García Ortiz prepara una instrucción de «obligado cumplimiento» para que los fiscales informen a favor de la amnistía

La Fiscalía General del Estado mantiene intactos sus planes para informar a favor de la aplicación de la Ley de Amnistía a todos los casos judiciales en curso, o pendientes de tramitarse, una vez la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entre en vigor. Según ha podido saber El Debate, Álvaro García Ortiz ya habría adelantado, al menos, a los fiscales de Sala del Supremo, que prepara una instrucción de «cumplimiento general» para toda la Carrera, favorable al encaje del borrado penal del procés con todas las causas abiertas. Unas directrices que, como ya ocurriera en el caso de la polémica Ley del 'Sí es Sí', obligarán a los fiscales a obedecer a su superior jerárquico e informar de manera homogénea, en todos los tribunales pendientes de pronunciarse sobre el alcance de la norma aprobada por el Congreso.

No en vano, el mismo día en el que la Cámara Baja daba luz verde a la amnistía, García Ortiz iniciaba una doble ronda de contactos con los fiscales responsables del Supremo (TS), Audiencia Nacional (AN), Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y Audiencias Provinciales de dicha comunidad autónoma, en un primer intento de imponer un criterio único a favor de la aplicación de la Ley.

García Ortiz es muy consciente de que la posición de la Fiscalía en la causa del procés ante el TS es sumamente relevante porque marcará, sin duda, el camino a seguir en aquellos otros procesos que están pendientes de abordarse, a nivel autonómico, contra el separatismo catalán.

Sin embargo, en el encuentro con los cuatro fiscales de la causa especial del Alto Tribunal contra Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, entre otros –los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza– ya quedó claro en un extenso informe de más de cien páginas avanzado por El Debate, las razones por las que, a su juicio, la redacción definitiva de la norma pactada por el PSOE y Junts dejaba fuera la malversación que afecta a la mayoría de los políticos independentistas, dejándoles fuera de cualquier futuro beneficio penal.

Un inevitable «choque de trenes»

Tal y como adelantaba este mismo diario, el cisma está servido ya que una vez se les notifique formalmente la instrucción en marcha, están dispuestos a invocar el artículo 27 de su Estatuto (EOMF). Es decir, activar el mecanismo previsto en caso de discrepancia con un superior jerárquico, para que sea la Junta de más de treinta fiscales del Supremo –el denominado 'generalato' de la Fiscalía– el que resuelva el conflicto.

Si llegado el caso, el cónclave de la Carrera se inclinase por apoyar el enfoque del fiscal general, podrían darse dos escenarios tras el choque de trenes. Por una parte que los cuatro fiscales discrepantes aceptasen defender la posición definida por la mayoría de sus compañeros, aún siendo opuesta a la suya, cuando sean preguntados por la Sala Segunda del Supremo sobre cómo afecta la amnistía a los procesados y condenados en la causa especial del 1-O. Por otra, que se mantengan firmes en que la malversación atribuida a estos queda fuera de los delitos beneficiados por el borrado penal en curso, arriesgándose a ser apartados del caso y sustituídos por otros fiscales para hacer frente a las actuaciones procesales ante el TS.

Esta segunda hipótesis ya se dio, recientemente, en la causa de Tsunami Democrátic que recaló en manos de la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para eliminar el terrorismo que el ponente inicial del caso, Álvaro Redondo, sí había admitido para Puigdemont y que modificó en menos de 48 horas; o, en la querella presentada por Alberto González, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos.

Cabe recordar que, en ambas ocasiones, pese a los esfuerzos del fiscal general por imponer su criterio en el seno de la institución, los jueces –tanto de la Sala Segunda del TS como los de la Sala de Admnisiones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), respectivamente– avalaron un enfoque contrario que, de repetirse con la amnistía supondría un nuevo escándalo, ya inasumible, en su cuestionado mandato. No en vano, García Ortiz ya cuenta con la anulación de dos nombramientos a su predecesora, Dolores Delgado, uno de ellos incurriendo en «desviación de poder».