Ofensiva de Vox para cerrar los centros de menas, rechazar el reparto de menores y poner fin al efecto llamada

La cuestión migratoria, un tema latente especialmente en los últimos años, se ha convertido estos días en elemento central del debate político ante la reforma de la Ley de Extranjería que han preparado de manera conjunta el Gobierno central y el canario y por la que se obligaría a las comunidades autónomas a acoger a un determinado número de menores inmigrantes que han entrado en Canarias de forma ilegal.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende llevarla al Congreso para su aprobación antes de que termine este mes. Por lo pronto, el 18 de julio se ha convocado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para presentarla a las regiones. Vox ha sido el único partido que desde el principio se ha posicionado en contra de la misma y ha avanzado su 'no' en esa futura votación al considerar que extiende el problema y no lo soluciona.

«El reparto obligatorio e indiscriminado no hace más que agravar un problema crónico que los políticos de turno se niegan a atajar de raíz por mandato de las élites de la Agenda 2030. No podemos permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas. Como tampoco podemos tolerar que haya menores extranjeros sin la compañía de sus padres en una nación que no es la suya», asevera el partido de Santiago Abascal. Considera así que la medida que plantea el Gobierno supone «un gravísimo peligro» para la seguridad, así como «una vulneración del interés superior del menor», que es estar junto a sus familias en sus países de origen.

Así lo señala en una moción que ha presentado en el Senado, para su debate en la Comisión de Interior, y en las proposiciones no de ley que ha registrado en los parlamentos autonómicos, y que suma a las propuestas que han llevado a las Cortes estos años atrás con medidas frente a la inmigración ilegal. Sin ir más lejos, la que llevó al Pleno del Congreso el pasado abril para rechazar la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales.

La formación destaca en esa moción, que ha podido consultar El Debate, que el número de menores extranjeros no acompañados inscritos en España «ha aumentado en ocho años un 221,4 % y más de 3.000 % los registrados en Canarias». Tal como recoge Vox, en Canarias se ha pasado de 93 inscritos en 2015 a 3.030 en octubre de 2023; 1.707 inscripciones en Andalucía; 1.337 en Cataluña; 1.016 en la Comunidad Valenciana, y 849 en la Comunidad de Madrid. En esta última región, por ejemplo, entre enero y febrero de este se recibieron 946 menores.

Denuncia además la relación que existe entre la inmigración ilegal masiva y la creciente inseguridad, e indica, en este sentido, que pese al «silencio mediático» sobre la nacionalidad de los delincuentes, hay «cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados» en nuestro país.

Qué exige Vox al Gobierno

A través de esa moción registrada en el Senado, exige, por un lado, que se rechace la propuesta de reparto de menores inmigrantes y que se planteen alternativas «que prioricen» la seguridad de los ciudadanos y un plan para repatriar a esos menores, y que no se habiliten partidas de presupuestos para reubicar a los inmigrantes ilegales a las regiones. También que se tomen las medidas necesarias para que se cierren los centros de menas, y hasta que el cierre sea efectivo, que se garantice la seguridad de la zona.

El partido de Abascal insta también a la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales, y de los legales que hayan cometido delitos graves o reincidan en la comisión de delitos leves, y a poner fin a las políticas de efecto llamada que favorecen que miles de personas pongan en riesgo su vida al intentar atravesar el mar para llegar a España.

Para Vox también es clave que las administraciones públicas «trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública». En este sentido, es partidario de eliminar las ayudas y los beneficios sociales de los que gozan los inmigrantes ilegales, salvo las ayudas humanitarias que necesiten hasta que sean devueltos a sus países.

También pide en su escrito que se suspenda la cooperación al desarrollo con aquellos países que no colabore «en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos» en materia migratoria. Y, a nivel municipal, que se ponga en marcha una ordenanza reguladora que impida que puedan empadronarse los inmigrantes ilegales, una iniciativa que Vox ha llevado a los ayuntamientos donde gobierna.

Los acuerdos regionales con el PP

Vox ya ha avisado de que la cuestión migratoria puede ser una línea «crítica» de los acuerdos de gobierno que firmaron con el PP en seis regiones. La semana pasada, en plena ronda de reuniones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con los grupos parlamentarios para darles a conocer la reforma de la ley de extranjería, el partido de Abascal señaló que no aceptaría cuotas en las comunidades donde gobierna y que, en el caso de que el PP lo hiciera, convocaría una reunión urgente de la comisión de seguimiento de esos pactos.

No obstante, desde Vox se muestran confiados en que los populares no van a aceptar la propuesta del Gobierno y que van a cumplir los pactos. Así lo han venido trasladando esta semana, indicando que no contemplan otra opción que no sea la de que el PP cumpla lo firmado.

«Si el PP no cumple, nosotros cumpliremos con nuestra palabra, pero vamos a confiar, porque tenemos muchos motivos para hacerlo, en los líderes territoriales del PP, que fueron conscientes desde el primer momento de que era necesario hacer un pacto con Vox, que respetaron el resultado electoral y que llegaron a esos acuerdos incluso a pesar de las zancadillas de la dirección nacional del partido», señaló Abascal en una entrevista en El Toro TV este martes.

Dijo además que van a «pasar por alto» las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que explicó que las regiones gobernadas por el PP «van a cumplir con sus obligaciones hasta el máximo disponible» en el reparto de menores inmigrantes, si bien pidió «límites». Unas declaraciones que el secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, indicó que entienden que «no son vinculantes» porque no gobiernan con la dirección nacional del PP, sino con los líderes autonómicos. Y así también lo manifestó Abascal: «No estamos gobernando con Feijóo, estamos gobernando con una serie de líderes territoriales del PP que han aceptado el resultado electoral (...). Nos vamos a atener exclusivamente a la respuesta de esos líderes. Esperamos que sea acorde al pacto suscrito».