Vox presenta una batería de medidas contra los empadronamientos ilegales en los municipios donde gobierna

El partido de Santiago Abascal ha presentado este martes una batería de medidas «contundentes» encaminadas a acabar con los empadronamientos ilegales en los municipios donde gobierna y donde tiene representación. Su objetivo es erradicar este problema en aumento y las consecuencias que trae consigo, desde un fomento de la inmigración ilegal por el efecto llamada que supone a una precariedad de los servicios públicos entre otras y la «recepción a todas luces ilegal de ayudas públicas», tal como ha explicado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, que ha criticado la «pasividad» de otras fuerzas políticas al respecto y la «debilidad de las administraciones».

Lo ha hecho en una rueda que ha ofrecido desde la sede nacional de Vox junto a Fulgencio Coll, concejal y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca; David Moreno, concejal de Medio Ambiente, Parques y Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Gonzalo López, concejal de Litoral y Sanidad del Ayuntamiento de Cartagena; y Pilar Fenoy, primera teniente de alcalde, y concejal de Turismo y Playas de Níjar, han dado a conocer en rueda de prensa las principales medidas que están llevando a cabo en sus ciudades, también en representación de los más de 100 cargos locales que Vox tiene en toda España.

Entre esas medidas se encuentran las que por ejemplo se han implantado en Palma de Mallorca, como las inspecciones domiciliarias, la colaboración entre las autoridades o un canal de denuncias anónimas. «Hasta ahora se hacia la vista gorda», ha denunciado Fulgencio Coll, subrayando que Vox con su llegada al Ayuntamiento ha puesto el foco en esta lacra y ha impulsado una serie de acciones para poner orden en este empadronamiento que se hace de forma fraudulenta.

En Talavera de la Reina, donde por ejemplo ha habido 289 empadronados en 3 domicilios, también se han impulsado esas inspecciones policiales; se han diseñado unas alertas que avisen de cuando haya más de 10 empadronados y un refuerzo de plantilla en el padrón. David Moreno ha detallado que detrás de estos empadronamientos irregulares hay mafias organizadas y que lo que se persigue es obtener ayudas sociales. De hecho, ha apuntado que hay personas dispuestas a pagar entre 500 y 5.000 euros para obtener ese empadronamiento de forma ilegal y con ello obtener una cartilla sanitaria y el acceso a unas determinadas ayudas.

Cartagena es una de las ciudades que quizá más asiste al problema de la inmigración ilegal. Gonzalo López la ha definido como «el paradigma» de lo que supone la inmigración irregular y descontrolada. Allí hay un CETI, un campamento de acogida de inmigrantes, gestionado por una ONG, y según ha señalado, han pasado por él 2.200 personas, actualmente hay 700 pero la llegada de inmigrantes es «incesante».

López también ha incidido en que lo que hace atractivo empadronarse es que es la «puerta de entrada» de beneficios sociales, y que en última instancia lo que se persigue es una futura regularización –cabe recordar que en el Congreso todos los grupos parlamentarios menos Vox votaron a favor de la toma en consideración de una propuesta para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales–. López ha criticado que no existían herramientas para detectar estos empadronamientos y ahora trabajan en ello, y, por ejemplo, se ha pedido información al departamento de estadística sobre «movimientos sospechosos» en el padrón.

También Níjar, en Almería, es foco de inmigración ilegal. En esta localidad, cercana al Estrecho, se han dado 254 casos de altas de empadronamientos fraudulentas, y a ella llegan continuamente pateras. Pero además, como ha explicado Pilar Fenoy, hay también asentamientos chabolistas, donde los inmigrantes viven en condiciones «infrahumanas». Las medidas propuestas por Vox son la realización de un censo sobre los asentamientos informales y un gestor municipal del padrón, la creación de un protocolo para desalojar esos asentamientos chabolistas y dotar a la ciudad de más efectivos de policía local.

Los representantes de Vox, si bien han señalado que estas medidas han sido consensuadas con su socio de gobierno, el PP, han subrayado que hasta su llegada a los ayuntamientos no se había puesto el acento en este problema y en lo que deriva de él. Fúster ha denunciado que la inmigración ilegal e incompatible es «el mayor riesgo para la seguridad y la convivencia» en España y perjudica tanto a los españoles como a los inmigrantes que residen legalmente en nuestro país.