El empeño del PP, las líneas rojas de Europa y un «escollo» salvado al límite frenan el 'plan B' de Sánchez para asaltar el Poder Judicial

en la semana en la que, de acuerdo con las intenciones de Pedro Sánchez, vencía el plazo de su ultimátum para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha logrado desactivar la amenaza lanzada por los socialistas y sellar un acuerdo, in extremis, para la regeración del máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados españoles. Sin embargo, «no ha sido fácil» para los populares neutralizar el 'plan B' del Ejecutivo que amenazaba con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y colonizar el maltrecho Supremo, con 27 vacantes, de la mano de sus socios separatistas y de las formaciones más radicales del arco parlamentario.

El PP lograba cerrar el pacto, salvando «un escollo» imporante: lograr el 'sí' de los socialistas a la modificación normativa que, de acuerdo con el sistema actual vigente, permitirá que, al menos, 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por y de entre sus compañeros jueces. Este importante detalle, con el que Feijóo buscaba cumplir su palabra y las exigencias de las asociaciones de jueces, estuvo a punto de frustrar el acuerdo «en el último minuto» del tiempo de descuento.

No en vano, el PSOE estuvo dispuestos a dinamitar las conversaciones, que se han llevado en el «más escrupuloso secreto», en muchos momentos. «Hasta que no esté firmado, con el visto bueno de la Comisión Europea, sobre la mesa, todo puede saltar por los aires», aseguraban a El Debate fuentes de la negociación, hasta dos horas antes del anuncio oficial de la firma en Bruselas.

Hacia la capital belga se desplazaban, este mismo martes, tanto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons para poner fin a un total de seis años de espera que, así las cosas, han llevado a renovar el Consejo pero, no como afea parte de la derecha a la formación de los de Núñez Feijóo, «a cualquier precio». «Hemos sido conscientes, en todo momento del valor del interés general que nos guiaba y de lo que nos jugábamos», aseguran fuentes próximas a la negociación consultadas por este diario.

De ahí que, «con sinceridad», afirman dichas fuentes cómo «la gestión final ha sido buena» para la situación que se presentaba, en caso contrario o, incluso, « de partida».

Cabe recordar que, en los últimos coletazos de las conversaciones, tanto la Sala de Gobierno del Supremo, como la mayoría de las asociaciones judiciales, se desmarcaban con comunicados propios para instar a un acuerdo «urgente e irrenunciable». Para la comunidad jurídica, resultaba imposible seguir sin atender la obligación constitucional que insta a renovar el CGPJ, cada cinco años: «Los que estamos dentro sabemos lo que estaba pasando con la Justicia, en el día a día, y cómo la situación estaba pudriéndolo todo».

«Caminábamos a triplicar el mandato» del órgano, recuerdan algunas fuentes especialistas. Y, «no podía estirarse más tiempo la mala situación en la que está la Justicia» desde que, en la anterior Legislatura , se prohibió vía exprés al CGPJ, cumplir con su función natural de nombramientos discrecionales de jueces y magistrados. Una competencia hurtada por el Ejecutivo de PSOE y Podemos que, meses más tarde, recbía la conformidad del Tribunal Constitucional (TC).

Por otro lado, la mayoría de los miembros de la Judicatura española temían que el presidente del Gobierno fuese a salirse con la suya, una vez más, a nivel institucional. El fantasma de una reforma «radicalmente inadecuada» sobre una materia tan delicada como el Poder Judicial, con el riesgo añadido de que lo «hiciera con los radicales y con partidos anti estatales», no parecía tranquilizar demasiado a nadie. De haberse consumado, «nos habría empujado a todo un país a una Justicia controlada e ideologizada», respiran aliviados desde el entorno negociador.

Además, y según ha podido saber el Debate, «el plantón» de Feijóo que, hasta en dos ocasiones durante las conversaciones, el cruce de llamadas y los mensajes, levantó al PP de la mesa, cuando la cosa se enquistaba, «ha terminado por imponer aspectos tremendamente importantes en el texto del acuerdo».

No en vano, el PSOE de Sánchez ha tenido que aceptar la imposibilidad de que los cargos políticos ocupen plaza en el CGPJ, aunque sean jueces; se ha comprometido a mantener una capacidad, no ya de bloqueo, sino de 'cogobernanza' entre ambos bloques ideológicos en el seno del nuevo CGPJ, que deberá alcanzar una mayoría reforzada de tres quintos (12 vocales, mínimo) para adoptar cualquier acuerdo o designación; y, por si fuera poco, el nuevo Consejo tendrá que presentar un anteproyecto de reforma legislativa, en el mes de julio, para cambiar el sistema de elección de sus miembros, por los propios jueces.

Un sistema en «el que se han impuesto las líneas rojas de Europa como base de la reforma» y que, a falta de una despolitización absoluta del Consejo, permita a los jueces y magistrados decidir, al menos, la mitad de los miembros del Pleno del órgano colegiado a partir de ahora.

Una realidad que, muchos de ellos creen que «no se hubiera producido» si desde las filas populares no se hubiese exigido, como condición para sentarse, la mediación de Europa.