El fiscal que tumbó el nombramiento de Delgado pide acceder al informe con el que García Ortiz quiere salvarla

El pasado 7 de mayo, el Supremo deshacía el segundo nombramiento del fiscal general del Estado a favor de su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. En el fallo –adoptado por la mayoría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal y redactado por los magistrados Pablo Lucas y Antonio Fonseca Herrero– se daba respuesta al triple recurso contra la polémica designación, planteado por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal Luis Ibáñez, rival de Delgado en la solicitud de la plaza.

Este último ha pedido, ahora, en un escrito remitido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que le facilite acceso al informe confeccionado por la inspectora de la Institución, María Antonia Martín Gaite, con el que se trata de salvar la situación de Delgado, de cara a la celebración del próximo Consejo Fiscal (CF) extraordinario que, como adelantó El Debate en exclusiva, se ha convocado para el próximo día 23 de este mes.

No en vano, las tres sentencias dictadas por el Alto Tribunal (TS) ordenaron repetir el Pleno de junio de 2023, para que el órgano pueda valorar si, como apuntó una mayoría de siete vocales electos, seis de la AF y el único de la APIF, existe un «conflicto de intereses» entre las funciones asignadas al puesto de la fiscal de Memoria con los negocios de su pareja el ex juez y abogado Baltasar Garzón.

Cabe recordar cómo entonces el fiscal general rechazó, de plano, la posibilidad de que se votase la cuestión, hurtando a los consejeros su competencia para examinar este extremo que, en dos semanas, sí tendrán la opción de revisar.

Así las cosas, según ha podido saber este diario, el fiscal Luis Ibáñez ha pedido que se le haga partícipe de la inédita petición, en forma de requerimiento «improrrogable», remitida el pasado día 13 de junio por la Inspección de la Fiscalía General del Estado a las dos asociaciones profesionales de la Carrera que, como él, impugnaron la elección de Delgado, para pronunciarse sobre el asunto, antes del cónclave.

La Fiscalía General trabaja contrarreloj

Y es que, a diferencia de la AF y la APIF, Luis Ibáñez no habría sido destinatario del «inesperado» movimiento de la número tres del escalafón para que los recurrentes del nombramiento ante el TS la informasen, en un perentorio y discrecional plazo máximo de cinco días, sobre los posibles argumentos a favor de la causa de prohibición del artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Una exclusión que, de confirmarse, impediría a Dolores Delgado ya no sólo seguir en el puesto que todavía ocupa, y en el que debería ser cesada antes de final de mes por decreto del Consejo de Ministros, sino volver a presentar su candidatura para la plaza de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a la que también opta el veterano fiscal.

Consciente de que en la cúpula de la Fiscalía trabajan contrarreloj para terminar, cuanto antes, el expediente que se ha incoado para desmontar la causa de prohibición que convenció a la Sala Tercera del Supremo –antes del Consejo Fiscal monográfico, en el que se tomará una posición definitiva sobre el futuro profesional de Delgado–, Ibáñez quiere ser escuchado.

Lo que decida la mayoría del Pleno, en uno u otro sentido, el próximo día 23 de julio, será de obligado cumplimiento para García Ortiz ya que, en este supuesto, el órgano actuará con funciones ejecutivas y no, meramente, consultivas.