![El Gobierno se niega a valorar el veto del PSC a El Debate: «No me consta»](https://imagenes.eldebate.com/files/image_940_528/files/fp/uploads/2024/05/14/6643552c9bccf.r_d.2547-1149-2241.jpeg)
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Gobierno se niega a valorar el veto del PSC a El Debate: «No me consta»
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha rechazado valorar el veto a El Debate por parte del Partido Socialista de Cataluña (PSC), que negó la acreditación de prensa para la cobertura de la noche electoral. Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra se ha limitado a despachar el veto con un escueto: «No me consta».
El Debate tiene un millón de lectores diario consolidado según el medidor oficial GFK, y 1,3 millones según Google Analytics. Además, el periódico cuenta con una plantilla de ochenta profesionales y ha protagonizado el despegue más rápido de la prensa digital española.
El PSC remitió un comunicado a El Debate en el que indicaba que no podían tramitar la acreditación para la noche electoral. «Después de repasar todas las que tienen, hay una gran demanda y hay que priorizar a los medios que han seguido el día a día de la campaña». El PSC alegaba en este sentido que «hay muchos periodistas y hay que cribar». Este veto se produjo días después de que los socialistas señalaran a este medio en redes sociales.
Amenazas previas
Previamente, y tras el anuncio de Sánchez sobre tomar medidas contra los periódicos críticos con su gestión, el PSOE amenazó al Director de El Debate, Bieito Rubido, con medidas legales por un comentario en una tertulia. El ministro Óscar Puente le llamó «carcundia» y le acusó de «fascismo puro».
El Gobierno iniciaba de esta manera su campaña de acoso contra El Debate, que se ha distinguido por sus informaciones exclusivas sobre Begoña Gómez, que nunca han sido desmentidas por la aludida ni han sido objeto de denuncia alguna. De hecho, la Moncloa no ha dado respuesta cuando los redactores de El Debate se han dirigido a sus portavoces para cotejar la información, acorde a lo que es la práctica deontológica del periódico.