El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska
Investigación
Marlaska compró a la trama 30.000 test rápidos para Policía y Guardia Civil sabiendo que estaban sin homologar
Interior, que pagó la mercancía inservible por adelantado, nunca reclamó la reposición del material sanitario ni la devolución del dinero
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recurrió a una de las empresas de la trama de mordidas que ya salpica a varios miembros del Gobierno para la compra de 30.000 test rápidos de coronavirus destinados a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Debate desvela hoy un documento interno en el que la compañía informó a Interior antes de la adquisición de que el material sanitario que iba a mandar no contaba con las homologaciones médicas obligatorias. Los test defectuosos llegaron a España y fueron almacenados al ser inservibles.
«El test COVID-19 tiene un ensayo clínico publicado el 19 de febrero de 2020 y ha solicitado las acreditaciones FDA y CE. Sin embargo, ambas se encuentran en trámite», reza el punto tercero del documento. Este contrato fue redactado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 27 de marzo de 2020. Cuatro días después, el 31 de marzo, el número dos del ministro, Rafael Pérez, firmó la compra por 600.000 euros al doctor Ignacio Palomo, ginecólogo de la mujer de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. De este importe, Marlaska dio luz verde a la exigencia que la empresa impuso de cobrar el 70% por adelantado. La cantidad restante se abonó al llegar los test inservibles a Madrid.
Documento que acredita que Interior sabía que los test eran defectuosos
La motivación que Interior alegó para aceptar la propuesta de esta empresa de la trama es que se trataba de una «oferta favorable». El procedimiento que se usó para recurrir a esta empresa de la trama fue el de negociado sin publicidad. Es decir, eludiendo la licitación en un concurso público. «El adjudicatario se somete expresamente a la legislación española», alertaba una de las cláusulas del contrato. Sin embargo, a pesar de que los test para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil eran inservibles, Interior nunca reclamó la reposición de la mercancía ni la devolución del dinero.
El doctor Palomo, propietario de la empresa que vendió a Interior los test defectuosos, es uno de los integrantes del grupo que supuestamente traficaba con mordidas que investiga la Audiencia Nacional. Pocos días después de que Ábalos fuera cesado como ministro el 10 de julio de 2021, viajó junto a Palomo y Koldo a República Dominicana. Tal y como figura en la investigación del caso, el doctor también acompañó al exministro y a su mano derecha en tres viajes a Colombia. Según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), muchos de estos trayectos fueron financiados con dinero de las comisiones. Ábalos y Palomo se conocieron en plena pandemia, al ser el médico el que acudía a la vivienda oficial del ministro para someterle a controles médicos y así evitar que se contagiara del coronavirus. A partir de ahí se fraguó una relación de amistad entre ambos.
Sin explicaciones
La diputada del PP y portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados, Ana Vázquez, pidió en septiembre de 2020 explicaciones al número dos de Marlaska por las irregularidades en los procedimientos de contratación durante la pandemia. En concreto, Vázquez preguntó al secretario de Estado de Seguridad «por el contrato de material de prevención de 30.000 test amigos de Zapatero». «No ha contestado a nada de esto», insistió la diputada del PP.
«Señora diputada, aquí todo va tasado con el tiempo y con unos formatos», le respondió la presidenta de la Comisión, la socialista Ana Botella Gómez, que estaba sentada al lado del responsable de la contratación de los test sin homologar. «Es un fraude lo que están haciendo aquí», le espetó Vázquez. «Me reitero en que no se ha contestado las solicitudes de comparecencia», añadió. Finalmente, el secretario de Estado de Seguridad abandonó la Cámara Baja sin responder al cuestionario de Vázquez, que ya tenía en el punto de mira el polémico contrato, del que hoy este periódico publica detalles inéditos, sin saber que detrás de él había una trama de corrupción.
Después de que Marlaska recibiera los test defectuosos de una de las empresas de la red, Interior recurrió a otra de ellas -en esta ocasión a la principal, Soluciones de Gestión- para la adquisición de mascarillas por 3,4 millones de euros. Este segundo contrato fue firmado el 26 de abril de 2020. En el sumario de la operación Delorme, los agentes de la UCO sostienen que Interior cerró este contrato «por recomendación de Transportes».
