Los 17 fiscales que contradicen a García Ortiz, abren la puerta al Supremo para no amnistiar la malversación del 1-O

En contra del criterio del fiscal general del Estado y de la mayoría de los miembros de la Junta de Sala del Supremo, entre los que se encontraban Álvaro García Ortiz y su predecesora, Dolores Delgado, un total de 17 fiscales de la más alta categoría del escalafón de nuestro país –que Delgado perdió con la anulación de sus dos nombramientos, lo que debió disuadirla de participar y votar– contradecían, este martes, el criterio de su superior jerárquico y votaban 'no' a la amnistía de la malversación del 1-O.

Tras más de cinco horas de tensa deliberación, en la reunión mantenida por el denominado 'generalato' del Ministerio Público, los cuatro fiscales de la causa especial del procés Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, recibían el respaldo de la mitad de sus compañeros.

El fiscal Togado Antonio Pulido Ortega, José Miguel de la Rosa, Jesús Tirado, Javier Huete, Rosana Morán, Pilar Martínez Nájera, Francisco Jiménez Villarejo, Elvira Tejada, Pilar Fernández Valcarce, el ex magistrado del TS Antonio Narváez, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y los ex fiscales generales del Estado Manuel Moix y María José Segarra prestaron su respaldo a los argumentos por los que consideran, como se reflejó en un informe de más de 160 páginas, que «no se puede borrar» el desvío de fondos públicos cometidos, entre otros, por Carles Puigdemont.

El titular de la Fiscalía necesitó de su propio voto y del de su amiga y predecesora en el cargo, la socialista Dolores Delgado, para inclinar la balanza a favor de su tesis jurídica por la que, de acuerdo con el decreto de «obligado cumplimiento» remitido a toda la Carrera, la polémica ley de amnistía pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con los separatistas de Junts y ERC ha de aplicarse de manera total y generalizada a todos los procesados y condenados, sin excepción.

Y es que pese a que un total de 22 de los 36 fiscales asistentes, entre los 38 que integran el Pleno de la Sala de la que se ausentaron dos por enfermedad, pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) afín a la cúspide de la institución –y más de una veintena de ellos ascendió a la máxima categoría del escalafón, para vacantes ofertadas después de 2019, de la mano de Delgado y García Ortiz, «a veces, frente a candidatos más antiguos y solventes»–, este martes, se vivió un empate técnico.

Un escenario que abre la puerta a que el Supremo, que tendrá la última palabra en el asunto, se incline por no beneficiar a los condenados y a los procesados por encabezar el referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017. De hecho, así ha venido sucediendo, recientemente, en todos los casos en los que tras ganar el pulso en Junta de fiscales de Sala, a quienes se atrevieron a desafiarle planteando un artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF), García Ortiz recibía el varapalo posterior del tribunal competente.

Por ejemplo, en la causa deTsunami Democrátic que recaló en manos de la número dos del escalafón, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, para eliminar el terrorismo que el ponente inicial del caso sí había admitido para Puigdemont y que la Sala Segunda del Supremo, también encontró; o, en la querella presentada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos que, pese a los esfuerzos del fiscal general por evitarlo, fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En ambas ocasiones, los jueces avalaron un enfoque contrario al instado desde la Fiscalía que, de repetirse con la amnistía supondría un nuevo escándalo, ya inasumible, en su cuestionado mandato. Cabe recordar que las pesquisas de la Justicia madrileña, instadas por la pareja de la presidenta autonómica, estrechan, cada vez más, el cerco sobre la posible actuación irregular de García Ortiz en su deber de confidencialidad. De hecho, son numerosas las fuentes que apuntan a cómo «su situación procesal podría cambiar» en cuestión de días.

El Supremo, al margen de la Fiscalía

Cabe recordar que más allá de los argumentos impuestos por la Fiscalía General del Estado, una vez resuelto el cisma interno, la última palabra sobre los efectos y la aplicación de la amnistía la tendrán cada uno de los tribunales españoles con causas concernidas por el contenido de la norma.

En el caso del Supremo, para los prófugos Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, será el magistrado instructor Pablo Llarena el que decida sobre el alcance del asunto, mientras que para los condenados e indultados, pero todavía inhabilitados, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva, corresponderá a la Sala Segunda de lo Penal compuesta por siete magistrados, presididos por el juez Manuel Marchena, hacer lo propio.

De hecho, si el Alto Tribunal acoge los argumentos de los cuatro fiscales del procés, la amnistía quedaría sin efecto en la práctica. Ni se levantarían las órdenes de detención sobre los separatistas rebeldes, ni podría liquidarse anticipadamente las penas accesorias que todavía afectan a los indultados y les mantienen alejados de la primera línea electoral.

En ese caso, y como lleva varias semanas avanzando El Debate, tampoco sería necesario que el Supremo presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea (TJUE) ya que, si como sostienen los fiscales que se oponen a los planes de García Ortiz, y una buena parte de los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Segunda, la Ley aprobada para el borrado penal del procés no es aplicable a sus teóricos destinatarios, no haría falta preguntar sobre la misma porque no tendría interés para la causa.