Vox pide al Supremo no aplicar la amnistía a los líderes del 'procés'

El partido de Santiago Abascal, acusación popular en la causa contra los líderes del procés, ha presentado un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo en el que pide no aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont y el resto de líderes del referéndum ilegal del 1-O, y solicita de forma subsidiaria que, en el caso de que el Alto Tribunal considere que sí debe aplicarse, no lo haga antes de preguntar al Tribunal Superior de Justicia Europeo, aludiendo Vox a la incompatibilidad de la polémica norma con el derecho comunitario.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, el partido recuerda que los procesados «no sólo admitieron, permitieron sustraer caudales públicos para emplearlos en una finalidad prohibida apartándolos de los usos y finalidades para los que estaban destinados, sino que además, orquestaron y organizaron toda la operación y por este motivo, unos fueron condenados y otros pendiente de su enjuiciamiento debido a su fuga y huida de la justicia».

A juicio de Vox, no puede admitirse la aplicación de la amnistía porque «vulnera de forma frontal principios básicos de nuestro Estado de derecho», entre los que menciona la unidad de España, la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.

Pero además remarca la formación la «confrontación directa» de esta ley con la normativa europea entre otras cosas en lo que respecta al delito de malversación. De este señalan que «a la luz de la normativa europea» este delito «se configura como aquellos que, junto con el blanqueo de capitales, y cohecho activo y pasivo, afectan a intereses financieros de la Unión». Vox además hace hincapié en que el principio de igualdad, que se ve vulnerado con esta ley, es valor fundamental de la Unión Europea y por tanto «principio general» del derecho europeo.

Esgrimen en su escrito ante el Supremo ocho cuestiones que deberían consultarse para ver si la amnistía resulta compatible o no con el derecho comunitario. Entre ellos, la inconcreción y «arbitrariedad» de la norma, la utilización del procedimiento de urgencia para tramitarla, como proposición de ley, la ya citada incompatibilidad de amnistiar los delitos de malversación con la directiva europea, así como la que existe respecto al delito por terrorismo, o la finalidad de la ley.

Asimismo, señala Vox que «el TJUE deberá considerar si los principios y valores del artículo 2 TUE son compatibles con la decisión parlamentaria de amnistiar la comisión de delitos, incluidos delitos de corrupción, cometido por cargos públicos pertenecientes a partidos cuyos votos fueron imprescindibles para que la ley de amnistía fuera aprobada».