuerdo con el Reglamento de la Eurocámara se prolonga para cada diputado, aún disuelta la legislatura parlamentaria, hasta que un nuevo diputado, o el mismo, tome posesión del escaño.

No en vano, tras una prudente espera de varios meses y ante la pérdida de firmeza de la inmunidad, piedra angular de hasta tres negativas a su proceso de entrega, la Fiscalía del Supremo instaba la emisión de nuevas euroórdenes a Bruselas sobre todos los prófugos, también los exconsejeros Clara Ponsatí, que en este tiempo ya ha regresado a España, Toni Comín y Luís Puig. Llarena decidía no arriesgar en el caso concreto de Puigdemont porque, incluso con la amnistía en ciernes, los tiempos juegan a favor de la instrucción del caso.