El Ministerio del Interior abandona al juez más odiado por Puigdemont y le deja sin escolta y protección

El Gobierno ha salido en tromba a defender a sus vocales en el Tribunal Constitucional, convertido en una cuarta instancia para enmendar al Tribunal Supremo, aunque no tenga competencias para ello. Y también ha suscrito, a través del propio Pedro Sánchez, la teoría del «lawfare» del independentismo catalán: una conspiración de togas para encarcelar a Puigdemont y a sus socios y, de paso, derribar al Gobierno.

Lo que no ha hecho nadie es salir en defensa del juez Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y responsable de la «trama rusa» del llamado procés: las conexiones entre el separatismo y Moscú para conseguir presuntamente el apoyo de Putin a la soñada República catalana.

A este magistrado, estigmatizado por los medios de comunicación más partidarios de la amnistía y querellado por Puigdemont, nadie le defiende. Aún más, pese a sufrir reiterados ataques, como otros jueces ajenos a los intereses políticos del PSOE o Junts, nadie se quiere hacer cargo de su protección, tal y como demuestra un documento, en propiedad de El Debate, en el que el Ministerio del Interior ignora al magistrado y le pasa la pelota a los Mossos d’Esquadra, a sabiendas de que el afectado rechaza una protección que, por otro lado, no parecen haberle ofrecido tampoco. escolta.

Así figura en un escrito, con número de serie 091-091099, firmado por el Director General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, en el que literalmente se desentiende de la seguridad del magistrado señalado a sabiendas de que la Generalitat no le había montado un dispositivo de seguridad.

El juez recibió incluso paquetes bomba falsos y pidió al Poder Judicial protección de Interior, pero Marlaska se ha desentendido

Pese a eso, el departamento de Marlaska ignora el riesgo para el juez señalado con un argumento de lo más frío y peregrino: «Teniendo en cuenta la distribución de competencias en este ámbito, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, se dio comunicación al Cuerpo de los Mossos d' Esquadra para el establecimiento de las medidas de seguridad y protección que se consideren oportunas al juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona».

El escrito, fechado a 31 de mayo, se firma con ese desapego a pesar de que a Interior ya le constaba la desprotección del juez y su deseo de que la protección no dependiera de un Cuerpo de Seguridad dependiente de partidos a los que él estaba investigando, sino del propio Ministerio del Interior, tal y como su juzgado le hizo saber al Consejo General del Poder Judicial.

Pese al ruego, el Ministerio de Marlaska se ha negado a ofrecerle escolta y traspasa nuevamente esa responsabilidad a los Mossos, con la certeza de que el investigador de casos como «Voloh» o «Negreira» es considerado por el separatismo catalán una bestia negra, similar a otros jueces señalados públicamente como Marchena, Llarena o García Castellón, todos ellos en la diana del nacionalismo.

Aguirre ha sido objeto de reiterados ataques y acciones judiciales por todo el universo separatista, con sonoros capítulos de señalamiento desde la cúpula del movimiento. José Luis Alay, mano derecha de Puigdemont, director de su oficina y uno de los cerebros del «procés», lo recusó ya a principios de 2024 por su decisión de investigar hasta qué punto el Kremlin y los enviados del expresidente catalán huido a Waterloo habían concertado acciones para desestabilizar a España, en el caso de Moscú, y lograr la independencia, en el del prófugo.

Y el propio líder de Junts acaba de movilizar a su abogado, Gonzalo Boye, condenado en el pasado por colaborar con ETA en el secuestro del empresario Emiliano Revilla y señalado por el Tribunal Supremo por ayudar al narcotraficante Sito Miñanco a blanquear dinero, para intentar apretarle las clavijas a un juez que se enfrenta solo al peligro.

Los escoltas de otros

La capacidad de conceder escoltas, bien de manera permanente las 24 horas del día o de forma ocasional para las labores estrictamente profesionales, está regulada por norma, en los primeros casos, pero puede decidirse desde Interior si se estiman elevados los riesgos, en todos los demás.

Así se hizo en el pasado, por ejemplo, con la instructora del «caso ERE» en Andalucía, la juez Ayala, que durante años necesitó de un cordón de seguridad al estimarse que su integridad física podía correr peligro por la magnitud del escándalo de corrupción que hoy, paradójicamente, ha empezado a borrar el Tribunal Constitucional.

La pareja formada por Pablo Iglesias e Irene Montero también disfrutó de un dispositivo de seguridad e incluso de un cordón de la Guardia Civil para custodiar su chalet en Galapagar, pese a que ahora la Justicia no ha considerado punibles las protestas que se organizaban en las inmediaciones de su domicilio.

Incluso existen indicios de que Begoña Gómez, que no ocupa puesto oficial alguno, podría tener a su servicio recursos públicos en materia de transporte y seguridad, como se desprende de la negativa por escrito de la propia Presidencia, desvelada por El Debate, a aclarar ese punto.

El juez Aguirre tiene menos suerte que todos ellos. Quizá por resistirse a que una amnistía borre todo, incluso delitos de traición cometidos, tal vez, en compañía del mayor enemigo que ha tenido Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.