La mayoría del Poder Judicial se opone a ceder la instrucción penal sin garantía de independencia de los fiscales

«Cualquier propuesta de atribuir la instrucción de las causas penales a los fiscales ha de pasar, necesaria y obligatoriamente, por una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público que garantice su absoluta independencia» del Gobierno de turno. La mayoría del Poder Judicial considera que el traspaso de las competencias investigadoras de jueces y magistrados en el ámbito criminal a la Fiscalía, algunas de las cuales afectan a «graves casos de corrupción política», no puede darse «sin asegurar, con carácter previo, que existen mecanismos de control interno que blinden a los propios miembros de la institución frente al poder omnímodo del fiscal general» y a éste «frente al Ejecutivo que lo elige».

Esta será una de las líneas rojas que contendrá el informe técnico que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluirá en el orden del día del próximo Pleno del mes de mayo, sobre el Anteproyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reactivar. Un dictamen que, según ha podido conocer El Debate, «está bastante avanzado» desde la anterior ocasión, también impulsada por los socialistas en 2020, aunque «no llegase a presentarse oficialmente», a petición de la anterior titular del Ministerio de Justicia, Pilar LLop.

Y es que, según confirman a este diario fuentes próximas al Poder Judicial, la propia Llop decidió congelar hace cuatro años el texto modificado de la LECrim, para aplicar algunos cambios importantes en la redacción del mismo, tras recibir un sonoro revés de manos del Consejo Fiscal. El máximo órgano consultivo del Ministerio Público, presidido entonces por Dolores Delgado, aprobó un informe de 706 páginas en el que daba luz verde a la iniciativa pero solicitaba ajustes importantes.

De hecho, era la propia Delgado la que pedía «redefinir la figura del juez de garantías, para que sea garante de los derechos y de las libertades, pero no tutor de la investigación» y exigía «un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para adaptar la figura del fiscal a este nuevo procedimiento procesal, porque será el que lidere la investigación, y debe hacerlo con plenas garantías de autonomía y con los suficientes medios personales y materiales».

De ahí que, para la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) autonomía, en sí misma, «es insuficiente si no se traduce, de manera efectiva, en una independencia real de la Fiscalía» frente a los «intereses», e incluso «directrices», del Poder Ejecutivo o Legislativo. En especial, tras los polémicos precedentes sobre «cambios de criterio, modificaciones exprés de informes y enfoques contrarios a la posición casi unánime de los fiscales del Supremo», en los asuntos de mayor calado político.

No en vano, en todos los informes anuales de la Comisión Europea sobre la situación del Estado de Derecho en los países miembros, España sale muy mal parada en lo relativo a la dependencia orgánica y presupuestaria del Ministerio Publico. «Uno de los elementos de mayor preocupación en Europa es que, pese a las reiteradas advertencias, no se ha hecho absolutamente nada en los últimos años para mejorar la separación de la Fiscalía del Gobierno», apuntan varias fuentes judiciales.

«Escepticismo» entre los propios fiscales

Por su parte, las asociaciones fiscales ya han empezado a estudiar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una posible reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) de cara a la futura y eventual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Y lo han hecho sobre una premisa ineludible: «Sólo cabe un único camino, la total independencia de la institución del Gobierno de turno».

Así lo adelantaba la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) durante el encuentro celebrado, este miércoles, y que ha sido secundado por la Asociación Profesional (APIF). De ahí que hayan insistido en la necesidad de blindar, antes, la independencia de la institución; no sólo del fiscal general, frente a los sucesivos Gobiernos, sino también de los propios fiscales frente a las órdenes discrecionales de éste, también en el seno del Consejo Fiscal, con un sistema objetivo de adjudicación de asuntos, contrapesos internos y absoluta transparencia en la comunicación del Gobierno.

Esta es una propuesta que la AF ha defendido en varias ocasiones y que la semana pasada trasladaba al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la reunión mantenida con éste de cara al nuevo Anteproyecto de reforma de la LeCrim que se ha puesto en marcha.