Más de 30 entidades jurídicas y sociales reaccionan al Plan de Acción por la Democracia de Sánchez

Un manifiesto que se hace público como contrarespuesta a la presentación, por parte del presidente del Gobierno, del Plan de Acción por la Democracia, hoy, en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Treinta organizaciones firmantes, comprometidas con la calidad del Estado de Derecho en nuestro país. Y una crítica abierta a la falta de participación ciudadana en la confección del programa con el que Pedro Sánchez aspira, en la práctica, a intervenir la Justicia, modificar una vez más el ordenamiento penal por la puerta de atrás y controlar la actividad de los medios de comunicación. En especial, aquellos críticos con el Ejecutivo socialista, sus socios de legislatura y responsables de las informaciones que han puesto sobre la mesa la presunta corrupción de su mujer, Begoña Gómez, su hermano y varios miembros del PSOE en casos como el de 'Koldo' o 'Tito Berni'.

Las organizaciones firmantes del manifiesto, «que nace del convencimiento de que la regeneración democrática sólo es posible si se elabora de manera democrática», reclaman que se tomen «medidas urgentes y prioritarias en el Plan de Acción por la Democracia». Dichas entidades expresan, además, su «profunda preocupación por la falta de consulta a la sociedad civil y a organizaciones especializadas durante la elaboración» del proyecto integral y denuyncian que «la participación activa de estos actores es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las reformas propuestas».

«El presidente del Gobierno, reconociendo la creciente desconfianza hacia las instituciones, calificó hace unas semanas de imperativa la renovación de las estructuras democráticas a través de un plan integral de regeneración democrática que se presentará hoy 17 de julio en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, las entidades firmantes recogen en el manifiesto áreas en las que el Gobierno debería implementar de manera prioritaria y urgente», reza la nota suscrita por Hay Derecho, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), la Asociación de la Prensa de Madrid, la Cámara Cívica o el Consejo de la Juventud de España.

Todas ellas, medidas resultantes de las recomendaciones formuladas durante los últimos años por parte de organismos europeos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España, y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) los cuales «han señalado reiteradamente áreas críticas donde nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública».

No en vano, entre las principales medidas que propone el manifiesto se encuentran la de «reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconociendo el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regulando la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas». Asimismo, proponen otras imprescindibles «para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando el abuso del decreto-ley y la promulgación de normas que generen incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes».

En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23, «el manifiesto propone la activación de mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas o la reforma del derecho constitucional de petición ante las diferentes administraciones para convertirlo en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la ciudadanía».

Así las cosas, las entidades señalan cómo «dado que la integridad y la rendición de cuentas son fundamentales para el buen funcionamiento de la democracia», es necesario que cualquier Plan vaya asociado a «la adopción de un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés, como la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés».

En cuanto a la separación de poderes, piedra angular del sistema democrático, las organizaciones firmantes «insisten en la importancia de que cada institución actúe respetando el resto de poderes y autoridades». De hecho, para fortalecer la independencia del poder judicial proponen «la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores reforzando criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial».

Finalmente, el manifiesto llama a implementar acciones para «preservar la salud informativa de la ciudadanía, combatiendo la desinformación mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios». Un apartado en el que se incluye la «promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios de comunicación, y la implementación de una buena gobernanza, y rendición de cuentas en los medios de titularidad pública. Así como garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación».

En un contexto «donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental» las más de treinta asociaciones impulsoras del comunicado instan a las instituciones democráticas «a mejorar la democracia con la participación de todos y reafirman su compromiso de colaborar activamente con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas».