La Red europea de Consejos sitúa a España al nivel de Hungría por su falta de independencia judicial

La Red europea de Consejos de Justicia, que se reúne estos días en Roma, del 12 al 14 de junio, ha vuelto a poner el foco en la necesidad de que los países miembros de la Unión, no caigan en la complacencia sobre el respeto de la independencia judicial porque hay países en los que eso, sencillamente, se ha demostrado que no es cierto y se ha identificado específicamente a Turquía, como uno de ellos.

En la segunda de las sesiones de trabajo que se han llevado a cabo entre los representabtes/enlaces enviados por los diferentes Consejos del Poder Judicial –los órganos equivalentes al CGPJ en nuestro país– no ha dejado de señalarse la grave situación de Polonia, con las expectativas puestas en que dicho estado supere pronto dicha anomalía. Un cambio de estatus que, sin embargo, no se tendrá por cierto hasta que se produzcan reformas concretas que reviertan la situación.

España ha tenido el dudoso honor de quedar incluida, junto con Hungría y Eslovaquia, en la terna de los países donde la independencia judicial se pone en riesgo por la acción del Parlamento. Ha sido la presidenta de la Asociación Europea de Jueces (ENJC), Dalia Vasariene, quien ha señalado los problemas estructurales que acarreamos en tema de separación de poderes y calidad de nuestro Estado democrático de Derecho. Una asignatura pendiente que es objeto de recomendación en el informe anueal de Grupos de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

De hecho, en nuestro caso concreto, el Consejo Ejecutivo de la ENCJ, por sus siglas en inglés, ya instó el pasado mes de abril a que los dos principales partidos, PSOE y PP, llegasen un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la intención de restablecer su pleno funcionamiento operativo, desbloqueando los nombramientos de los jueces y fiscales cuyas vacantes en la cúpula de la Magistratura ascienden a cerca de 80, en total.

Además, la ENCJ recomendó, en paralelo, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para armonizarla con los estándares europeos y con el objetivo de que los más de 5.500 jueces y magistrados españoles puedan elegir en entre sus pares, como reclaman las principales asociaciones de la Magistratura desde hace años, por voto secreto y directo, a sus doce representantes en el Pleno del máximo órgano de gobierno de la Carrera. Sin injerencias políticas, ni intercambio de cromos.

El análisis planteado en la cumbre de la Red Europea de Consejos de Justicia llega en plena ofensiva del Gobierno socialista de Pedro Sánchez al Poder Judicial, y tras su anuncio sobre una inminente reforma de la legalidad vigente para retirar, de manera definitiva y permanente, la función de los nombramientos discrecionales que la Constitución confiere al Consejo.