Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña tras las europeas

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno de este miércoles en el Congreso dejó muchas preguntas sobre el caso Begoña y ninguna respuesta, pero por encima de todas quedó una: ¿Qué planea el presidente del Gobierno, que tan inquietos tiene a sus socios?

Sánchez se comprometió delante de Sumar, ERC, Junts, Bildu, el BNG y Podemos a poner en marcha lo que llamó «agenda de regeneración democrática» después del 9 de junio, ante la impaciencia manifestada por los portavoces de todos ellos este miércoles y durante las últimas semanas, desde que volvió de sus cinco días de reflexión. «No es una falta de voluntad política, simplemente tenemos que esperar a que pasen las elecciones europeas de manera rigurosa», se escudó ante la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que llamó a ese proceso que se viene «ruptura democrática».

La única pista que dio el presidente fue que le parece un buen punto de partida la ley aprobada por el Parlamento Europeo en marzo, que establece medidas para que los medios de comunicación de los países de la UE informen de quiénes son sus propietarios, cómo se financian y la publicidad institucional que reciben.

A partir de ahí todo es susceptible de ser endurecido. Una de las ideas se la dio el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: «Subamos las multas a la prensa por difamación, 150.000 0 200.000 euros por mentir. No todos los medios de comunicación se pueden permitir esa cifra», sostuvo Rufián, dando a entender que la mejor mordaza a la prensa es la financiera.

«Una profesional honesta»

Por más que los distintos portavoces de la mayoría Frankenstein azuzaron a Sánchez, el presidente siguió velando armas hasta después de que los españoles voten en menos de 20 días, mientras proclamaba la inocencia y honestidad de su mujer y su convicción de que la investigación abierta por el juez de instrucción Juan Carlos Peinado será archivada más pronto que tarde y entonces esperará disculpas. «Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un Gobierno limpio, señorías. Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías», clamó.

El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, fue el más contundente: «No hay consenso del 78 al que regresar. Estamos nosotros y nuestra determinación de ir hasta el final», señaló. A renglón seguido propuso a Sánchez derogar la que la izquierda llama ley mordaza, cambiar las condiciones de acceso a las altas magistraturas del Estado y herramientas para renovar el CGPJ sin el PP. Esto último fue algo en lo que también incidieron otros portavoces del bloque.

El presidente apuntó a los integrantes de la «máquina del fango» en abstracto y otros se encargaron de disparar. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, llegó a señalar en sede parlamentaria a cuatro periodistas, Antonio García Ferreras, Susanna Griso, Pablo Motos y Ana Rosa Quintana.

El PP pidió a la presidenta del Congreso que eliminara esas alusiones del Diario de Sesiones. Lo único que hizo Francina Armengol fue comprometerse a estudiarlo. Más solícita estuvo Armengol cuando Sánchez le pidió que cortara la segunda y última intervención de Alberto Núñez Feijóo, que se había excedido de tiempo (como todos o casi todos los oradores, en este pleno y en todos).

El único socio de Sánchez que puso la nota discordante en medio de esa sed de venganza mostrada por la coalición y sus partidos asociados fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió al presidente de que el «enconamiento» y la «sucesión de choques mutuos» con los jueces es un camino peligroso que no puede traer nada bueno.

Después de escuchar las nulas explicaciones del presidente, Feijóo dio orden a su grupo parlamentario en el Senado para que cite a Sánchez a declarar en la comisión de investigación de los contratos de la pandemia. El calendario antes de las elecciones europeas no deja apenas margen, así que la previsión es que esa comparecencia se produzca después del 9 de junio.

De manera que, una cosa y otra, la «agenda de regeneración democrática» del presidente y su comparecencia en el Senado, coincidirán en el tiempo. Los populares creen que al caso Begoña le queda mucho recorrido aún. Al margen de las diligencias previas abiertas contra la mujer del presidente por presunto tráfico de influencias, el PP tiene previsto llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el posible conflicto de competencias del líder del Ejecutivo. Aunque no especifica cuándo.

Por lo que respecta al reconocimiento del Estado de Palestina, tras el que Sánchez trató de parapetarse durante el agrio debate, bastó rascar un poco para comprobar que será un brindis al sol en el Consejo de Ministros: fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores confirmaron que el reconocimiento no implicará que España especifique por escrito unas u otras fronteras del Estado de Palestina. Tampoco supondrá la apertura de una embajada en Ramala, sede de la Autoridad Nacional Palestina.