El presidente del TC bloquea la suspensión de las sentencias de los ERE para evitar que participe el nuevo magistrado

La determinación ofrecida la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional en el camino hacia el borrado penal de las condenas de prisión por malversación. e inhabilitación por prevaricación, en el caso de los ERE de Andalucía, ha sorprendido a propios y extraños. Hasta tal punto había un «innegable interés» por liquidar cuanto antes el asunto, avocado a Pleno por el propio presidente del órgano, que Cándido Conde-Pumpido ha impedido que se suspendiese la deliberación de las ponencias presentadas por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, hasta la llegada del nuevo magistrado pactado por PP y PSOE, José María Macías, como solicitaron ayer dos de los magistrados de la Corte.

Según ha podido saber El Debate, el presidente del TC descartaba, este martes, dicha posiilidad pese a que «la especial trascendencia de la materia» en discusión llevaba a los magistrados Concepción Espejel y Ricardo Enríquez a pedir por escrito que el Pleno aplazase, a una segunda convocatoria, la votación sobre las sentencias absolutorias del fraude de las ayudas andaluzas que allanan el camino hacia la impunidad del ex presidente autonómico socialista José Antonio Griñán.

Y es que, algo más de una semana de plazo desde que la ponente circuló sus fallos, entre el resto de miembros del órgano antes de decidir sobe un asunto de la repercusión y connotaciones que tendrá el borrado penal de la corrupción socialista andaluza, durante más de una década, no parece tiempo suficiente para estudiarse todas las aristas del caso. O, al menos, no se lo ha parecido a todos los magistrados llamados a pronunciarse que, sin embargo, han recibido una respuesta negativa a su pretensión.

En el seno del TC, y más allá de la división aritmética habitual entre los bloques izquierdista y profesional que, en los temas más polémicos e ideológicos no ha abandonado el balance 7-4, el malestar es evidente desde el sector crítico. Tal es así que, como adelantó este diario, Conde-Pumpido decidía silenciar el sentido de los argumentos alegados por dicho bloque tanto en las notas de prensa relacionadas con los recursos de los ERE, como en las futuras resoluciones que no sean tomadas de manera unánime.

Un escenario que, a todas luces, se presenta casi como un imposible pese a que la llegada al Tribunal del magistrado Macías equilibrará, algo más, el sentido final de los pronunciamientos.

Cada vez son más las voces que denuncian la deriva del Constitucional como un Tribunal ya no de casación de las decisiones del Supremo, sino de apelación sobre las mismas ya que –con la excusa de resolver la macrocausa de la prevaricación y la malversación andaluzas– no sólo se ha permitido enmedar las sentencias previas, entrando a valorar nuevamente la prueba disponible, sino que se está «excediendo» de sus funciones constitucionales para ello.

El sector del Constitucional más afín al Gobierno de Pedro Sánchez no ha dudado, tampoco, en entrar en la interpretación de las normas penales aplicables a los ex políticos socialistas condenados por desviar fondos de los parados andaluces para financiar empresas 'amigas' en crisis sino que, además, está avalando los recursos planteados por estos reconstruyendo, a discreción, los argumentos utilizados por los abogados de las defensas en sus escritos. Algo que, según denuncian algunos juristas, es de una «gravedad democrática extrema».