Sánchez e Illa visitaron la fábrica de respiradores que el Gobierno pagó con un sobrecoste de 21 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su exministro de Sanidad, Salvador Illa, visitaron personalmente las instalaciones de la fábrica Hersill, a la que el Ejecutivo encargó la fabricación de 5.000 respiradores durante la pandemia. Tal y como hoy desvela El Debate, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional se encuentra investigando este contrato desde septiembre de 2020 tras un empresario que participó en el encargo denunciar que en esta operación hubo un sobrecoste de 21,1 millones de euros que, en estos momentos, se encuentran en paradero desconocido.

La visita de Sánchez a la fábrica, ubicada en un polígono industrial del municipio madrileño de Móstoles, estuvo marcada por la expectación porque este contrato, cifrado en 36 millones de euros, fue de los primeros que adjudicó el Ejecutivo. También porque fue la primera vez que se veía a Sánchez con mascarilla. Durante su estancia en la sede de Hersill, Sánchez sostuvo que su visita tenía que ser interpretada como «un tributo al trabajo de las empresas, a los trabajadores y a los profesionales que en toda España están trabajando contrarreloj para salvar vidas y vencer al virus». Además de Illa, Sánchez también estuvo acompañado por Reyes Maroto, en aquel momento ministra de Industria y hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

De hecho, la visita de Sánchez, que fue altamente promocionada por el Gobierno, es una de las pruebas que el empresario que ha denunciado el sobrecoste de 21,1 millones ha aportado a la UDEF. A parte de la visita, el denunciante llevó a los investigadores diversas facturas que acreditan la desaparición de la partida millonaria. El exministro Illa encargó inicialmente a Hersill el contrato pero, a la hora de formalizarlo, se introdujo a la empresa Escribano. En las facturas que figuran en la denuncia, que ha desvelado este periódico, se aprecia que Hersill vendió a Escribano cada respirador por 1.724,35 euros y el Gobierno pagó por cada uno de ellos a Escribano 5.959,34 euros.

La labor de Escribano quedó fijada en el contrato. «La empresa Escribano está inmersa en un proyecto de colaboración estratégica industrial con Hersill, especializada en la producción de equipos médicos como ventiladores pulmonares, en el que Escribano, con sus plenas capacidades tecnológicas y de producción pone al servicio del proyecto uno de los centros mecanizado de alta precisión más grande y moderno de España», menciona la cláusula novena del acuerdo.

El contrato entre Sanidad y Escribano no especifica su papel exacto. Tan sólo menciona que la empresa aportará al proyecto conocimiento, experiencia y capacidades tecnológicas y productivas. «Así como los recursos humanos para fabricar y suministrar ventiladores pulmonares de uso sanitario e incrementar la capacidad de producción de las mismas para ayudar a superar la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus». Lo que sí deja claro el contrato es que la producción de los respiradores quedaba en manos de Hersill, que recibió menos dinero del que pagó el Gobierno.

Esta investigación policial supone un nuevo frente para el Gobierno. En paralelo, está la trama de mordidas y comisiones ilegales que comenzó salpicando a José Luis Ábalos, en manos de la Audiencia Nacional y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que ya está afectando a otros miembros del Ejecutivo y a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.