Vox exige en Murcia el cierre del campamento de inmigrantes de Cartagena, en el que intervino la Policía por un «motín»

El vicepresidente de Murcia y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, ha reivindicado este jueves la propuesta por la que se exige al Gobierno central el cierre del campamento de inmigrantes (CETI) del hospital Naval de Cartagena, una iniciativa que anunció la pasada semana y que finalmente ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno. Este centro, como señaló Antelo, cuenta con 800 inmigrantes y denunció que desde que se abrió la zona se ha convertido en un foco de prostitución y delincuencia.

El número dos del Ejecutivo murciano ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que ceda estas instalaciones para «fines sociosanitarios» y otros que pueda plantear el Ayuntamiento de Cartagena. Por otro lado, Antelo ha criticado que no se haya recibido ninguna notificación sobre el CETI por parte del Gobierno central. Así, ha denunciado que es una «irresponsable e inaceptable ausencia de lealtad institucional» que va en detrimento de la seguridad de todos los cartageneros.

«El Gobierno de Pedro Sánchez está incumpliendo todos los plazos que dio y todos los compromisos que quiso estrechar con los ciudadanos de la Región de Murcia. Todo esto es un fraude. Desde el Gobierno de la Región de Murcia vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar la degradación de todo lo que viene a ser el pulmón de Cartagena, que es sin duda Tentegorra», ha explicado, al tiempo que ha garantizado que el Gobierno de la Región de Murcia continuará «firme en su postura» de no colaborar con la inmigración ilegal.

Altercado en el CETI

Además, José Ángel Antelo ha trasladado su apoyo a la policía local de Cartagena, después de que la pasada noche tuviera que intervenir, con cuatro patrullas, ante un altercado en el que, según datos del Ayuntamiento local, se vieran involucrados cerca de 80 inmigrantes que, se amotinaron para impedir la expulsión de un africano del centro.

Según fuentes municipales, al incidente solo acudió la Policía Local, que tuvo que prestar apoyo a los vigilantes del campamento, calmar los ánimos de los amotinados, avisar a la entidad social responsable de las instalaciones y escoltar al personal de la entidad hasta la Hospitalidad Santa Teresa, donde fue trasladado el migrante expulsado, informa Europa Press.

«En Vox ya advertimos de que la inmigración ilegal trae inseguridad y solo beneficia a las mafias del tráfico ilegal de personas. Ahora los vecinos sufren este motín en #Cartagena generado por las políticas de fronteras abiertas», ha escrito Antelo en su cuenta de X.

La alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, ha exigido al Gobierno central, por su parte, una explicación de lo sucedido, que, según ha expresado, «sirve para concluir que el recinto no está preparado para garantizar su propia seguridad interior». Y ha pedido a la Delegación del Gobierno que les proporcione toda la información sobre el incidente. «Acumular a más de 700 personas en un campamento de forma indefinida no puede ser la respuesta de España a la inmigración, porque genera problemas de convivencia y tiene riesgos sociales», ha manifestado.