Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso, junto a las vicepresidentas Montero y Díaz
«Quedan tres años»
El Gobierno instala el espejismo de una legislatura estable y larga tras el acuerdo del CGPJ
Tras siete meses de tribulaciones y rumores constantes de adelanto electoral, y con Cataluña cerca de una repetición, los socialistas creen que el pacto les da algo más que un respiro
El Gobierno quiere utilizar el acuerdo con el PP para la renovación del CGPJ y el refuerzo de la independencia judicial para trasladar el espejismo de que la legislatura está asentada y será estable y larga, después de siete meses de tribulaciones y rumores constantes de adelanto electoral. El propio Pedro Sánchez coló ese mensaje en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo de este miércoles en el Congreso. «Quedan tres años por delante de legislatura y muchos acuerdos por alcanzar», le dijo al líder de la oposición.
Las especulaciones han aumentado en las últimas semanas, a medida que gana enteros el escenario de que los catalanes vuelvan a las urnas en otoño. Se ha venido hablando de la posibilidad de que el presidente aprovechara esa circunstancia para convocar las generales, utilizando al PSC como motor de propulsión, que tan buen resultado le dio en las anteriores generales, en las catalanas y en las europeas.
Fuentes del Ejecutivo interpretan que si el líder de los populares se ha avenido a un acuerdo después de cinco años y medio de parálisis es porque sabe que Sánchez no tiene la más mínima intención de terminar abruptamente el mandato. Y que por eso también negociará las renovaciones del Banco de España, RTVE, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. De hecho, en la Moncloa confían en que, a lo largo de julio, antes del final del curso, pueda haber algún otro pacto.
Para completar el cuadro de esa supuesta estabilidad del Ejecutivo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha dejado claro estos días que no trabaja con el escenario de no presentar los Presupuestos Generales de 2025, como sucedió con los de 2024. Es una pregunta recurrente, puesto que el presidente se arriesga a presentar sus primeras cuentas públicas de la legislatura y que Junts se las tumbe. Con una derrota así, difícilmente podría seguir como si nada. De hecho, en 2019 Sánchez convocó elecciones porque ERC le tiró los Presupuestos de ese año.
Por lo pronto, María Jesús Montero llevará los objetivos de deuda y déficit a votación en las Cortes en julio o septiembre, según Hacienda. Cabe recordar que, a finales de julio, los socialistas prevén tener aprobada y en vigor la reforma legal que han forzado a través de la ley de paridad para quitar al Senado su capacidad de veto sobre la senda de estabilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno restan importancia al enfado de ERC, el PNV, Podemos, Bildu, Junts y el BNG por haber quedado excluidos del reparto del CGPJ. No así Sumar, que presume de haber propuesto dos de los diez nombres de vocales que les tocaban a los socialistas.
Fuentes de la Moncloa señalan que los números son los que son y que hay acuerdos para los que necesariamente necesitan al PP, porque solo con ellos suman mayoría de tres quintos en el Congreso. Y pronostican que las aguas volverán a su cauce, porque sus socios siguen siendo los que eran antes del pacto entre Félix Bolaños y Esteban González Pons. «Hay una mayoría parlamentaria de investidura que es sólida. Lo hemos visto en las últimas semanas llegando a multitud de acuerdos».
De hecho, desde el Ejecutivo se muestran convencidos de que el PP «seguirá en la confrontación». En la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, Feijóo y el resto de los portavoces populares no aflojaron un ápice su oposición a Sánchez. El líder de la oposición pidió al presidente que fuerce la dimisión del fiscal general del Estado (no lo puede destituir), que deje de atacar a los jueces que investigan a su familia y que responda ante la prensa y ante la oposición sobre el caso Begoña.
Un mes de julio intenso en el Congreso
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal que socialistas y populares registraron este mismo miércoles en el Congreso ha intensificado el calendario parlamentario de julio. Un mes que no está dentro del periodo ordinario de sesiones, aunque todos los años hay algún pleno extraordinario.
Esta vez serán cuatro, los días 4, 11, 17 y 23. En el primer Pleno, la previsión es que se debata la toma en consideración de la proposición de ley conjunta del PSOE y el PP. Y que, entre otras cosas, mandatará al CGPJ a presentar una reforma del sistema de elección de los vocales en el plazo de seis meses. Después de superar los trámites parlamentarios en el Congreso, se espera que el Senado dé el visto bueno definitivo a la reforma el 31 de julio y entre en vigor inmediatamente.
En julio también está previsto que Sánchez lleve a la Cámara Baja ese «paquete de regeneración democrática» que anunció en respuesta a la imputación de su mujer por un juez de instrucción de Madrid. Y, además, en alguno de los plenos extraordinarios los diputados deberán convalidar el decreto ley que aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes y que prorroga las llamadas medidas anticrisis. En esta ocasión, la novedad es la incorporación del aceite de oliva a la lista de alimentos básicos con el IVA al 0 %.
