El PSOE roza el lawfare citando a tres fiscales para evitar la comparecencia de los exministros de Sanidad Miñones y Darias

Ni rastro de los exministros de Sanidad José Miñones y Carolina Darias en la lista de comparecientes presentada por el PSOE, con el beneplácito de sus socios de investidura, en la comisión de investigación parlamentaria sobre los contratos aprobados por varias Administraciones para la compra de material sanitario, por el procedimiento de urgencia, durante la pandemia. Pese a que hace unos días ambos nombres figuraban en la relación de declarantes solicitada a los socialistas por los separatistas de Esquerra (ERC) y Bildu, ninguno ellos se sentará finalmente en el Congreso para dar explicaciones.

A cambio, el PSOE ha aceptado que entre los 134 citados queden incluidos un total de 3 fiscales –el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón; Ignacio de Lucas, que investiga las presuntas irregularidades de Baleares y Canarias; y, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Codruta Kovesi– asumiendo, sin reparos, el relato del lawfare que el independentismo catalán activó en los pactos de investidura de Pedro Sánchez, previos a la amnistía.

Pese a que el Ejecutivo insistió entonces en la idea de que no habría revisionismo alguno de las sentencias judiciales dictadas en el marco del procés, ni persecución alguna de jueces, magistrados o fiscales, lo cierto, es que en la ronda de intervenciones que, durante las próximas semanas, tendrá lugar en la Cámara Baja, estarán presentes, aunque no como investigados, los tres fiscales miembros de un Poder Judicial en el punto de mira de la izquierda radical y el nacionalismo secesionista.

Desde el PSOE aseguran que se llama a los fiscales como expertos jurídicos en la materia objeto de las pesquisas abiertas en los tribunales sobre corrupción política. No en vano, en varias ocasiones el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha insistido en que no se utilizarán las comisiones regladas del Congreso para examinar la actuación de la Justicia, en lo relativo a las cuestiones independentistas. Sin embargo, la presencia de miembros del Ministerio Público en el órgano parlamentario, para ser preguntados por aspectos de causas todavía abiertas de las que no pueden facilitar datos, resulta «francamente anómalo», confirman a El Debate fuentes próximas a la Carrera.

De hecho, fue el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el que aseguró hace unos meses, pese a sus reticencias a pronunciarse en defensa de los miembros del Poder Judicial contra el señalamiento de los separatistas catalanes y algunos miembros del propio Gobierno, que la ley vigente «impide la citación de jueces, magistrados y fiscales en las comisiones parlamentarias». Por lo tanto, el precedente que se sienta desde las filas socialistas, con este gesto, admitido por sus socios de investidura, hará difícil rebatir, con el mismo argumento, futuras peticiones de otra naturaleza.

Cabe destacar que, también, Coalición Canaria ha estado de acuerdo con el resultado final de los nombres incorporados a la relación registrada por el PSOE, entre ellos los tres fiscales, pese a que no consta el que fue director del Servicio Canario de Salud durante la pandemia del Covid-19, Conrado Domínguez que, además de en el acutal caso de las mascarillas, está imputado en la presunta trama corrupta del 'Tito Berni'.

Donde no se ha alcanzado el consenso y, por lo tanto, han quedado excluidos es en el caso de nombres como el del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, planteado por el BNG, ERC y Bildu; el del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, como instaban Sumar y Junts; o, el de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que pedía Vox.